El fiscal Rodolfo Moure habló sobre la detención de un policía acusado de intentar acceder a teléfonos secuestrados en una causa por drogas y advirtió sobre las dificultades que atraviesa la Justicia para investigar delitos. “Muchas veces la falta de recursos hace que nosotros mismos les estemos abriendo un kiosco nuevo a algunos funcionarios policiales corruptos”, señaló.
El fiscal Rodolfo Moure se refirió en la 99.9 a la investigación que derivó en la detención de un oficial de la Policía Bonaerense de 22 años, acusado de intentar obtener las claves de desbloqueo de teléfonos celulares secuestrados en una causa por comercialización de drogas. El funcionario, identificado como Ruiz, prestaba servicio en Drogas Ilícitas de Balcarce y habría mantenido comunicaciones con un detenido alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.
Según explicó Moure, todo comenzó en junio, cuando durante un procedimiento de Drogas Ilícitas de Balcarce fue detenido un hombre de apellido Ojeda y se le secuestró un teléfono celular. Al analizar el dispositivo, los investigadores detectaron comunicaciones entre el detenido y el policía. “Dentro de esos mensajes figuraban algunos que nos hacían suponer que les estaba exigiendo la entrega de los patrones de desbloqueo de los celulares que habíamos secuestrado, para poder así ingresar a los mismos y borrarles la información, presuntamente a cambio de alguna contraprestación”, relató.
El fiscal explicó que posteriormente se realizó un allanamiento en la celda del detenido, quien también era investigado por amenazas contra una mujer, y allí se encontró otro teléfono. “Cuando analizamos ese celular, ahí se encuentran los mensajes de este policía donde le estaba exigiendo la entrega de los patrones de desbloqueo a cambio, seguramente, de alguna contraprestación”, indicó. A partir de esos elementos, Moure solicitó la detención del agente por encubrimiento agravado, al tratarse de un funcionario público y por el presunto intento de ayudar a un detenido a eludir la investigación.
La detención se concretó en Mar del Plata, en la vivienda de la exmujer del policía, quien tiene domicilio alternado entre la ciudad y Balcarce. Consultado sobre si existía una relación previa entre ambos involucrados, Moure aclaró que todavía no pudieron determinarlo, aunque consideró probable que el contacto se hubiera generado cuando el funcionario concurrió al penal para notificar al detenido sobre una medida judicial.
Más allá del caso puntual, el fiscal puso el foco en una problemática que, según sostuvo, afecta directamente el trabajo de las investigaciones: la falta de recursos. Explicó que la Fiscalía General cuenta con un equipo específico para analizar teléfonos, pero que el equipamiento debe ser compartido con el Departamento Judicial de Necochea debido a la cantidad de dispositivos secuestrados. “La falta de recursos hace que ese aparato de análisis de telefonía lo estemos compartiendo y que se haya saturado el sistema de turnos que nos dan por la cantidad de teléfonos que ingresan”, señaló.
Esa situación obliga, en numerosas ocasiones, a delegar el análisis de los teléfonos en la propia Policía. “Por supuesto que el 99% de los casos lo hacen muy bien, pero siempre hay alguna manzana podrida adentro. Entonces, muchas veces la falta de recursos hace que nosotros mismos les estemos abriendo un kiosco nuevo a algunos funcionarios policiales corruptos”, afirmó Moure. En ese sentido, consideró que si los dispositivos hubieran permanecido bajo análisis de la Fiscalía, la situación investigada en este caso no habría ocurrido de la misma manera.
El fiscal también advirtió que las dificultades no se limitan al análisis de celulares. “Lo mismo está pasando con las pericias de drogas, donde no hay reactivos ni laboratorios para analizar la droga. Muchas de esas pericias están tardando entre seis a ocho meses”, explicó. Según Moure, esas demoras pueden terminar favoreciendo la libertad de personas detenidas porque las pericias necesarias no llegan dentro de los plazos establecidos legalmente.
“Entonces, la falta de recursos conspira contra todo esto y hace que muchas veces se genere una especie de impunidad que uno no quisiera”, sostuvo. Para el fiscal, esta situación también condiciona cualquier estrategia de seguridad: “Es muy difícil planificar un proyecto de seguridad sin recursos”. Si bien reconoció que recientemente se observa un mayor patrullaje a partir de cambios en la conducción policial, remarcó que también es indispensable fortalecer las áreas de investigación.
“De nada sirve poner un policía por calle si nosotros no nos vamos a adelantar al delito. Entonces la parte investigativa es tan importante como la parte de prevención”, afirmó. En ese sentido, enumeró como necesidades concretas contar con equipamiento adecuado para el análisis de telefonía, reactivos para las investigaciones de drogas y peritos con los elementos necesarios para realizar las pericias en tiempo y forma.
Moure vinculó además estas carencias con la problemática de la droga en Mar del Plata. “Es preocupante la cantidad de puntos de drogas que hay. Más allá de que uno hace allanamientos, no da abasto a dar respuesta a la gran cantidad de puntos de venta de drogas que hay y la problemática de la violencia que eso genera”, señaló.
Finalmente, resumió las dificultades que enfrentan fiscales y peritos para avanzar con las investigaciones: “Hoy en día todo funciona a medias. Cuando uno tiene que hacer una pericia le tiene que estar pidiendo de favor al perito que está en Bahía Blanca que le acelere los términos, porque si no el preso se va a libertad”. Y concluyó: “La falta de recursos es justamente el principal problema acá de la inseguridad y de los errores y las demoras en las investigaciones judiciales”.