El gobierno de Abdelfatá al Sisi da hasta finales de octubre para que cientos de miles de hogares soliciten la regularización. Las construcciones irregulares representan el 50% del país urbanizado.
Cuando Muhamed compró en 2017 un solar en un barrio de clase trabajadora en el este de la ciudad de Suez, en el norte de Egipto, poco se esperaba el calvario en el que estaba a punto de adentrarse. Apenas unos meses después de adquirirlo, unos funcionarios le comunicaron que la parcela que le habían vendido era en realidad propiedad del Estado, y que la única vía de legalizar su situación sería construyendo una casa, lo que se apresuró en hacer. Ahora, el joven se ve obligado a pagar 48.400 libras (2.600 euros) –una enorme suma para la mayoría de egipcios– por haber levantado su vivienda sin permisos y poder regularizar su hogar si no quiere arriesgarse a que las autoridades demuelan su edificio.
“Después de la revolución esto era el caos”, señala Muhamed a EL PAÍS. “Ahora, el Gobierno nos pide mucho dinero y no lo podemos pagar”, se lamenta. “No sé cómo voy a hacerlo”. Como Muhamed, centenares de miles de egipcios se encuentran entre la espada y la pared por una campaña lanzada este año por las autoridades egipcias que busca controlar el extendido fenómeno de las construcciones informales en el país, en una ofensiva titánica que ha generado un profundo malestar sobre todo entre sus castigadas clases populares.
El fracaso de la política de vivienda del Gobierno, en especial a partir de los años sesenta, su pasividad a la hora de controlar el sector de la construcción, y la corrupción de parte del funcionariado local ha provocado que las viviendas informales representen hoy no una excepción sino la normalidad para la mayoría de egipcios. El primer ministro del país, Mostafa Madbouly, ha asegurado que los edificios no planificados constituyen en torno al 50% de las zonas urbanizadas de Egipto. Una situación crítica para un país (104 millones de habitantes) concentrado en menos del 5% de su territorio.
El primer paso para intentar contener esta práctica se dio en abril de 2019 cuando el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ratificó una ley que sentó las enrevesadas bases para que los propietarios de viviendas que habían cometido infracciones antes de aprobarse la norma pudieran regularizar su situación. Luego, el pasado mayo, el Gobierno congeló cualquier obra en El Cairo (20 millones de habitantes), Alejandría (cinco millones) y las capitales de provincia durante seis meses para evaluar la situación y unificar permisos de obra. Y un mes después, el Ejecutivo fijó la fecha límite para solicitar la reconciliación a finales de octubre.
“La ley será positiva para la gente y para el Gobierno, es una situación de win-win [todos ganan]”, afirma a EL PAÍS Marwa Soliman, directora del departamento de financiación local e internacional en el Fondo de Desarrollo de Asentamientos Informales, la agencia estatal que se sitúa al frente de los esfuerzos para acabar con estas áreas. “La gente necesita un documento para sus casas y legalizar su situación, y para el Gobierno el dinero que se recolecte puede ser usado para invertir en infraestructura y servicios públicos”. El portavoz del Ministerio de Desarrollo Local no ha atendido a las llamadas de este diario.
Pese a la urgencia del Gobierno, el número de solicitudes ha sido marcadamente bajo, y a finales de agosto Al Sisi reconoció que no habían superado ni el 10% de lo esperado. Para acelerar el proceso, el ejecutivo ha simplificado las condiciones para regularizar las viviendas, los gobernadores provinciales han reducido las tarifas, y se ha ampliado el plazo para hacerlo hasta finales de octubre, por ahora. Pero, en paralelo, se han acelerado las demoliciones de hogares en una campaña bien publicitada en los medios locales: la policía ha arrestado a más de 200 personas por cometer este tipo de infracción, según un comunicado del Ministerio del Interior, y las autoridades han reiterado que van a referir estas violaciones a la fiscalía militar. Al Sisi, que ha comparado el fenómeno con el terrorismo, prometió en mayo que si hay “10.000 infracciones habrá 10.000 personas detenidas”, y ha amenazado con desplegar al Ejército para demoler viviendas informales.
“Si el Gobierno no cambia su curso para finales de octubre, el desalojo forzoso y la demolición de centenares de miles de viviendas por todo el país podría resultar en una de las peores crisis de derechos humanos experimentadas en Egipto”, alerta a EL PAÍS Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada entre 2014 y abril de 2020. La campaña en curso ya ha tensado la situación en muchos barrios de clase trabajadora y entornos rurales, donde la práctica es muy común, y se la considera una de las principales causas detrás de las limitadas protestas ocurridas en Egipto en las últimas semanas. En esta línea, la ofensiva llega tras años de agresiva austeridad en el país, que ha golpeado severamente a las clases bajas y medias, y en plena pandemia.
“Cuando visité Egipto en 2018 como relatora especial de la ONU recomendé al Gobierno que adoptara un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el gran número de personas en viviendas informales”, recuerda Farha, “pero no lo han hecho”. “En cambio, han adoptado un enfoque de intimidación y fuerza, causando daños, trauma y rabia a mucha gente que ahora se enfrenta a la demolición de sus casas y a la amenaza real de ser dejados sin hogar durante una pandemia solo porque no pueden pagar una multa”, achaca.
“Aquí, la mayoría [de vecinos] son pobres”, desliza Muhamed desde Suez, “y el coronavirus ha afectado mucho”. “Al Gobierno no le importan lo suficiente los ciudadanos”, se queja.