Lo revelaron medios franceses, pero sería una práctica extendida a otros países. La empresa alemana se disculpó y contratará a abogados para que investiguen el proyecto.
Monsanto espió en 2016 a más de 200 políticos, científicos, periodistas y líderes agrícolas en función de sus posiciones respecto a los organismos genéticamente modificados (OGM). El viernes, un fiscal de París abrió una investigación preliminar sobre el tema, reportado por Le Monde -uno de cuyos periodistas aparecía en el listado- y el canal France2. La denuncia apunta al responsable de “la recolección de datos personales por medio fraudulento, desleal e ilícito”.
La empresa alemana Bayer anunció que contratará un bufete de abogados externo para que investigue el proyecto de Monsanto que según medios franceses se creó para reprimir críticas y presionar a fin de conseguir la aprobación de pesticidas, incluido el controvertido herbicida Roundup.
Los archivos incursionan no sólo en las posiciones de los centenares de investigados respecto a los pesticidas, de Monsanto y de los OGM, sino también abarcan informes sobre sus pasatiempos, capacidad de ser influenciados y direcciones y teléfonos personales, según una investigación de prensa.
France 2 afirma que recibió ficheros informáticos “confidenciales” con la firma de agencias de comunicación que trabajan para el grupo Monsanto.
En un primer documento que data de 2016, una cartografía con el logo de Monsanto y del gigante francés de la publicidad Publicis clasifica a los principales actores del debate sobre los pesticidas en Francia en función de su grado de influencia.
Una segunda agencia de comunicación, Fleishman Hillard “habría por su parte utilizado en 2016 otro archivo”, que reúne en particular las direcciones privadas o los números de teléfono no publicados de 200 personalidades.
Estos últimos fueron “evaluados sobre varias temáticas, desde OGM a pesticidas con notas de 0 a 5 en función de la credibilidad, influencia y el grado de apoyo a Monsanto”, afirma el reportaje.
En otro documento, una tabla apunta a 74 “objetivos prioritarios” divididos en cuatro grupos: los “aliados”, los “potenciales aliados para reclutar”, las personalidades “a educar” y aquellas “a vigilar”.
Le Monde, Le Parisien y Radio France, tres grandes medios franceses cuyos periodistas figurarían en dichas listas, anunciaron que acudirán ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), la agencia francesa de protección de datos. No descartaron presentar también una denuncia ante la justicia.
Por su parte, en un breve comunicado enviado a la AFP, Fleishman Hillard aseguró que “respeta las leyes en vigor” y “los máximos estándares éticos de conducta”. “Asumimos muy seriamente esta responsabilidad y examinamos cuidadosamente las cuestiones tratadas por algunos medios de comunicación sobre las listas de personas implicadas que incluían informaciones disponibles públicamente”, agregó la agencia de comunicación.
“Es un hallazgo muy importante porque esto prueba que hay estrategias objetivas de demolición de voces fuertes”, comentó la ex ministra de Medio Ambiente Ségolène Royal, entonces clasificada como persona “a vigilar”, por su inclinación a prohibir el glifosato.
Es “muy probable” que Monsanto haya tenido un comportamiento similar en otros países europeos, comentó Matthias Berninger, director de asuntos públicos y sustentabilidad de Bayer, el lunes en una videollamada con reporteros.
Si bien Bayer no tiene indicios de que Monsanto haya infringido las leyes al compilar información sobre personas que consideraron de apoyo o críticas para sus operaciones, eso no significa que su comportamiento se ajuste a los principios éticos u otras regulaciones, afirmó la compañía. Esta práctica “no es la forma en que Bayer busca el diálogo con la sociedad y los accionistas”, añadió el domingo en un comunicado. “Nos disculpamos por este comportamiento”.
Bayer recurrirá a abogados externos porque no quiere tener acceso a la información que Monsanto recabó, explicó Berninger. Está en conversaciones con posibles firmas en EEUU y anunciará su elección en los próximos días. La empresa se encargará, entre otras cosas, de averiguar si la información se recopiló de manera “inapropiada o incluso ilegal”, detalló Berninger.
El programa parece encajar con un patrón de comportamiento pasado de Monsanto que Berninger comparó con un jugador de fútbol que apunta al cuerpo de un oponente y no a la pelota. “Eso es absolutamente inaceptable y bajo mi liderazgo no será tolerado”, aseguró.
El contrato entre Monsanto y la agencia de comunicaciones Fleishman Hillard, que estableció esas listas con la posición de los afectados sobre cuestiones como los organismos genéticamente modificados, “se extendía a toda Europa”, señaló el ejecutivo.
En un comunicado conjunto en el que anunciaron su decisión de presentar una denuncia por el caso, el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) y el Centro Nacional de Investigacion Científica (CNRS) franceses dijeron que la elaboración de esas listas “es inaceptable”.
El gigante alemán de agroquímicos y drogas Bayer finalizó la adquisición de la compañía estadounidense Monsanto el año pasado por 63.000 millones de dólares. Pero el acuerdo ha resultado estar plagado de otros costes enormes.
El glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, es clasificado como un “cancerígeno probable” desde 2015 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es comercializado bajo diversas marcas, la más conocida es Roundup de Monsanto.
Apenas dos meses después de que se completó la adquisición, Monsanto perdió un caso ante un cuidador de escuela que padecía un linfoma terminal no de Hodgkin y que había demandado a la compañía por los herbicidas de glifosato Roundup y Ranger Pro. Monsanto recibió la orden inicial de pagar 289 millones de dólares a Johnson, aunque la indemnización se redujo a 78,5 millones.
En marzo, la compañía perdió otro caso ante un jubilado estadounidense que culpa a su cáncer del herbicida y un tribunal le ordenó pagar 80 millones de dólares al demandante.
Bayer anunció el mes pasado que se habían iniciado en Estados Unidos más de 13.000 demandas relacionadas con el herbicida.
El temor a un daño mayor ha borrado cerca de US$39.000 millones del valor de mercado de la compañía y motivó a los accionistas, muchos de los cuales se opusieron desde un comienzo a la adquisición, a cuestionar con dureza el liderazgo de la empresa.