El fiscal criticó duramente las declaraciones de Eugenio Zaffaroni en la 99.9 y lamentó que los distintos sectores judiciales no se hayan expresado contundentemente: “ Tendríamos que alzar las voces de alerta, no se debe disentir, sino aborrecer la idea”.
La propuesta de Eugenio Zaffaroni que busca revisar las sentencias de los que denominó como “presos políticos” a través de una ley, ha generado el rechazo de algunos sectores en particular de la justicia, pero no de todos. El fiscal Marcelo Romero, integrante de Usina de Justicia, dijo en la 99.9 que “lo que propone Zaffaroni es destruir la república”.
Luego abundó que “si una ley revisa la sentencia de un juez, no seremos más una república. Que lo diga como autoconvencido de que es un gurú del derecho penal argentino y además, no es un juez jubilado, está activo en el tribunal interamericano de derecho penal. Causa sorpresa que siga siendo el asesor principal de Cristina Fernández y con militancia política abierta y descarada”.
Si bien destacó que antes ha dicho cosas de este nivel, agregó que “es el disparate más grave de todos los que ha dicho. No soy un defensor acérrimo del poder judicial, hay mucho por críticar y habrá sentencias para revisar pero por los mecanismos de la Constitución que incluyen el propio tribunal interamericano que él integra, no se necesita ninguna ley. Es un disparate lo que dijo”.
La ideología que está en juego alrededor del candidato a presidente Alberto Fernández va por ese camino: “es abogado y profesor de derecho penal. El absurdo parece ser la bandera. Me hubiera gustado una reacción más severa de los académicos, las universidades y el propio poder judicial. La corte se expidió tardíamente la semana pasada. Tendríamos que alzar las voces de alerta, no se debe disentir, sino aborrecer la idea”, remarcó Romero.
Por último incluso indicó que los términos empleados no son los correctos: “se repite mucho el término “preso político” y es una falta de respeto a los verdaderos presos políticos que existieron. Personas que estaban detenidas sin juicio, sin proceso, sin acusación fiscal y un juez que controle las garantías constitucionales. Es una afrenta histórica a quienes no tuvieron esos derechos porque hay graves sospechas de corrupción y eso justifica la prisión preventiva”.