El abogado Roberto Castillo, defensor de los cinco mendocinos detenidos en Miami y luego desvinculados de toda acusación, cuestionó el tratamiento mediático del caso y advirtió sobre el daño que generan las condenas públicas anticipadas. “No vende la gente inocente, lo que vende es la imagen de cinco personas con un mameluco naranja”, afirmó.
El abogado Roberto Castillo, representante legal de los cinco mendocinos que fueron detenidos en Miami acusados de integrar una organización criminal dedicada al hurto y que finalmente quedaron completamente desvinculados de la causa, analizó en la 99.9 el impacto que tuvo el caso y apuntó contra el fenómeno de las condenas mediáticas que, según sostuvo, terminan siendo mucho más graves que cualquier proceso judicial.
“Cuando se produce un hecho aparentemente delictivo se abren dos procesos: uno es el proceso informativo y otro es el proceso judicial. El proceso judicial es mucho más lento que el proceso de información”, explicó. En ese contexto, recordó que la difusión de las imágenes de los jóvenes detenidos con el uniforme naranja de los arrestados generó una condena inmediata en la opinión pública.
“Tenías a cinco personas que salían en la tapa de todos los diarios, circulaban sus imágenes en redes sociales y se instalaba una falacia de autoridad: ‘¿Cómo se va a equivocar la Policía de Miami?’. Cuando yo daba argumentos y decía que había accedido a toda la prueba y que existía una confusión, me respondían: ‘¿Y vos qué vas a decir, si sos el abogado?’”, relató.
Castillo remarcó que desde el primer momento advirtió que la acusación carecía de sustento respecto de cuatro de los cinco jóvenes. “Había una persona que daba una explicación sobre lo sucedido, pero los otros cuatro eran simplemente amigos. No tenía ningún fundamento su detención y mucho menos hablar de una organización criminal”, afirmó.
El letrado explicó que la estrategia defensiva incluyó una fuerte exposición pública de sus clientes porque el daño social ya estaba instalado. “El impacto social de la noticia era mucho más grave que incluso una eventual condena. Estos procesos paralelos, estos procesos mediáticos, hacen que los periodistas no sólo informen, sino que muchas veces construyan una narrativa. Ellos sufrieron verdaderamente un escarnio público muy grande”, sostuvo.
En ese sentido, lamentó el escaso espacio que recibió la noticia de la absolución. “Cuando les retiraron todos los cargos y no tuvieron ningún problema con el visado, creo que fueron tres programas de televisión los que lo mencionaron. Lo hicieron en cinco minutos, como diciendo: ‘Bueno, ya que estuvimos dos semanas mostrando las caras de estos muchachos, ahora contamos rápidamente que les retiraron los cargos’”, señaló.
Respecto del expediente judicial, Castillo explicó que el primer paso fue lograr que la Fiscalía descartara la acusación por organización criminal. “El fiscal fue muy criterioso y retiró esos cargos a los treinta días. Pero el estigma social ya estaba instalado”, indicó.
Posteriormente solicitaron una prueba que consideró “elemental”: verificar el registro de inventario de la tienda donde supuestamente se había producido el hurto. “Cada prenda tiene un código de barras, sale del stock. Esa prueba demora, por supuesto, pero era la que permitía confirmar si realmente existía un faltante. Nosotros confiábamos plenamente en el relato de estas personas y esa prueba terminó demostrando que no había existido el delito”, explicó.
También aclaró que muchas de las imágenes difundidas no correspondían al supuesto hecho delictivo. “Se hablaba de videos, pero eran imágenes del patio de comidas cuando los interceptan. Claro que parecía una escena sospechosa: cinco argentinos en Miami con valijas abiertas y bolsos. Pero cualquiera que haya ido a comprar a Miami sabe que la gente compra valijas justamente para trasladar las compras”, indicó.
Sobre el origen del procedimiento policial, relató que uno de los jóvenes llevaba una prenda a la que no le habían retirado el dispositivo de seguridad. “Le sonó la alarma, se puso muy nervioso porque no habla inglés y no entendía lo que le decía el policía. A partir de esa situación se produjo la intervención policial y después vino toda la confusión”, afirmó.
Para Castillo, el problema excede este caso puntual y refleja una realidad cada vez más frecuente. “Vivimos en la era de la comunicación y cualquiera puede ser grabado en una discusión en la vía pública. Ese video se fragmenta, se instala una versión y después, cuando el fiscal te cita diez días más tarde, ya no sos noticia. Pero la condena social ya la tenés”, advirtió.
Finalmente, destacó el accionar de la Justicia de Florida, que resolvió rápidamente la situación una vez analizadas las pruebas. “La justicia actuó con mucho criterio. El fiscal apenas vio los elementos de prueba retiró directamente los cargos, ni siquiera continuó con la acusación. Les devolvieron la fianza y eso demuestra que siempre fueron inocentes para la Justicia del Estado de Florida”, concluyó.