El vecino del barrio Etchepare cuestionó los operativos de seguridad realizados en el sector y sostuvo que no resuelven los problemas estructurales del complejo. Recordó las irregularidades que marcaron su construcción, la falta de titularidad de buena parte de las unidades y la ausencia de una organización que garantice el mantenimiento y la convivencia.
Sandro Medina, vecino del barrio Etchepare desde 1996, describió en la 99.9 el proceso de deterioro que atravesó el complejo habitacional y cuestionó que los operativos policiales con difusión mediática puedan representar una solución para los problemas del lugar. Según explicó, el origen de la situación se remonta a irregularidades administrativas durante la construcción y a la falta de una estructura que permitiera organizar a los propietarios y habitantes.
“Me mudé el 24 de febrero de 1996 al complejo Etchepare”, recordó. En ese momento, el desarrollo estaba vinculado con una entidad intermedia, integrada por ex empleados telefónicos, que se encargaba de reunir la documentación de los futuros adjudicatarios y gestionar los créditos ante el Banco Hipotecario. Sin embargo, entre 1996 y 1998 comenzaron las dificultades para afrontar los pagos y se produjo una desorganización entre la entidad, las empresas constructoras y el banco.
Medina explicó que el complejo estaba integrado por 122 viviendas y 244 departamentos distribuidos en torres. Las dificultades se profundizaron cuando las constructoras comenzaron a realizar intercambios de unidades por trabajos y materiales. “Entre la empresa constructora y la entidad intermedia había como un mal manejo, una mala administración. Entonces nadie era titular”, señaló.
Según relató, las nóminas se habían armado para completar los trámites y presentar las carpetas ante el banco, pero muchas de las personas incluidas no tenían previsto habitar esas unidades. “Sinceramente no era gente que iba a ir a vivir”, afirmó. Esa situación, sumada al abandono de las obras, generó un escenario de incertidumbre que terminó afectando la organización del complejo.
Frente a las dificultades iniciales, un grupo de residentes decidió conformar una junta vecinal para resolver necesidades básicas. Medina recordó que debieron impulsar la apertura de calles, porque no podían ingresar las ambulancias ni los recolectores de residuos, además de realizar trabajos de engranzado e instalar entre 38 y 48 luminarias.
El problema de las torres se agravó hacia 1999. Medina aseguró que, salvo aproximadamente un 10% de las 244 unidades, el resto nunca había sido habitado legalmente. “Estaba esta compulsa entre la entidad intermedia y la constructora: me debés tres, te doy dos, te lo cambio por revoque. Todas negociaciones irregulares”, describió. Con las obras abandonadas y sin responsables claramente identificados para cada departamento, comenzaron las ocupaciones y se fue desintegrando el proyecto original.
Al referirse a los operativos de seguridad realizados recientemente, el vecino fue especialmente crítico. “No, para nada”, respondió cuando le preguntaron si consideraba que esas intervenciones representaban una respuesta real para el barrio. Y cuestionó que algunas acciones parezcan orientadas a conseguir exposición pública: “Esto es ver si puede salir en la tapa del diario alguna foto para una posible candidatura”.
Para Medina, el primer paso debería ser realizar un relevamiento exhaustivo de quiénes viven en el complejo y cuál es la situación legal de cada unidad. “El trabajo que hay que hacer ahí, sencillamente, primero es hacer un relevamiento, que nadie lo quiere hacer”, sostuvo. Como antecedente, mencionó su experiencia en el Complejo Centenario, donde participó de un juicio por vicios de construcción contra el Estado que terminó con un resultado favorable.
En ese sentido, aseguró que en las torres del Etchepare “el 90% no tiene ningún tipo de anclaje con la propiedad”. Por eso, consideró que resulta imposible avanzar con soluciones de fondo si antes no se conoce quién ocupa cada departamento y bajo qué condiciones. “Si no sabés dónde estás parado y no hacés un buen laburo, es muy difícil poder dar el segundo paso”, remarcó.
También planteó que una intervención social debería contemplar la posibilidad de reubicar a determinados habitantes y conocer las actividades y la voluntad de quienes viven allí. “El problema de raíz es primero saber bien quién habita y, de última, si tenés ganas de hacer un buen laburo social, fijate cómo podés reubicar y cómo categorizás a la gente con respecto a qué actividad tiene o no y qué voluntad tiene”, expresó.
Medina vivió en el complejo hasta 2008, cuando se trasladó al barrio Constitución, aunque aseguró que conservó vínculos con algunos residentes. Recordó especialmente la situación de las viviendas de baja densidad, donde varias familias habían comenzado a pagar sus créditos cuando todavía eran empleados de Entel y luego continuaron haciéndolo bajo Telefónica Argentina. “Empezaron pagando la cuota con el recibo de sueldo cuando estaban los lotes baldíos”, explicó.
Su experiencia en Etchepare también estuvo marcada por lo que había vivido anteriormente en el Complejo Centenario, donde llegó a administrar uno de los consorcios. Allí, recordó, había dificultades para que los vecinos aceptaran la necesidad de pagar expensas y sostener servicios esenciales, como el sistema de elevación de agua. “La gente bajo ningún punto de vista podía conciliar que había una expensa, que había que hacer un mantenimiento”, señaló.
Para Medina, ambos casos reflejan una problemática que excede la construcción de viviendas: la falta de organización posterior y de herramientas para sostener los espacios comunes. “Es pensarlo en el tablero de dibujo lindo, qué linda que era la planta y el perro. Pero después eso conlleva todo un manejo”, sintetizó.
Finalmente, cuestionó que los proyectos habitacionales se presenten como grandes soluciones sin garantizar mecanismos de administración y mantenimiento a largo plazo. “No digo que todo el tiempo el Estado debería estar detrás, pero por ahí no quedan armadas especies de pseudo consorcios, previsiones que puedan llevar a desarrollar el lugar”, advirtió.
Y concluyó que, cuando esas estructuras no existen, los complejos terminan dependiendo exclusivamente de la voluntad de los vecinos. “Normalmente quedan a la buena de Dios y a la voluntad del vecino. Los vecinos, por ahí, con el tema de la inseguridad, puertas para adentro, y bueno, que sea lo que sea”, expresó.