El gobierno estadounidense le requirió a la Corte Suprema que le ceda audiencia al país para que argumente en su defensa por una causa secundaria dentro de la batería de juicios que abrieron los fondos buitre. Los “holdouts” exigen información de las cuentas en el Bank of America y el Banco Nación.
La estrategia de los “buitres” busca indagar cuánto dinero posee el Estado en los bancos ubicados en Estados Unidos para, en un paso siguiente, intentar embargarlo.
En septiembre, el juez Thomas Griesa falló a favor de los fondos NML Capital y Elliott Management para que puedan acceder a esa información sensible para el país. En concreto, les otorgó el permiso para revisar todos los movimientos financieros de la Argentina. En caso de que la decisión quede firme y si los bancos desobedecen, estos se exponen a ser sancionados.
El fiscal general, Oscar Verrilli, expuso que el pronunciamiento del tribunal fue demasiado amplio y que viola la ley de inmunidad diplomática de Argentina, de acuerdo a un despacho de la agencia Bloomberg. Este es el mismo argumento que sostiene el país para defenderse.
En el escrito aseguró que, con su decisión, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York “permitió erróneamente el discovery (la producción de pruebas) completo de los activos de un Estado extranjero ubicados fuera de los Estados Unidos”.
El tribunal de la Gran Manzana, a su vez, “incurrió en un error al considerar que el hecho de que el pedido de información fue dirigido a terceros, elimina cualquier preocupación soberana de inmunidad”. En ese sentido, el fiscal General alertó que la resolución “plantea preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos” y que por lo tanto, “el pedido de petición de recurso extraordinario (writ of certiorari)” realizado por el gobierno argentino para rechazar el fallo, “debería ser concedido”.