La arquitecta fue cesanteada de un cargo que ocupó durante 15 años sin motivos expuestos aún y después de un largo proceso de 3 años. En la 99.9 relató lo que le tocó padecer.
La arquitecta María Silvia Luenzo está atravesando una increíble situación que tiene distintos capítulos y comenzó hace tres años. Ella misma, en primera persona, contó en la 99.9 porque la están cesanteando de un cargo en la Dirección General de Cultura y Educación que ocupó durante 15 años.
“Empezó todo en 2018 en el marco de intervención del Concejo Escolar. Fui separada de la función sumariada y suspendida en varias ocasiones porque eran de 60 días. Todas las apelé sin respuesta alguna, hubo pocas garantías a mi favor porque no tenía acceso a la información. Fue un proceso muy largo que quedó paralizado con el cambio de gestión. Ese proceso se reactivó en los últimos meses sin que yo lo conociera y me encuentro con la novedad de que está la firma de la Directora General la disposición de mi cesantía por lo que se califican como faltas graves y reiteradas que no están ponderadas y probadas”, sintetizó.
Las irregularidades fueron notorias y hoy se encuentra en una situación difícil que la afecta profesional y personalmente pero de la que tampoco sabe como salir: “todo mi aporte de prueba no fue analizado aunque sea para rechazarlo por lo que me encuentro intranquila en estado de desesperación e indefensión. Más allá de mi sustento laboral es mi carrera y mi buen nombre; tengo una vida para exponer y defender”.
Incluso la justicia tomó decisiones a su favor, pero explicó Luenzo que hay dos expedientes paralelos de distintas características: “en el primer tramo de las suspensiones puse un abogado y presenté un recurso de amparo. Hay dos fallos de jueces en lo contencioso administrativo a mi favor y un fallo de cámara. La justicia me acompañó pero hay un tránsito administrativo y otro judicial. Llevar esta situación a un trámite judicial es algo que no deseo pasar”.
Todavía hoy, a tres años, no puede entender como sucedió todo ni cuál es el motivo por el cuál buscan sacarla de su cargo: “al inicio había una mirada descalificadora de la labor de los delegados e inspectores de la Dirección de Infraestructura. Cuando se lee finito el expediente y ves como se describen las faltas graves, hay desconocimiento de como se trabaja en el territorio con nuestros propios recursos y bajo presión. Se indica como una grave falta lo que es la tarea cotidiana de defender la educación pública. Se me acusa de tres cuestiones menores sobre obras que están hechas y funcionando perfectamente. No puedo descubrir que intereses están detrás de esto”, finalizó.