Guatemala, Honduras y El Salvador son países que están buscando una reglamentación articulada para detener la criminalidad fruto del narcotráfico. Intentarán regular las drogas diferenciándolas según el efecto que tienen en el organismo. “Estamos convencidos de que la estrategia del prohibicionismo no funcionó”, indicó Carlos Martínez, embajador de Guatemala.
El aumento de la criminalidad vinculada al narcotráfico está afectando a muchos países y sobre todo a Centroamérica, donde algunos mandatarios han pedido un nuevo enfoque para encarar la lucha contra las drogas. Entre ellos, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lanzó este año una propuesta de cambio relacionada con los Estados vecinos que comparten fronteras y problemas que también impulsaron la misma iniciativa. La intención es llegar a acuerdos internacionales para regular en forma oficial el mercado de estupefacientes.
Esto lo reseñaron los representantes diplomáticos de Guatemala, Honduras y El Salvador acreditados en Argentina durante la jornada sobre narcotráfico y sociedad, que se realizó en la Universidad de Palermo.
“De la prohibición hay que avanzar a la regulación”, explicó Carlos Martínez, embajador de Guatemala. El diplomático argumentó que esa alternativa no será puesta en marcha unilateralmente por su país, sino que es un proyecto que se pone a la consideración de la comunidad internacional.
La exposición de los embajadores se realizó durante el seminario coordinado por el magistrado Luis Losada, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3.
“Estamos convencidos de que la estrategia del prohibicionismo no funcionó. Provocó mayor consumo, debilitamiento de las instituciones por corrupción y una fuerte amenaza al Estado por parte del crimen organizado”, manifestó Martínez.
El representante del gobierno guatemalteco indicó que el 45 por ciento de los crímenes en su país tienen que ver directamente con drogas: “la lucha no ha sido exitosa y no lo será de continuar de la misma forma”, aseveró.
La propuesta de su país podría ser consensuada en un mediano plazo y apunta a tratar el mercado de drogas de acuerdo con la peligrosidad de cada sustancia. “Hay que avanzar hacia una regulación diferenciada por tipo de drogas, por los distintos efectos que provocan en la salud y en la generación de violencia”, explicó Martínez.
Los tres países se consideran víctimas de una guerra que no les pertenece al quedar encerrados por su ubicación geográfica, entre los productores de drogas y el mercado mayor: Estados Unidos.
“Fracasó la política prohibicionista”, coincidió Carlos Ghiringhello, primer secretario de la embajada de El Salvador, quien además expuso las relaciones estrechas entre los traficantes de drogas y las maras que son violentas pandillas juveniles que hicieron del crimen su forma de vida. “Las maras fueron transformadas por el narcotráfico en organizaciones de control territorial, venta al menudeo de drogas, cobro de protección a comerciantes y sicarios en conexión con los carteles mexicanos de drogas. Eso incrementó los niveles de violencia”, explicó.
También agregó que este año en su país se desarrolló una serie de negociaciones oficiales con jefes de los maras presos para detener las muertes. En marzo de 2012, la tasa de homicidios en Guatemala llegó a 60 cada 100.000 habitantes, con un registro de 13 muertes diarias.
“Se buscó un diálogo con los jefes de maras arrestados, se los pasó a cárceles de menor seguridad para que tengan contacto con sus seguidores. Al día siguiente de esas conversaciones sólo hubo dos homicidios y se pasó luego a un promedio diario de cinco muertes.”
Por su parte, Juan José Cueva Membreño, embajador de Honduras a su turno resaltó que “nosotros pagamos con muertos y en los Estados Unidos están los clientes. Acompañamos la propuesta de Guatemala porque no somos productores de drogas, tenemos un porcentaje bajo de consumo y pagamos un precio muy alto”.
Cueva Membreño consideró que los países centroamericanos se vieron envueltos hace diez años en un conflicto de nuevas características con el aumento de la presión a los traficantes en Colombia, primero, y en México, después. La demanda ampliada en materia de seguridad tiene costos en vidas y dinero.
“Hacer frente a este peligro se lleva muchas reservas económicas. Y no podemos seguir en esta situación de desviar nuestros pocos recursos cuando no somos nosotros el mercado de ese consumo”, concluyó.
