El texto prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en casi todos sus supuestos y anima a los particulares a denunciar a quienes lo practiquen.
Oklahoma ha aprobado este jueves la ley del aborto más restrictiva de Estados Unidos. Obedece a demandas presentadas por ciudadanos particulares y prohibirá la interrupción voluntaria del embarazo en casi todos sus supuestos, también los plazos. Una vez firmada por el gobernador, entraría en vigor de inmediato. La iniciativa legislativa de Oklahoma es aún más estricta que la aprobada el año pasado por Texas, y se produce cuando se aguarda la sentencia del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, sobre el caso Roe contra Wade, que en 1973 reconoció el derecho constitucional al aborto en el país.
La nueva ley de Oklahoma, basada en la de Texas pero corregida y aumentada, prohibirá toda interrupción del embarazo desde el momento mismo de la concepción. La de Texas, también conocida como ley del latido, lo permite hasta la sexta semana.
El proyecto de ley aprobado este jueves por amplia mayoría por los legisladores de Oklahoma -76 votos a favor y sólo 16 en contra- deja al personal sanitario y a cualquiera que “ayude o incite” a la práctica de un aborto expuestos a demandas civiles de particulares, como la de Texas, que también establece la legitimidad de la delación. Es de prever que el gobernador, Kevin Stitt, un republicano que prometió hacer de su Estado el más contrario al aborto del país, la firme en breve.
El Congreso de Oklahoma, de mayoría republicana, había venido dando pasos, recortando el derecho al aborto. Cuando aún no se ha apagado el eco de las marchas de mujeres en defensa de la doctrina Roe contra Wade -las últimas, este fin de semana, en 44 ciudades del país-, Oklahoma toma la delantera, al frente de otros Estados liderados por republicanos, y se apresura a aprobar las leyes más duras desde que hace casi 50 años se estableció el derecho constitucional al aborto. El país queda así dividido en dos mitades, que muestran también el foso entre republicanos y demócratas en una coyuntura políticamente delicada, la campaña para las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre.
Si la ley aprobada hoy es firmada por el gobernador Stitt -y nada parece indicar lo contrario-, tendría efectos indirectos en Texas, al eliminar la posibilidad de abortar legalmente en el Estado vecino. El texto, además, prevé castigar incluso a aquellas de fuera del Estado que ayuden a las mujeres de Oklahoma a abortar.
El fallo del Supremo se espera en las próximas semanas, posiblemente en junio. Oklahoma es uno de los 13 Estados que disponen de leyes desencadenantes (o leyes gatillo, como se las conoce en inglés) que prohibirían automáticamente el aborto en el primer y segundo trimestre si el Supremo revocara el precedente histórico de Roe contra Wade. También mantiene sobre el papel una prohibición anterior a 1973. Una sentencia negativa del Supremo dejaría en el aire el acceso a la hipotética interrupción del embarazo de los 36 millones de mujeres en edad fértil que residen en esos 13 Estados.
Hace dos semanas, justo después de filtrarse la opinión de juez Samuel Alito en contra de Roe contra Wade, el gobernador Stitt firmó una prohibición a partir de las seis semanas de concepción que seguía el modelo de la legislación de Texas. El mes anterior había suscrito otra que teóricamente debe entrar en vigor a fines de agosto, prohibiendo por completo el aborto salvo en caso de riesgo de muerte para la madre.
El proyecto de ley aprobado este jueves combina dos enfoques: prohibir el aborto por completo y ampliar civil y socialmente su persecución. Tanto el Supremo de EE UU como el de Texas se negaron en otoño pasado a bloquear la ley aprobada en ese Estado porque depende de la aplicación por los civiles, no por el Estado. Pero la de Oklahoma declara la guerra a cualquier particular, individuo, grupo o colectivo que contribuya a la práctica de un aborto, lo que incluye, por ejemplo, a donantes de grupos de planificación familiar y organizaciones que amparen a mujeres de Estados con legislación muy restrictiva, aunque estén lejos de Oklahoma. Se desconoce si ese acoso a los facilitadores incluye a Estados que, como el de Nueva York, se proponen como refugios seguros para las mujeres que no puedan abortar en el suyo.
La nueva ley de Oklahoma contempla “recompensas” de hasta 10.000 dólares para quienes denuncien la comisión de un aborto, así como daños compensatorios, incluido entre otros uno por “angustia emocional”. El proyecto de ley exime a las mujeres que abortan de las demandas, una línea roja que las legislaturas no se atreven de momento a cruzar. No se aplica a los abortos necesarios para “salvar la vida del niño” o la vida de la madre “en una emergencia médica”. También permite el aborto si el embarazo es el resultado de una violación o un incesto, siempre y cuando el delito haya sido denunciado.