Desde que asumió en diciembre de 2015, María Eugenia Vidal tiene la obsesión de contar con “una Provincia en obra permanente”, es por eso que en el bloque de legisladores provinciales de Cambiemos ultiman los detalles para intentar sancionar antes de fin de año una nueva ley de obras públicas que reemplace a la que está vigente y que tiene casi 60 años de antigüedad.
El gobierno provincial prorrogó nuevamente hasta abril del año próximo la Ley de Emergencia en Obras Públicas lo que le permitió darle impulso al plan de infraestructura mediante la agilización de licitaciones y adjudicaciones. El desafío ahora es aprobar una nueva ley porque la emergencia no se puede volver a prorrogar, por lo que en 2018 estarían en peligro las licitaciones y en consecuencia el plan de obras.
Este miércoles, el ministro de Infraestructura de la provincia, Roberto Gigante, fue a la Legislatura provincial a defender el Presupuesto 2018 que eleva un 22% los fondos destinados a esa cartera pasando de los $13,3 millones de 2017 a los $16,9 millones con los que contará en 2018.
El ministro mantuvo un encuentro con todos los integrantes de las comisiones de Obra Pública y Presupuesto de ambas Cámaras y el presidente de Diputados, Manuel Mosca, y el titular del Senado, Daniel Salvador. Allí, Gigante respaldó el proyecto de ley de obras públicas elaborado por el diputado provincial y vicepresidente del bloque Cambiemos César Torres.
Como presidente de la comisión de Obras Públicas, Torres fue el encargado de darle forma al proyecto con el que gobierno de Vidal espera mantener el ritmo del plan de infraestructura el año próximo. Según explicó el diputado provincial con la vieja ley 6.021 sancionada el 19 de febrero de 1959 “entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca el primer ladrillo se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. Por eso proponemos una proyecto responsable, inclusivo, y, sobre todo, ágil”.
El proyecto tiene despacho de comisión de Obras Públicas desde el 31 de agosto de 2016. En este poco más de un año, Torres fue reuniendo los concesos de sus pares en torno al texto final para poder conseguir la luz verde en la Legislatura provincial.
Ahora, Vidal dio la orden de aprobar la ley antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Si bien los plazos se acortan, en el oficialismo son optimistas con conseguir la sanción. Quedan por delante tres sesiones: una el jueves de la próxima semana, y después en la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Si todo sale como calculan, en el oficialismo dijeron a ámbito.com que “en alguna de las dos sesiones de fin de año se debería aprobar el proyecto de ley en ambas cámaras”.
Para el gobierno provincial la norma en debate es sustancial porque entre sus principales aspectos propone acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Además posibilita la mayor participación de empresas porque contempla que el contratante pueda tomar un crédito externo para realizar la obra. Por otra parte, establece un margen de preferencia de un 5% en la comparación de las ofertas a favor de licitantes que sean pequeñas y medianas empresas.
“Se trata de darle a la Provincia un instrumento legal ágil y útil para concretar el ambicioso plan de obras públicas proyectado, en un marco que garantice la seguridad jurídica, transparencia de los procedimientos, la igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación entre oferentes y la competencia efectiva”, sostuvo Torres.