El planteo lo elevó la Fiscalía de Estado de la Provincia y el fiscal Garganta. La causa tiene como principal imputado a Antonio La Scaleia, quien fue presidente de la obra social en el gobierno de Scioli.
La Fiscalía de Estado de la Provincia y la UFI 11 de La Plata pidieron ayer que se dicte una inhibición de bienes contra el ex titular de IOMA durante el gobierno de Daniel Scioli Antonio La Scaleia y otros diez ex funcionarios de la obra social estatal.
El planteo, que ahora debe resolver la jueza Marcela Garmendia pide una inhibición hasta cubrir la suma de 650 millones de pesos y prohibición de salir del país para once imputados en la causa que investiga supuestas maniobras de estafas en la obra social.
Todos ellos fueron procesados por los delitos de “fraude y asociación ilícita”, que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650 millones de pesos con la tramitación de internaciones domiciliarias y otras maniobras dentro de IOMA.
La imputación alcanza a un total de 17 personas, entre ex funcionarios del organismo, ex integrantes del directorio en representación de distintos gremios y empresarios dueños de firmas de internaciones domiciliarias.
La causa apunta contra la gestión al frente de IOMA de Antonio “Tano” La Scaleia, quien ocupó ese sillón desde el año 2010 y hasta el final de la gobernación de Scioli.
A partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, se inició una investigación en la UFI 11. Y en ese marco, el fiscal platense Alvaro Garganta firmó el año pasado el auto de procesamiento, en el que señaló que “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y empresarios que conducían un grupo de firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.
Según Garganta, La Scaleia y el resto de los 17 procesados “integraron una compleja estructura delictual destinada a la comisión de los variados ilícitos referidos, habiéndose valido del cargo que ostentaban y actividad que desempeñaban dentro del IOMA”.
Desde ese organismo, pusieron “en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas encargadas del servicio de internaciones domiciliarias hacia las cuales se direccionaba la prestación, para luego asegurarles un circuito preferencial en la tramitación de sus expedientes, lo que implicaba el posterior apartamiento de dinero público en beneficio de las mismas”.
“En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de ‘conformidad y consentimiento’ de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, aseguró Garganta en la citación a indagatoria.
ESTAFAS
El pedido de inhibición que firmó Garganta además de La Scaleia alcanza a ex funcionarios de la obra social entre los que se encuentran Jorge Pumo, ex director de Recursos Humanos de IOMA y Gustavo Seva, representante en el directorio del gremio de Municipales y Nicolás Vitale.
Además, se pidió la inhibición y prohibición de salir del país contra María Cecilia Passo, hija del ex vicepresidente de IOMA y ex legislador Roberto Passo, también procesado.
Las supuestas maniobras con internaciones domiciliarias son apenas uno de los aspectos bajo la lupa de la Justicia relacionado a irregularidades en la administración de la obra social que presta servicios a más de 2 millones de bonaerenses.
Además, en los Tribunales se investigan denuncias por presuntas estafas en la cobertura de medicamentos oncológicos que eran pasados y luego vendidos en farmacias.
También se tramitan causas relacionadas a la cobertura de prótesis que no eran entregadas a los pacientes, entre otras.