En la Feria del Libro llamaron “conflictos sociales” a los delitos, minimizaron el daño a la vida y a la propiedad y afirmaron que “el castigo es una solución irracional”. Defendieron la reforma que impulsa el Frente para la Victoria
Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscal general y fiscal de Casación respectivamente, expusieron la filosofía que inspira el anteproyecto para la sanción de un nuevo Código Penal, que impulsa el Gobierno y que fue redactado por una comisión presidida por el juez de la Suprema Corte, Raúl Zaffaroni.
Según estos fiscales, quienes critican el anteproyecto promueven “un modelo social excluyente” que deja afuera “a millones de personas”.
El Código Penal, dicen, debe servir antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. “El anteproyecto da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa”, dijo por ejemplo De Luca.
Y Alagia destacó que lo positivo es que este proyecto es “una declaración de desconfianza”; (hacia las penas).
La charla, organizada por Ediciones Infojus en el marco de la Feria del Libro, fue una curiosa exposición de descreimiento en el derecho penal por parte de quienes deben aplicarlo.
“Cuando se habla de seguridad, se habla de seguridad para pocos y para pocas cosas”, denunció De Luca. Y aclaró que esa concepción -que él considera reduccionista- de la seguridad, se refiere “esencialmente a los conflictos sociales (sic) que tienen que ver con daños a la integridad corporal” y “a la propiedad”.
Nótese que, además de minimizar el valor de la vida humana y de la propiedad, llama “conflicto social” al delito, lo que en cierta forma lo legitima.
Luego de presentarse como “garantistas” y miembros de “Justicia Legítima, un espacio de democratización de uno de los poderes del gobierno” (sic, por Estado), el fiscal Aliaga explicó por qué le parece necesario un nuevo código.
Misoginia del Código Penal
“Creemos que es la oportunidad de disputar una determinada economía del castigo, una cultura punitiva, porque el código vigente es un código conservador, producto de una cultura oligárquica. Rodolfo Moreno [N.de la R: su redactor] fue fundador del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, aunque el código se sancionó en 1921, durante el gobierno de Yrigoyen. Moreno, y otros que tuvieron influencia en la sanción de ese instrumento legal, pertenecían a una cultura totalmente diferente a la de los últimos 30 años”.
Sin temor al anacronismo, siguió diciendo: “Ninguno de ellos era profundamente democrático: creían que la sociedad debía estar jerarquizada entre los que mandan y los que obedecen, entre los que saben y los que no saben. Favorecían una cultura de elite, profundamente antidemocrática (…), la cultura del positivismo y de la oligarquía (que) identificaba al delito con la pobreza, los problemas sociales con la degeneración racista. No solamente era un código fuertemente influenciado por el racismo sino con un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”.
Como ya no es representativo de nuestra época, se “hace necesario que un nuevo código penal para el país esté vinculado a un programa constitucional y de derechos humanos”, señaló Alagia.
Aseguró que el nuevo código “no es amigo del delincuente”. “Todos los códigos penales son conservadores, éste no es la excepción”, dijo. Para Alagia, el nuevo código no tiene más remedio que castigar los delitos que inventan los medios. Así lo dijo: “Es tan severo (este código) como el anterior, en el sentido de fijar penas altas para los delitos que son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”.
Sin embargo, destacó como positivo que éste sea “uno de los primeros códigos cuya exposición de motivos es una declaración de desconfianza [al castigo], un código que no le hace propaganda al castigo (porque) cuando la política de un país quiere recostarse sobre el castigo, sobre la pena para resolver los problemas cotidianos, ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”.
Un fiscal que llama “conflictos sociales” a los delitos
Javier de Luca inició su exposición debatiendo el concepto de seguridad. “La seguridad en democracia es también seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; el primer problema es quién controla al controlador”.
También afirmó que “cuando se habla de seguridad”, es “para pocos y para pocas cosas”. “Esencialmente –aclaró- los conflictos sociales que tienen que ver con daños a la integridad corporal y a la integridad física; con lo físico y con la propiedad. Es a esa inseguridad a la que se pretende oponer un combate, es decir, luchar contra la inseguridad es equivalente a dotar de seguridad y este binomio es falso”.
Para De Luca, la seguridad “se provee con seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad laboral, pleno empleo, oportunidades de tipo económico, sociales, culturales, etcétera; no necesariamente combatiendo la inseguridad”.
Criticó que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”; haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan de las leyes y el “mal”.
Para ilustrar mejor su crítica apeló a un raro ejemplo: “Recién la señora del 5º piso acaba de cometer un delito mientras regaba sus plantas –dijo, señalando a la ventana-, dañando toda la mampostería de los departamentos de abajo”.
Dijo que se podía interpretar que no había daño por la insignificancia, pero que en realidad un hecho así no se castiga porque “el juez también riega las plantas de esa manera”.
“Es decir, cuando hablamos de seguridad o de criminalidad hablamos de criminalidad para pocos, para gente que realiza conductas que no son las conductas que ordinariamente, todos los días, realizan los jueces o los fiscales, no es la criminalidad para uno, para gente como uno”, se explayó.
La traducción sería que, como todo el mundo moja la mampostería al regar, eso no es delito, pero sí lo son las cosas que no hace todo el mundo todo el tiempo: como robar o matar. Eso sería “criminalidad para pocos”.
“El castigo es irracional, es una trampa”
“Aquí aparece la falacia del combate contra la inseguridad”, siguió diciendo el fiscal: pretender que el derecho penal “sirva como un conformador social, como un sistema de legitimación de un estado de cosas, pero el problema es que ese estado de cosas no es justo, no es igualitario”.
Esa frase expone el núcleo de la concepción abolicionista: no se puede castigar el delito porque lo que lo provoca y por lo tanto lo justifica es una injusticia social de base.
A continuación, De Luca se dedicó a criticar a quienes objetan esta reforma: “El modelo de sociedad que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la inseguridad es un modelo social excluyente de un montón de sectores sociales, que deja afuera del juego a millones de personas”.
“Nuestra concepción no es abolicionista porque no conocemos una solución distinta en el momento que nos ha tocado vivir”, lamentó.
“Voy a tener con este Código Penal -agregó- la seguridad de que no me van a pegar un palo en la cabeza por haber hecho algo que no está en ese código”. Eso es lo principal para él. Lo demás -la seguridad de las personas frente al delito- es secundario, como lo deja entrever en esta frase: “Después, lo que pasa en la realidad es un asunto mucho más complejo que no tiene solución por vía de un código penal”.
“Entonces, que salga una persona a decir ‘el que las hace las paga o las debe pagar’ es bastante fuerte para nosotros desde el punto de vista de la mediocridad argumental. Porque hace 30 años estamos viendo que el que las hace nunca las paga”, concluyó, exponiendo crudamente su ausencia de fe en el derecho penal.
“El desafío y la audacia de este proyecto –concluyó por su parte Alejandro Alagia- es discutir un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es una solución irracional, una trampa”.