El presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) planteó la necesidad de implementar programas de integridad dentro del Poder Judicial, similares a los que deben cumplir las empresas. Advirtió sobre los riesgos de los vínculos entre magistrados y personas u organizaciones con poder e influencia y reclamó mecanismos que permitan elevar los estándares éticos de toda la institución.
El presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Pablo Pirovano, reclamó una revisión profunda de los mecanismos de control sobre la conducta de jueces, fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial. En diálogo con la 99.9, sostuvo que la Justicia necesita avanzar hacia un verdadero programa de integridad, similar al que actualmente deben implementar las empresas, para prevenir situaciones de conflicto de intereses, tráfico de influencias y conductas incompatibles con la función judicial.
Pirovano explicó que actualmente existe “una dispersión de normativas” destinadas a regular la conducta de magistrados y funcionarios. A su entender, el problema es que esas normas suelen actuar principalmente cuando ya ocurrió una conducta irregular, mientras que lo necesario es establecer un sistema preventivo que contemple las distintas situaciones a las que pueden quedar expuestos quienes ejercen funciones judiciales.
“Estamos hablando de un programa de integridad que abarque el control de todas las conductas de jueces, en la posibilidad de que alguien los llame para ofrecerles alguna gestión, ofrecerles un regalo, gestionar indebidamente una causa jurídica con algún tipo de tráfico de influencias, recibir personas en su despacho individualmente, alguna de las partes”, detalló. Y remarcó que esas situaciones pueden ir desde cuestiones de ética y conducta hasta hechos que actualmente constituyen delitos.
El titular de FORES consideró que el estándar de exigencia para los integrantes del Poder Judicial debe ser particularmente elevado debido al poder que concentran. “Los jueces han sido designados en un cargo privilegiado de la sociedad, que es poder impartir justicia, poder determinar, sentenciar, decidir sobre el patrimonio y la libertad de las personas”, sostuvo. Por eso, entendió que la confianza que la sociedad deposita en ellos obliga a establecer pautas de conducta superiores a las exigidas a cualquier ciudadano.
“Si a esas personas que tienen esa situación privilegiada no les exigimos un altísimo estándar de conducta y en su proceder, no solamente como magistrados, sino como proceder cívico, tenemos un problema muy grave como sociedad”, afirmó Pirovano. En ese sentido, advirtió especialmente sobre los vínculos que puedan establecerse entre integrantes de la Justicia y personas, organizaciones o instituciones que concentren poder económico, político o social.
Para el presidente de FORES, la discusión no debería limitarse a determinar si una conducta constituye o no un delito. “Si pedimos un piso de conducta, que no cometan delitos, lo que exigimos con esto es que lleven a la Justicia a un nivel de excelencia”, planteó. Según explicó, se trata de construir una cultura institucional que permita prevenir situaciones cuestionables antes de que se transformen en expedientes disciplinarios o judiciales.
Pirovano sostuvo además que el actual marco normativo resulta en algunos casos demasiado antiguo. “Hoy tenemos normativas de todo tipo, antiquísimas. Estamos hablando de decretos del año 1958, decretos-ley de 1958 reformados en 1976”, señaló. A esa legislación se suman los reglamentos y las facultades sancionatorias del Consejo de la Magistratura, pero consideró que el sistema debería incorporar herramientas específicamente orientadas a la integridad y la prevención.
En esa línea, propuso una estructura de control basada en tres niveles. “Hay una etapa que es claramente la normativa reglamentaria o legislativa; hay una segunda etapa, que es la que se está tratando en el Consejo de la Magistratura Nacional, que es el código de ética; y hay una etapa que es la del programa de integridad”, explicó. Para Pirovano, las tres herramientas deberían complementarse y no funcionar de manera aislada.
El abogado planteó incluso que el compromiso ético debería surgir de los propios integrantes de la Justicia. “Lo ideal sería que se les entregue un decálogo de ética y que lo firmen aceptándolo, no que lo sancione o que lo imponga un organismo”, sostuvo. Y resumió esa idea en una frase: “Soy juez y yo me autoimpongo, me miro al espejo todos los días y me autoimpongo una determinada conducta”.
El planteo, aclaró, no debería circunscribirse exclusivamente a jueces y magistrados. “Claramente toda la institución judicial tiene que tratar, no solamente los magistrados, porque uno cuando va o cuando deposita confianza en un tribunal también la deposita en el secretario, en los oficiales, en los empleados de ese tribunal”, señaló.
Pirovano también se refirió al temor que, según describió, existe dentro del sistema cuando alguien cuestiona el comportamiento de un integrante del Poder Judicial. “Cada vez que hablamos de esto uno menciona la cuestión y empieza desde los dos lados del mostrador a ver una suerte de tensión y situación de temor a represalias”, afirmó. Según explicó, algunos abogados pueden temer que cuestionar determinadas situaciones termine afectando sus causas, mientras que magistrados, empleados o funcionarios pueden quedar condicionados por mecanismos de defensa corporativa.
De todos modos, aclaró que su cuestionamiento no apunta contra el conjunto de la Justicia. “La minoría es la que funciona mal. Nadie está hablando de que la mayoría del Poder Judicial es malo o funciona mal”, afirmó. Para graficarlo, comparó la situación con una parte enferma del cuerpo: “Cuando uno tiene una rodilla enferma no está diciendo que todo el cuerpo funciona mal. Uno se ocupa de ir al médico, de curar la rodilla enferma, por más que sea uno de tres o cuatro miembros del cuerpo”.
Finalmente, Pirovano cuestionó la tendencia de las corporaciones a cerrar filas frente a los cuestionamientos externos y reclamó una mayor capacidad de autodepuración. “Ese problema que tenemos, que tienen las corporaciones, e incluye a los abogados, de no autodepurarse, de creer que es la sociedad la que nos combate o nos está jugando mal, porque hablamos de lo que está mal”, sostuvo.
Para el titular de FORES, elevar los estándares de integridad no significa deslegitimar al Poder Judicial, sino precisamente fortalecerlo. La implementación de mecanismos preventivos, códigos de ética y programas de integridad, según su planteo, permitiría recuperar confianza y establecer reglas más claras frente a los vínculos, conflictos de intereses y conductas que pueden afectar la independencia de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.