El Ministerio de Seguridad ejecutó un ínfimo porcentaje de las partidas asignadas a logística, suministros e infraestructura de las fuerzas del orden. Las inversiones anunciadas hace nueve meses no se cumplieron y la mayoría de los policías no tienen garantizado siquiera un chaleco antibalas.
En enero pasado, 45 días después de la asunción de María Eugenia Vidal en el gobierno bonaerense, se anunció un programa popularmente divulgado como “Chalecos para todos”. El objetivo era garantizarle a cada efectivo de la Policía Bonaerense, y de las policías locales, un chaleco antibalas. En aquella ocasión, se hizo entrega de 25.000 prendas blindadas que, en rigor, habían sido adquiridas durante la gestión sciolista.
Luego, en el mes de abril, se volvió a hacer un anuncio aún más ambicioso: el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dijo que se iban a invertir $1.879 millones para mejorar la estructura policial. Esto incluía la compra de 70.000 chalecos, como así también 1.000 patrulleros y 1.000 motos policiales.
La realidad es muy diferente. Nueves meses después del primer anuncio, los integrantes de las fuerzas de seguridad no tienen garantizado el equipamiento mínimo indispensable.
Los datos de ejecución presupuestaria, que se desprenden del último informe de la Contaduría General de la Provincia, correspondientes al primer semestre del año, son más que elocuentes. Concretamente, en el programa Logística y Suministros, que tiene un presupuesto anual asignado de $1.932 millones, solo se ejecutaron $145 millones. Es decir, un paupérrimo 7,5% de la partida asignada, cuando en el primer semestre del año se tendría que haber utilizado el 50%. Consecuencia de ello son los padecimientos que están sufriendo los integrantes de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de la Policía. Por caso, en La Plata, según fuentes policiales, el 80% de los chalecos están vencidos y los efectivos tienen que compartir las chaquetas blindadas. A su vez, tal como lo informó este diario, no funciona el 50% de los patrulleros.
Eso no es todo: del programa Infraestructura Policial, cuyos fondos deberían destinarse a realizar obras y mantenimiento en comisarías y demás dependencias policiales, solo se utilizaron en el primer semestre poco más $201.000 cuando el presupuesto asignado supera los $75 millones.
Bronca en los municipios
La subejecución presupuestaria también está poniendo en una difícil situación a varios intendentes de la Provincia, que requieren del envío de recursos del Ministerio que comanda Ritondo para poder llevar a delante distintas políticas de seguridad. En ese sentido, si bien el control operativo de las policías locales depende de cada jefe comunal, gran parte del financiamiento de las fuerzas locales se sostiene con fondos provinciales.
Al analizar los datos difundidos por la Contaduría de La Provincia, surge un dato por demás llamativo: la coordinación policial de la Jefatura Departamental de Azul (incluye la comuna homónima, Olavarría, Tapalqué y Las Flores) tiene una sobreejecución de más de $69 millones, por encima del presupuesto asignado. En números concretos se devengaron $235.364.249, cuando el proyecto aprobado en la Legislatura bonaerense, que fue enviado por el gobierno provincial, contempla $166.071.951 para todo el año. Ante tamaña diferencia, distintos trascendidos indican que el favoritismo presupuestario con este municipio podría tener que ver con la decisión del intendente de Azul, Hernán Bertellys, quien, tras ser electo en una lista del Frente para la Victoria, se sumó a Cambiemos en julio de este año.
Radiografía de la subejecución en el primer semestre
– Logística y suministros. Presupuesto: $1.932.811.831. Devengado: $145.421.984 (7,5%).
– Infraestructura policial. Presupuesto: $75.369.437. Devengado: $201.857 (0,2%).
– Seguridad ciudadana e inclusión. Presupuesto: $224.039.150. Devengado: $17.099.990 (7,6%).
– Transferencias, recursos a municipios. Presupuesto: $96.317.427. Devengado: $3.081.671 (3,1%).
La versión oficial
Ante una consulta del diario Hoy, voceros del Ministerio de Seguridad afirmaron que los números de la Contaduría de la Provincia “pueden ser el corte del primer semestre”.
Además, aseguraron que “ahora vienen los nuevos chalecos y patrulleros para la fuerza” y relativizaron la sobreejecución presupuestaria a favor de la coordinación policial de Azul. “No sabemos de dónde sacaron ese número”, dijeron.
En tanto, respecto al atraso en el envío de fondos a los municipios, le tiraron la pelota al Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lacunza.
“Economía recién nos asignó los fondos hace un mes y ya transferimos unos $50 millones esta semana”, informaron.
La realidad del sistema de seguridad
Sin inversión en logística, se cubren la mitad de las cuadrículas por falta de patrulleros en condiciones. La seguridad de los efectivos hace agua por todos lados: abundan los chalecos antibalas vencidos y “calientes”, los equipos de comunicación rotos y los blindajes deficitarios. A esto se le suman los bajos salarios.
Una de las promesas del gobierno bonaerense actual respecto a la Policía era la de “cuidar a quienes nos cuidan”. En ese marco se escucharon anuncios auspiciosos y ambiciosos, pero la realidad muestra un panorama angustiante: los uniformados trabajan en condiciones precarias y con ingresos bajos, ante una inusitada ola de violencia delictiva.
Desde el Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo, se dijo que a la Policía Bonaerense, conformada por unos 90.000 agentes entre mujeres y hombres, se la iba a dotar con todos los elementos de seguridad pertinentes y con ingresos equiparables a los de la Metropolitana.
Sin embargo, a casi diez meses de gestión, el diagnóstico de situación es alarmante: de la totalidad de los policías que se dedican a la seguridad en la región (es decir, trabajan en comisarías, distritales, departamentales o en los cuerpos de Infantería o Caballería), o a la investigación (los funcionarios de las DDI), el 80 por ciento no cuenta con chalecos antibalas en condiciones. Por ejemplo, en La Plata, la capital provincial, para 870 efectivos destinados al Comando de Patrullas hay solo 110 unidades.
Consultado por este diario, un mando intermedio de la Bonaerense relató que “ante la necesidad se da un fenómeno que denominamos el efecto del chaleco caliente. Es que, ante la falencia en la provisión desde el gobierno, los policías que culminan su guardia le pasan la prenda de protección a su relevo”.
“Además, ocho de cada diez chalecos están vencidos. Es decir que existe alto riesgo de que un proyectil lo perfore y lastime de gravedad al efectivo”, agregó la fuente.
En tanto, hay infinitas denuncias sobre el estado de los patrulleros, del sistema de comunicación, de las condiciones edilicias de las comisarías u otras dependencias policiales, y de la falta de actualización de las computadoras.
Como ya denunció este diario, en La Plata, de 87 cuadrículas solo se pueden cubrir con patrulleros 45, prácticamente la mitad. Esto significa que los móviles policiales tardan muchísimo más en llegar a cubrir las denuncias de los vecinos al 911.
“Como los recursos no llegan, cada vez tenemos menos patrulleros que funcionen, por lo que se da el mismo efecto que con los chalecos: no paran de ser usados. Y a esto hay que agregarle que tenemos que cubrir las denuncias de las alarmas, cosa que deberían hacer las empresas de seguridad privada y, por falta de contención de los operarios del 911, tenemos que ir hasta la casa de una persona que recibió una amenaza telefónica para decirle lo que bien se le puede indicar desde la central de emergencias”, se quejó un comisario de La Plata.
Cuando la vida corre riesgo
A esto hay que agregarle que solo funcionan seis de cada diez handies. Los patrulleros nuevos tienen incorporados un sistema de radio, pero cuando el policía se baja del móvil queda completamente desconectado.
Y se sabe que la comunicación en una situación de crisis, como por ejemplo una persecución, es esencial, ya que la vida corre riesgo.
Otra cuestión que preocupa es que los patrulleros tienen blindado el parabrisas y las puertas delanteras, pero el resto del vehículo es vulnerable. De hecho, los móviles que el intendente de Ensenada, Mario Secco, puso en funciones semanas atrás, hecho que generó un cortocircuito con Ritondo, se encuentran completamente blindados.
Y aunque con las armas y las municiones no hay dificultades, se advierte falta de entrenamiento. “Debería haber prácticas de tiro una vez a la semana, pero como hay que cubrir los puestos todo el tiempo, no son convocados a esos entrenamientos trascendentales para un agente de seguridad”, explicó un oficial principal de la fuerza.
La situación que se da en La Plata se agrava en el Conurbano. El problema afecta a toda la Provincia. En definitiva, la gran mayoría de los efectivos y sus familias cayeron en la cuenta de que fueron engañados por los candidatos del actual oficialismo.
“Los efectivos están muy desilusionados”
Desde el Sindicato de la Policía de Buenos Aires (Sipoba) afirmaron que los uniformados de la Bonaerense sufren serias falencias ante la falta de llegada de recursos.
Al respecto, el secretario general de Sipoba, Nicolás Masi, le dijo a diario Hoy que “lo más importante es que los efectivos están muy desilusionados, esperaban un cambio, y esto no se dio. La impresión de los compañeros no es que son iguales a los anteriores, son peor de lo mismo, no tienen criterio, no saben nada y soy muy soberbios… No escuchan y no dan soluciones”.
Masi agregó: “No hay ejemplos de conducción, está la sospecha de que son todos corruptos, y que al subalterno que no se adapta al sistema lo echan. El mundo está al revés en una institución en que los ejemplos deberían ser los funcionarios más probos, sin embargo los ejemplos faltan, por decir que no existen”.
Denuncian retiro de apoyo en La Matanza
El secretario de Protección Ciudadana de la Matanza, Carlos Orsingher, realizó un diagnóstico crudo del sistema de seguridad en su municipio. Se quejó por la falta de apoyo desde el Ministerio de Seguridad y reclamó urgentes respuestas.
“Tenemos 2.000.000 de habitantes en un territorio de 323 kilómetros cuadrados y solo destinan 4.000 policías. Y como en toda la Provincia abundan los chalecos vencidos, los handies rotos y los patrulleros chocados”, afirmó Orsingher.
El funcionario denunció que el municipio se tiene que hacer cargo de problemas de logística, que por ley, tiene que asumir el Ministerio de Seguridad. Y pidió que vuelvan los 800 gendarmes que colaboraban en La Matanza. “Dejaron 80 y los usan para custodiar a jueces y testigos protegidos”, indicó Orsingher.