El abogado y agente judicial relató su conflicto con el titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Mar del Plata, que terminó con su traslado a una oficina de la Suprema Corte bonaerense. Denunció que se usó información de sistemas judiciales con fines ajenos al trabajo y cuestionó el procedimiento disciplinario.
El abogado y agente judicial Patricio Bellomo, que trabaja en el Poder Judicial bonaerense desde 2009, relató en la 99.9 su historia de conflicto con el titular del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, Daniel Alejandro De Marco, que según contó derivó en su traslado forzoso.
Bellomo explicó que el conflicto comenzó en 2019, cuando a partir de diciembre inició una larga licencia por enfermedad. Según relató, a los dos años de esa licencia el juez le pidió a la Suprema Corte que dispusiera de su cargo, es decir, que lo reubicara, algo que consideró contrario a la estabilidad del empleado público: “No podés mover arbitrariamente a una persona solamente porque está transitando una licencia por enfermedad inculpable”. Contó además que, ya con el alta médica, permaneció cerca de un año haciendo home office “sin ninguna explicación” y que luego lo hicieron volver a la actividad presencial de un día para el otro.
La segunda parte de la historia, dijo, se vincula con una acordada de la Suprema Corte de marzo de 2023 que dio a los juzgados de garantías acceso a un registro del máximo tribunal, con la única finalidad de verificar antecedentes en denuncias actuales. Según Bellomo, integrantes del juzgado buscaron sus datos en ese registro, con ese material el juez volvió a pedir su traslado y se inició un sumario en su contra. Afirmó que la Subsecretaría de Control Disciplinario le dijo que no encontraba ninguna situación que ameritara el traslado, y que el instructor del sumario le comentó que a él le habían hecho “inteligencia” al momento de realizar la denuncia.
Consultado sobre si un juez puede decidir quién integra su equipo, respondió que sí, “en el marco de lo que es la razonabilidad”, y agregó: “Un magistrado es el titular del órgano jurisdiccional, pero no es el dueño. Y si ese magistrado se jubila, renuncia, fallece, o le sobreviene una incapacidad, el órgano jurisdiccional sigue existiendo como tal con otro titular”.
Bellomo sostuvo que el trato que recibió en el juzgado fue una de las causas de su licencia, que describió como maltrato “a veces muy sutil y otras no tanto”, y que no habría sido solo con él. Contó que recién entonces decidió denunciar, después de haber tratado de ser leal porque el magistrado le había dado trabajo en 2009. Cuestionó que el instructor del sumario no produjo ninguna de las pruebas que solicitó, entre ellas el testimonio de un juez de la Cámara Penal marplatense, y opinó que el procedimiento disciplinario de la Suprema Corte “deja mucho que desear” y que hay “garantías que no están respetadas”.
Sobre su situación actual, explicó que le dijeron que no había motivo para el traslado, pero que igual lo trasladaron al Programa de Destrucción de Expedientes de la Corte. Según indicó, la resolución sostiene que, al existir denuncias recíprocas, lo conveniente era su traslado. “Yo no estudié Derecho para terminar siendo un data entry que carga archivos en una planilla de Excel”, afirmó, y agregó que, cuando buscó un cargo en otros juzgados, haber tenido una licencia larga por enfermedad y haber denunciado a un magistrado no está bien visto.
Aclaró que tiene redactada una presentación ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, pero que optó por pedir una licencia sin goce de sueldo para priorizar su tranquilidad. Finalmente, señaló que su denuncia fue archivada, pero que la Suprema Corte les recordó a los integrantes del juzgado que “la información obtenida de los sistemas informáticos del Poder Judicial debe ser utilizada con fines estrictamente laborales”. Para Bellomo, eso implica que “utilizaron información privilegiada para perseguir a una persona”, y pidió que lo sepan los litigantes y la política al momento de designar magistrados: “Investiguen bien a quién están poniendo en determinado lugar, porque esa gente es la que después decide sobre los destinos de los ciudadanos de a pie”.