La próxima semana avanzará en sesiones extraordinarias el tratamiento en la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Trata de Personas. Conozca los puntos más destacados del proyecto.
Después del fallo en el caso Marita Verón, ha quedado a flor de piel el tema de la trata de personas para, prácticamente, todo el país. La reacción del Gobierno nacional fue obligar a la Cámara de Diputados a debatir el proyecto de ley de trata de personas para contar antes de fin de año con una norma que castigue la explotación sexual.
El espíritu de la iniciativa es reprimir con penas más duras este delito, entre otros puntos interesantes en esta cuestión. En el Senado, este proyecto se aprobó por unanimidad, pero cuando llegó a la Cámara baja, se demoró durante un año y medio con el argumento de que hay ciertos artículos en el texto sobre los que mantienen varias dudas.
Sin embargo, tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, el primer paso se dará el martes próximo, cuando se junten las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto. Al día siguiente, la iniciativa ingresará en el recinto. En consecuencia, se vuelve fundamental saber cuáles serán los principales puntos a tratar en la futura norma.
En ese sentido, se establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”. Por otro lado, castiga al proxenetismo, con prisión de cuatro a seis años al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona y, también, al que promueva o facilite la prostitución de una persona.
Sobre las penas de prisión, se prevé que serán de cumplimiento efectivo y se contemplan agravantes cuando, para someter a una víctima, se empleen violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción. También se contemplará un agravamiento de la pena cuando la víctima fuera menor de 18 años. En ese caso, el culpable deberá pagar con entre 10 y 15 años de prisión. Se obligará al Estado a brindar asistencia tanto médica como psicológica a las víctimas. También se estima la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con la función de poder diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas.