El gobernador neuquino Jorge Sapag propone prohibir las medidas de fuerza del personal docente que afecten el dictado normal de las clases. Utilizó como ejemplo y modelo la Constitución de Ecuador.
En Neuquén, los docentes ya iniciaron su tercera semana de paro, en reclamo por un aumento salarial que ronde el 35%. Como contrapartida, recibieron una respuesta desde el gobierno de Jorge Sapag, que quiere impulsar una consulta popular para prohibir las medidas de fuerza que afecten el normal dictado de clases por problemas gremiales. El ejemplo que se toma es la Constitución de Ecuador, donde esta premisa está incorporada.
La Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén (ATEN) tomó la decisión de continuar con las medidas de fuerza, que el jueves sumarán una movilización en la capital de la provincia. Nunca hubo acercamiento entre las partes y ya se han comenzado a descontar los días de paro, tal como anunció el gobierno. Esto es considerado por el gremio como un “avasallamiento” al derecho de huelga; por lo tanto, el conflicto continúa.
Mientras tanto, el gobierno evalúa seriamente la instrumentación de una consulta popular para que la población decida acerca de una propuesta del gobernador Sapag de prohibir la paralización de la educación por estos temas netamente gremiales. El anuncio llegó con el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura, donde Sapag citó como ejemplo la reforma de la Constitución promovida en 2008 por el presidente Rafael Correa, en Ecuador, quien incorporó a la educación como un “derecho público y vital”, prohibiendo la interrupción de servicios públicos.
El propio gobernador indicó que busca “propiciar, estudiar y alentar una consulta popular para convalidar democráticamente un pensamiento firme en cuanto a la no interrupción de la educación pública. El derecho a la educación tiene una jerarquía jurídica superior, seriamente superior en la escala de valores sobre el derecho de huelga, y la discusión salarial debe darse en un marco de escuelas públicas abiertas y con los maestros al frente de sus aulas”, aseguró Sapag. Los plazos de la consulta popular todavía no fueron señalados, pero desde la administración afirmaron que se están preparando los mecanismos para hacerla efectiva en el corto plazo.
La reforma que incluyó el presidente Correa en la Constitución nacional de su país se aprobó en 2008 y establece que “se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social”, entre otros. El artículo 26 define a la educación como un “derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”.
Teniendo en cuenta esto, Sapag citó los dos artículos, pidió al gremio docente que “no paralice el sistema educativo” y planteó que “los alumnos no sean rehenes ni víctimas de una discusión salarial”. El gremio, inmediatamente, acusó al gobernador de “confrontar en vez de dar respuestas concretas”. Además, los docentes apuntaron directamente al Estado provincial que, según los gremios, incumple con la educación por “falencias edilicias y materiales para que se desarrolle el proceso educativo”.