El abogado y exfiscal cuestionó la permanencia de los celulares en las cárceles bonaerenses y advirtió sobre el uso de Internet y nuevas tecnologías para cometer delitos. Además, revisó su propia mirada sobre el sistema penal y sostuvo que detrás de determinadas posiciones ya no ve solamente cuestiones ideológicas, sino también intereses políticos y económicos.
El abogado y exfiscal Marcelo Romero se refirió al caso de internos de distintas cárceles que habrían planificado una venganza contra una fiscal y consideró que se trata de un hecho sin antecedentes similares. “No tiene antecedentes”, afirmó, aunque advirtió que el episodio expone un problema que viene de años anteriores: la posibilidad de que los detenidos tengan celulares dentro de las unidades penitenciarias.
Romero recordó que la autorización para utilizar teléfonos celulares durante la pandemia había sido adoptada como una solución frente a la imposibilidad de recibir visitas. “Se entendía que si los detenidos, los internos, no tienen visita, el caldo de cultivo en las unidades es otra presión. Entonces un preso sin visita es un preso con problemas y que genera nuevos problemas”, explicó.
Sin embargo, cuestionó que esa situación se haya mantenido una vez finalizadas las restricciones sanitarias. “El encierro terminó, afortunadamente”, señaló, y advirtió que actualmente los internos no solamente tienen teléfonos para comunicarse con sus familiares, sino también acceso a Internet y a herramientas de inteligencia artificial. “Hubo una serie de delitos asistidos cibernéticamente, que es de todos los días”, sostuvo.
El exfiscal planteó que la utilización de celulares desde las cárceles ya se traduce en modalidades delictivas que alcanzan directamente a la población. “¿Cuántas veces nos ha pasado a todos? Hemos recibido llamadas de unidades carcelarias pidiéndonos dinero y haciéndonos pasar por contacto de WhatsApp”, ejemplificó.
Para Romero, el problema también está relacionado con la respuesta del Estado frente al delito. “Lo que más me preocupa es la reacción del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Ministerio Público”, afirmó. Según explicó, quienes delinquen observan permanentemente cómo reaccionan las autoridades para determinar hasta dónde pueden avanzar.
“El preso está permanentemente monitoreando a ver cómo actúa el Ejecutivo, cómo actúan los jueces, cómo actúan los fiscales y hasta dónde pueden llegar. Ellos no dan pasos sin mirar esto”, sostuvo Romero.
En ese contexto, cuestionó la postura del gobierno bonaerense frente a la problemática delictiva y reclamó una posición más explícita. “Yo no veo, por ejemplo, el gobernador Kicillof, que quiere ser presidente de la República, una postura explícita, contundente en contra del delito o en contra del criminal”, afirmó.
Romero consideró que el primer paso para enfrentar el problema es reconocer su existencia. “El primer paso es decir: tenemos un problema delictivo grave. ¿Hay aumento de los delitos? Sí, hay aumento. ¿Hay incremento en la violencia? Sí. ¿Hay una mayor integración de la tecnología en la criminalidad? Sí”, enumeró.
Al mismo tiempo, destacó las diferencias entre las decisiones adoptadas en las cárceles federales y la situación bonaerense. Recordó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad se resolvió prohibir los celulares en las cárceles federales y que esa medida fue posteriormente ratificada por la Justicia ante un reclamo judicial.
“En las cárceles federales están prohibidos los celulares”, remarcó, y consideró que una decisión de ese tipo debe estar debidamente fundamentada y no responder simplemente a una determinación arbitraria.
Romero también rechazó que una política firme contra el delito implique desconocer las garantías constitucionales. “Para estar al frente de esas dependencias tan importantes, lo primero que hay que hacer es decir: estoy de la vereda de enfrente de los delincuentes, abiertamente. Lo que no significa violar garantías constitucionales, no respetar la defensa, no respetar el debido proceso”, aclaró.
En otro tramo de la entrevista, el exfiscal modificó su propia interpretación sobre las causas que explican determinadas posiciones dentro del sistema penal. “Yo no creo, como usted, que esto sea ideológico. Acá hay intereses económicos y políticos”, afirmó. Y agregó: “Cuando éramos más jóvenes a lo mejor creíamos ‘son zurdos, son progre, son abolicionistas’. No. Son negocios”.
Romero sostuvo que, a partir de su experiencia, comenzó a revisar algunas de las ideas que había tenido durante su carrera. “Yo ya estoy retirado de la función pública, no voy a volver a ella, y estoy revisando mucho de las ideas que tenía cuando era más jovencito”, reconoció.
En ese sentido, apuntó particularmente al sistema judicial y a los mecanismos de designación de magistrados. Cuestionó que los dirigentes políticos se quejen de determinadas conductas de jueces y fiscales cuando, a su entender, tienen un papel central en los procesos mediante los cuales son designados.
“Es muy ingenuo pensar lo contrario. Yo fui muy ingenuo”, admitió Romero. “Creí que todo era ideología y nuestra ideología. Todo es algún negocio y no siempre es dinero, porque a veces el negocio es acceder al poder, mantenerse en el poder por figuración, no siempre es dinero”, sostuvo.
Finalmente, resumió su mirada sobre el fenómeno con una expresión contundente: “No es solamente que a alguien se le ocurra decir ‘esta es la ideología imperante, los delincuentes son las víctimas del sistema capitalista’. Eso es la cáscara. Adentro hay todo lo que estamos hablando”.