Se estima que los empresarios rusos cercanos al Kremlin tienen propiedades por valor 1.300 millones de euros principalmente en Londres.
El Parlamento de Westminster prepara una batería de acciones contra los oligarcas pro-Putin con propiedades y activos en suelo británico. Se estima que los empresarios rusos cercanos al Kremlin tienen propiedades por valor 1.300 millones de euros principalmente en Londres, muchas de ellas adquiridas a través de compañías con sede en paraísos fiscales. Según The Guardian, el propio viceprimer ministro ruso Igor Shuvalov tiene dos pisos junto al complejo de Whitehall, cerca del Ministerio de Defensa, adquiridos por 13 millones de euros en el 2014. Alisher Usmanov, magnate del metal y accionista mayor del Arsenal, posee una mansión valorada en 53 millones de euros en Hampstead. Roman Abramovich, el presidente del Chelsea, adquirió en el 2011 por 100 millones de euros su flamante “dacha” en Kensington Palace Gardens, vecino de lujo de los Duques de Cambridge y a tiro de piedra de la embajada rusa en la calle más privativa de Londres. Aunque el auténtico zar inmobiliario de Londes es Andrei Guriev, el rey de los fosfatos, con propiedades valoradas en cerca de 400 millones de euros en Vausxhall y Highgate, incluido el palacete de Witanhurst, la segunda mayor propiedad de Londres después del Palacio de Buckingham. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn, criticado por su postura tibia ante Moscú por el caso del espía Sergei Skripal y su hija Yulia, intoxicados con gas nervioso en Salisbury, ha lanzado curiosamente la ofensiva contra los oligarcas rusos en el Parlamento. “Expulsar a los diplomáticos no es suficiente”, ha advertido la diputada laborista Margaret Hodge. “¿No sería más efectivo evitar que Rusia utilice el Reino Unido como “paraíso” para su riqueza ilegal?”. El Gobierno británico ha dado ya un primer paso con las así llamadas “órdenes de riqueza inexplicada”, que faculta a las autoridades a exigir una justificación para la procedencia de los ingresos de grandes sumas de dinero. Theresa May se dispone a impulsar también una versión británica de la así llamada Ley Magnitsky, en vigor en Estados Unidos en el 2012, que permite el veto de visados y la congelación de activos de oligarcas con antecedentes de corrupción o de abusos de los derechos humanos. El líder liberal-demócrata Vince Cable ha reclamado al Gobierno de May a que ponga fin a la complacencia con los oligarcas (que han contribuido con más de tres millones de euros de donaciones a las arcas del Partido Conservador en la última década) y aumente la presión sobre ellos con las nuevas medidas legales: “Que expliquen cómo han podido adquirir las propiedades o se enfrenten al riesgo de que sean confiscadas”. Se estima que una de cada diez propiedades inmobiliarias en el distrito de Westminster pertenecen a compañías interpuestas con sede en paraísos fiscales. Las propias autoridades británicas reconocen que el “lavado de dinero” en Reino Unido podría ascender a 90.000 millones de libras (100.000 millones de euros) todos los años. O el equivalente al 4% del PIB británico.