Fue dispuesto por el juez Daniel Rafecas, a raíz de una denuncia presentada por legisladores nacionales; se extendió a oficinas del Estado Mayor General del Ejército.
Por una decisión del juez federal Daniel Rafecas se realizó en horas de la tarde un allanamiento al Ministerio de Defensa, para determinar si existen constancias que acrediten alguna orden transmitida para “demorar” la apelación a la sentencia judicial que obliga al Ejército a entregar el título de propiedad a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, en San Carlos de Bariloche.
La diligencia, llevada adelante por personal de la Prefectura Naval, comenzó en el edificio Libertador, sede de la cartera que conduce el ministro Jorge Taiana. Básicamente, requisaron, computadoras, libros y documentos, en busca de alguna certificación que indique si hubo una orden expresa para demorar la apelación del fallo que ordenó ceder a la comunidad mapuche 180 hectáreas del predio de la Escuela Militar de Montaña, revelaron fuentes castrenses a La NACION.
El allanamiento se extendió a las dependencias del Estado Mayor General del Ejército, ubicado en el mismo edificio, en Azopardo 250. Allí, la diligencia se concentró en la Secretaría General del Ejército, indicaron las fuentes consultadas.
La medida judicial se resolvió en una causa abierta por la denuncia de un grupo de legisladores de la oposición, quienes argumentaron que existió “intencionalidad” del gobierno nacional, en perjuicio del patrimonio del Estado.
La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Alberto Asseff, Gerardo Milman, Hernán Lombardi, Francisco Sanchez, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello (Juntos por el Cambio), contra la abogada Silvia Cristina Vázquez, quien presentó la apelación cuando ya había vencido el plazo de 48 horas previsto por las normas procesales. La letrada actuó en representación del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino, en su condición de integrante de la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado, que conduce el kirchnerista Carlos Zannini.
El Ministerio de Defensa relativizó el impacto del allanamiento y explicó en un comunicado que se trató de “un requerimiento de información”. Incluso, explicó que “la información pedida es pública y podría haber sido solicitada por un simple oficio”.
El operativo fue instruido por la Fiscalía Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli, que llevó adelante “un requerimiento de información respecto a la denuncia contra la abogada de la Procuración del Tesoro, que oficia como letrada del Estado en la causa que involucra tierras bajo custodia del Ejército Argentino”, indicó el ministerio que conduce Taiana.
“Ante este pedido, las áreas jurídicas del ministerio y del Ejército se pusieron a entera disposición de la Fiscalía y presentaron toda la documentación solicitada”, añadió.