Tienen un 30% de adhesión y están trabajando con el Deutsche Bank. Necesitan un 75%.
Los llamados “buitres buenos” o “Solución Gramercy” en el complejo proceso legal de la Argentina por su deuda, aseguran haber alcanzado ya casi un 30 del 75% de la masa crítica necesaria para conformarse como ente capaz de ofrecer a los holdouts una salida negociada que deje sin efecto la vía judicial.
Para analistas locales, el hecho de haber reunido el 30% sitúa a la propuesta lejos, todavía, de su objetivo de convertirse en una alternativa capaz de abrir una puerta superadora de la vía judicial, terreno en el que la Argentina viene acumulando fallos adversos. Sus promotores, sin embargo, la consideraron auspiciosa.
“Haber logrado el 30% de adhesiones sin que se haya designado todavía a un agente financiero ni que se haya hecho un plan concreto de posible oferta, demuestra que existen bases sólidas para alcanzar una solución a este problema”, dijo Marty Flics, de Linklaters LLP, el estudio jurídico que los asesora.
“Tengo enorme confianza en que, una vez designado el agente financiero y cuando se llegue a los inversores institucionales, finalmente se excederá la masa crítica requerida” del 75% de adhesiones, añadió. Reveló, además, que para esa función hay “tratativas” con el Deutsche Bank.
Por “buitres buenos” o “Solución Gramercy” se define a los bonistas que aceptaron canjear sus papeles en 2005 o 2010 y que, liderados por los fondos Gramercy y Fintech, están dispuestos a ceder parte de sus ganancias para entregárselas a los holdouts que litigan y así mejorar la posibilidad de una negociación que los aleje de la vía judicial, en la que vienen ganando.
La maniobra, secretamente alentada desde el Gobierno, tropieza en primera instancia con que la masa crítica es insuficiente y no llega aún al 75% de los portadores de cada título en danza o, en su defecto, al 85% del total de la deuda. Eso es lo que se requiere para habilitar la cláusula de acción colectiva, que permitiría la modificación de las condiciones de pago.
El segundo obstáculo es la negativa que, hasta ahora, mostraron los demandantes a entrar en negociaciones con alguien que no sea el gobierno argentino. “Es él quien tiene que negociar y no los bonistas privados, que no tienen ninguna autoridad para hacerlo”, argumentó la American Task Force Argentina (ATFA), uno de los grupos de lobby a favor de los holdouts, en cuanto se conoció la idea.
Detrás de la Gramercy Solution se esconde el temor de quienes poseen bonos canjeados a quedarse sin cobrar nada en el caso de que la Argentina termine perdiendo en su batalla legal con los holdouts .
El casi 30% de la masa crítica que los abogados de Linklaters aseguran haber reunido hasta ahora equivale a “más de 7000 millones de dólares” en papeles de deuda. Hay que llegar a más de 21.000 millones para que la propuesta sea formalmente viable. “Estamos confiados en lograrlo”, dijo el abogado Flics.
Se espera que en la semana del 17 de febrero Argentina presente ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos su pedido de revisión del fallo de la Cámara de Nueva York, que confirmó el pago de 1300 millones de dólares a los buitres.
Se trata de una decisión sobre la que el Gobierno ya anticipó que, aunque prospere judicialmente, no piensa cumplir. De allí la urgencia de los “buitres amigos” por encontrar una vía superadora del camino judicial, que no ponga en riesgo sus cobros.
El tiempo corre, pero todavía hay margen. Por eso los “buitres amigos” se apuran para intentar la difícil posibilidad de que los holdouts acepten entrar en negociaciones con ellos y no con el Gobierno.
“Veremos muchos intentos de negociación en el tiempo que queda mientras se recorre el camino judicial. Lo importante es saber a qué resultado llegan”, sostuvo en su momento el abogado Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, que viene siguiendo el caso.
“El problema con los holdouts es que, hasta ahora, se ha abordado desde una perspectiva ideológica”, sostuvo Diego Ferro, de Greylock Capital Management.