Luego de 3 años, culminó sin culpables, la investigación que llevó a cabo la Fiscalía de Atacama por el derrumbe de la mina San José, donde 33 mineros quedaron atrapados, durante 69 días, a 700 metros de profundidad.
En una entrevista con la radio ADN, Mario Sepúlveda, uno de los mineros rescatados dijo: “Hoy día nos mataron”, en base a la decisión del fiscal Héctor Mella, quien aseguró que “no había convicción para formular una acusación”.
El derrumbe de la mina ocurrió el 5 de agosto de 2010 y tan sólo 17 días después se comprobó que los mineros seguían vivos. Gracias a los boquetes se pudo envíar alimento, ropa y equipos de comunicación a los trabajadores. Finalmente el 13 de octubre, en la cápsula Fénix 2, fueron rescatados uno a uno los 33 mineros en un lapso de 25 horas.
La Fiscalía de Atacama en Copiapó, a 800 kilómetros al norte de Santiago de Chile, abrió una investigación para buscar un culpable por la falta de medidas de seguridad en el yacimiento. Los funcionarios regionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) fueron parte de la investigación.
Catalina Lathrop, abogada defensora de los empresarios, asegura que la decisión del fiscal fue correcta, y de esta manera se puede ver que sus representados no habían cometido ningún delito. “Nosotros siempre hemos sostenido que si bien los 33 fue un lamentable accidente, es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”, señaló Lathrop al periódico La Tercera.
Los mineros se mostraron molestos ante la resolución del fiscal y explicaron que muchos, hoy viven en condiciones económicas precarias y todavía presentan efectos traumáticos producto de los 69 días de encierro. “Siendo patriota, que he ido a poner la cara a más de 30 países, hablando de mi Chile, de que Chile tiene la capacidad de hacer justicia, quiero que en mi país haya justicia. Quiero que a los trabajadores, a los obreros de mi Chile no se les pase a llevar con esta noticia”, dijo Mario Sepúlveda.
Mientras esperan el resultado de una demanda que pide 500.000 dólares para cada uno de los rescatados, algunos de los mineros viven gracias a los 13.000 dólares que recibieron por los derechos de filmación de una película, además de la donación de otros 10.000 dólares que les entregó Leonardo Farkas, un millonario chileno a cada uno de los afectados. Algunos han logrado poner pequeñas empresas, gracias a esos dineros, mientras que otros han tenido que regresar a la minería.
El Consejo de Defensa del Estado, determinó que los dueños de la empresa debían pagar 5 millones de dólares al Estado por los costos del rescate, que incluyeron el trabajo del gobierno, empresas privadas chilenas y extranjeras, y organizaciones internacionales como la NASA.
