Existen más de 70 mil levantadores de juego clandestino. El tema ya enfrentó a Budassi con Granados, ahora el Gobernador le reclama ayuda a los intendentes.
El gobierno de Daniel Scioli le pidió ayuda a los intendentes para combatir las apuestas clandestinas. El pedido llegó a través del titular del Instituto de Lotería y Casinos, Jorge Rodríguez, quien convocó a cada uno de los jefes comunales a sumarse a la lucha contra las apuestas ilegales.
Es que las apuestas clandestinas atentan contra el trabajo que vienen realizando desde la Agencia de Recaudación para mejorar la recaudación impositiva y reforzar la castigada caja provincial. Por eso, Budassi no dudó en desentenderse del problema y trasladarle esa responsabilidad a Granados.
“A nosotros nos preocupa el tema de la evasión, pero el juego clandestino es una responsabilidad de la Policía Bonaerense”, aseguó el recaudador.
El titular de Loterías destacó hoy que desde 2009 su organismo, junto al Ministerio de Seguridad, viene trabajando en la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego Ilegal que prevé la Ley 13.470, y cuya función principal es la de actuar como asesor a efectos de garantizar la efectividad de los operativos que se llevan a cabo en cumplimiento de la ley.
“Hemos recibido más de 180 denuncias de manos de la Cámara de Agentes Oficiales de la provincia y la Comisión las eleva a los juzgados correspondientes aguardando que se expida la orden de allanamiento, pero aún no ha habido resultados”, manifestó.
En este sentido remarcó que “es necesario hacer un trabajo mancomunado, involucrando a Lotería con sus inspectores y a la policía y los intendentes, que también tienen que entender que la evasión va en detrimento del dinero que les tiene que llegar a su municipio”. Y recordó que “hace un mes nos reunimos con el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, quien puso a disposición la participación activa del Organismo para avanzar en la lucha contra este flagelo”.
La Ley 13.470 prevé penas y multas para los apostadores, colaboradores, intermediarios y organizadores ilegales. También, para los empleados o funcionarios públicos provinciales o municipales que omitiesen denunciar las conductas penalizadas por la ley.