El 16 de julio de 2013, la entonces presidente Cristina Kirchner recibió en Casa Rosada a un grupo de familiares de personas asesinadas durante el atentado contra la sede mutual judía AMIA el 18 de julio de 1994. La comitiva estaba integrada por miembros de la agrupación 18J – Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado de la AMIA liderados por Sergio Burstein.
Por Ignacio Montes de Oca
Fue un encuentro en extremo emotivo. El domingo anterior había nacido el nieto de la presidente, y la líder estaba feliz. En lugar de hablar de atentados y otras cuestiones poco importantes, Burstein abrió la reunión con un regalo para el nuevo integrante de la familia presidencial: una pequeña remera de Racing Club con el nombre “Néstor Iván” y el número 10 bordados en la espalda. Como se sabe, el fallecido Néstor Kirchner y su heredero Máximo siempre fueron fanáticos de ese club de fútbol. Y Cristina necesitaba una alegría, en momentos en que su gobierno enfrentaba una crisis política luego que se supiera de la firma de un acuerdo extrajudicial con la República Islámica de Irán. La nación persa es señalada como promotora del peor ataque terrorista en la historia argentina y que dejó como saldo 85 muertos y 600 heridos.
Los Ministros de Justicia, Julio Alak y de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, aplaudieron a Burstein por el gesto tan oportuno y sus sonrisas hicieron juego con las del resto de la comitiva que los acompañaba. La foto de la reunión se envió a todos los medios con un comentario que resaltaba la empatía entre la líder y los familiares de las víctimas de la AMIA.
Aquella visita llegaba en el momento adecuado. Dos días después, durante el acto por un nuevo aniversario del atentado contra la mutual, Sofía Guterman, otra familiar de las víctimas que militaba en la corriente de Burstein, criticó duramente a la administración Kirchner por su pacto con Irán.
“Nos sentimos incómodos y traicionados”, dijo en su discurso ante la nueva sede de la AMIA, en un mensaje que impactó directamente en el gobierno y aquellos que lo apoyaban.
Burstein no tardó en reaccionar y buscó los micrófonos para responderle duramente a Gutman a la que calificó como “una persona totalmente ignorante”. La furia del líder de 18J contra aquellos que se animaban a criticar a Cristina Kirchner, tenía un motivo terrenal.
Ese mismo motivo, explicaba las reuniones públicas que venía manteniendo desde meses atrás con dirigentes ligados al gobierno, incluso cuando se trataba de personajes vinculados directamente con los iraníes y la negociación de un pacto secreto que quiso darles inmunidad en el caso AMIA, tal es el caso del dirigente piquetero Luis D´Elía.
Ese motivo terrenal era una mensualidad que Burstein había comenzado a cobrar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El valor de la palabra
Poco menos de un mes antes de salir a defender a Cristina Kirchner, Sergio Burstein estuvo reunido con el ministro de justicia, Julio Alak, para firmar un “Convenio Marco de Colaboración”.
Fue el 19 de junio de 2013 y en esa oportunidad se suscribió un documento que le asignó a la agrupación 18J un monto mensual a pagarse con el presupuesto oficial. En lugar de ser presentado como un subsidio directo, fue redactado de tal manera que la cartera de justicia quedaba como beneficiaria de tareas del grupo de Burstein para el trabajo conjunto en la “promoción y asistencia legal; fomento de actividades de reconocimiento social; material y humano: preservación de la memoria, recordación y difusión; y desarrollo de tareas de ayuda en la defensa y promoción de sus derechos y la búsqueda de justicia a las víctimas directas e indirectas de una acción terrorista en cualquiera de sus formas”.
La previsible embestida contra Gutman por parte de Burstein, fue sucedida con ataques igual de furiosos contra los dirigentes de la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas que también censuraron la firma del pacto con Irán. Esa actitud tenía poco que ver con los postulados colaborativos y justicieros del Convenio, y mucho más que ver con un alineamiento político y rentado de la agrupación y su coincidencia con las necesidades del gobierno del momento.
El costo de esa colaboración figura en la cláusula tercera; por el apoyo público al gobierno, la 18J iba a recibir “un importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000) con el objeto de cubrir los gastos que demande el ítem anterior”. Se refieren al texto en el que Burstein se compromete a aportar “estructura edilicia, administrativa y personal necesario”. El acuerdo tenía una vigencia de un año.
Como la tarea asumida por el 18J no estaba terminada, el 13 de abril de 2015 volvieron a reunirse los miembros del ministerio de justicia y de la agrupación 18J. No se había vencido la segunda prórroga del convenio, pero aun así convinieron otra renovación anual que vencía el 20 de junio de 2015 y se aplicaba retroactivamente desde el 20 de junio de 2014.
Pero fue entonces que llegó la debacle. La fórmula kirchnerista formada por Daniel Scioli y Carlos Zannini fracasó, y el gobierno perdió las elecciones de octubre de 2015. Tras 12 años de gobierno, debían dejar el poder y con ello el poder de repartir dinero estatal a discreción.
Pero no todo estaba perdido. Un día antes de entregar la administración a sus sucesores, el Ministro Julio Alak se reunió con los jefes de la 18J y volvió a prorrogar la mensualidad de la agrupación. El documento firmado el 9 de Diciembre de 2015, les dio otro año de apoyo monetario, también retroactivo, desde el 21 de junio de 2015, y que vencía el 21 de junio de 2016, es decir hasta bien adentro del terreno temporal del gobierno de Mauricio Macri. Esta vez, en lugar de Sergio Burstein, el documento lo firmó la nueva presidente de 18J, Olga Noemí Diacovetzky de Degtiar.
Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que a partir del vencimiento del último convenio con 18J el 21 de junio de 2016, no se volvió a firmar otra prórroga. Para demostrar que el haber dejado de recibir la mensualidad estatal no lo había cambiado, Burstein se convirtió en un furioso opositor al gobierno de Macri y no perdió oportunidad para agredirlo gratuitamente en cada momento que pudo.
Un tipo complejo
Sergio Leonardo Burstein se presenta como uno de los damnificados por el atentado, que causó la muerte de su ex esposa, Rita Worona, una de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA.
No obstante, Sergio Burstein, estaba desvinculado de Worona cuando fue asesinada. Para presentarse como querellante en la causa evadió su verdadero estado civil y formó la entidad “18J”. De hecho, al momento de erigirse como querellante, ya estaba conviviendo con Dora Viotti, su actual conyugue con la que ya tenía en ese momento dos hijos, Glenda y Brian. Y en el día del atentado, los hijos que habían nacido de su relación con Worona: eran mayores de edad – habían nacido el 16 de octubre de 1974 y el 2 de octubre del 1976 -, situación que le impedía invocar el derecho a presentarse como responsable de ellos ante la Justicia como tutor de menores damnificados.
En su presentación como querellante, fue patrocinado por el abogado Luis Dobniewsky, quien fuera abogado de la AMIA en la causa por el atentado. El letrado debió renunciar en 2010 al ser procesado por lavado de activos del narcotráfico por el juez federal Gabriel Cavallo debido a la compra de una propiedad en un country, que habría pertenecido a la viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, Victoria Henao Vallejos.
La postura de Burstein respecto al atentado es, por lo menos, curiosa. En contra de lo que indican las actuaciones judiciales durante más de dos décadas, el dirigente sostiene que no hubo un coche bomba y que los policías bonaerenses liderados por el ex comisario Juan José Ribelli son inocentes. Es más, dice que tanto el ex traficante de autos robados Carlos Telleldín, que supuestamente proveyó de la Traffic usada para cometer el atentado, como Ribelli son víctimas de una inmensa conspiración que los puso tras las rejas para ocultar la identidad de los verdaderos culpables.
Lejos de ofrecer una explicación alternativa sobre cómo fue demolida la AMIA o una idea de quién es el “verdadero culpable”, Burstein prefiere concentrarse en las maniobras de ocultamiento para aclarar el atentado y allí sí tiene culpables para señalar: la dirigencia judía, las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel, los funcionarios del gobierno de Menem y más recientemente a los de la administración de Mauricio Macri por lo que considera una trama hermética urdida por poderes foráneos para que nunca se sepa que sucedió en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994.
Esa posición sería excéntrica si no fuera porque es la misma que adoptaron los funcionarios del gobierno en tanto Néstor y luego Cristina Kirchner estuvieron en la Presidencia. De hecho, esa postura se coordina en el tiempo con el inicio de las negociaciones secretas con la República Islámica de Irán. En efecto, la idea de borrar todo rastro de la entrega de la Traffic de parte de Telleldín a los policías de Ribelli, es funcional con la estrategia de obturar todas las pistas que conducen a la participación persa. Y esa estrategia es sincrónica con el comienzo de las negociaciones secretas entre iraníes y argentinos promovidas por el ex Presidente venezolano Hugo Chávez en 2006, cuando se comenzó a conversar sobre la necesidad de exculpar a la nación persa por el atentado, a cambio de incentivos económicos para la Argentina y sus funcionarios.
Expresado en palabras más simples: dinamitando el puente que une a los policías con los iraníes y que está construido con la Traffic entregada por Telleldín, es mucho mas difícil llegar a la prueba que los persas participaron del atentado. Y si no se logra probar esa conexión, otras causas que preocupan al kirchnerismo como la que investiga la firma del Memorándum con Irán de 2013, pierden fuerza y se debilita la posibilidad de una condena de la máxima líder de ese movimiento, Cristina Fernández de Kirchner.
Burstein, que se reconoce un militante del kirchnerismo, trabaja a destajo para salvar a Telleldín y los policías, mientras dedica un esfuerzo similar a ensalzar la figura de su jefa política y la de los hombres que lo acompañaron en el poder hasta diciembre de 2015.
El líder de 18J nunca negó su respaldo al gobierno kirchnerista, al cual apoyó de manera pública en temas que excedían al del atentado que le había dado notoriedad. Incluso se hizo presente en actos de alto contenido político, como fue el organizado por la dirigencia de esa corriente para apoyar la reforma judicial, el acto de concepción de lo que luego sería conocido como la agrupación “Justicia Legítima”. El evento tuvo por oradora principal a la Presidenta. Fue el 15 de mayo de 2014, un mes antes de firmar el pacto por la mensualidad.
En afinidad con su preferencia política, Burstein actúa como ariete mediático en momentos en que esa corriente necesitó de sus servicios. Por ejemplo, cuando arreciaban las críticas y sospechas del rol del gobierno de Cristina Kirchner en el asesinato del fiscal especial Alberto Nisman el 18 de enero de 2015, Burstein salió a los medios a acusarlo de responder a las embajadas de los Estados Unidos y a la de Israel. Aquella acusación fue replicada por otros personajes de esa corriente, al igual que las críticas contra la AMIA y la DAIA de ser cómplices del encubrimiento.
También, en línea con la necesidad de desligar al gobierno de ese momento de una muerte que presentaba dudas consistentes para creer que no se había tratado de un suicidio, Burstein fue el primero en afirmar que Nisman “Se pegó un tiro inducido y tengo derecho a pensar que Stiuso estaba detrás de esto”, haciendo referencia a Jaime Stiuso, ex número dos de la SIDE, que en ese momento estaba enfrentado con los dirigentes del kirchnerismo y con Fernando Pocino, enemigo interno de Stiuso que respondía directamente a los funcionarios de La Rosada.
Antes de eso, Burstein fue el denunciante de la causa “escuchas”, nombre popular con que se conoció a la investigación por intervención ilegal a sus líneas telefónicas de parte de subalternos del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. En la causa que cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 07 a cargo del Dr. Norberto Oyarhbide, Secretaría Nº 13 del Dr. Gustavo Russo, se investigó también el espionaje contra Néstor Leonardo, ex cuñado del entonces jefe de gobierno y contra el empresario de medios Carlos Ávila. En el momento de la denuncia, Macri era el más firme adversario electoral del kirchnerismo.
En diciembre de 2015, el juez Sebastián Casanello sobreseyó a Mauricio Macri, y el fiscal Jorge Di Lello, que había promovido su procesamiento, aceptó que las pruebas no eran suficientes para acreditar su responsabilidad en las escuchas realizadas por su subalterno, el entonces jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “el fino Palacios” y por Ciro Gerardo James, Ex oficial de inteligencia de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.
Los ex policías siguen procesados y la causa sin novedades. La defensa de los imputados objetó la denuncia de Burstein, quien afirmó haber obtenido las pruebas de las escuchas de una llamada anónima hecha desde un locutorio cuyas instalaciones no fueron periciadas por el primer juez de la causa. Sí se comprobó que la Oficina de Observaciones Judiciales había espiado los teléfonos usando una causa no relacionada que llevaba adelante en ese momento un juez de la provincia de Misiones.
El periodista Carlos Pagni, reveló que el agente Héctor Álvarez habría sido al autor de la llamada que alertó a Burstein mediante un llamado a su hija Glenda. Álvarez, es un agente de la ex SIDE bajo el mando de Fernando Pocino, el hombre más cercano al kirchnerismo dentro de la comunidad de inteligencia argentina.
Un incondicional
Burstein nunca tuvo problemas para admitir su pertenencia al kirchnerismo y en las diferentes campañas electorales desde 2013 en adelante apoyó públicamente a Cristina Kirchner y sus candidatos.
El apoyo irrestricto al proyecto K, lo llevó incluso a organizar una muestra de apoyo público al ex canciller de ese gobierno, Héctor Timerman, una delegación de 18J fue a visitarlo a su domicilio a poco de conocerse el procesamiento al ex ministro, en la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío por las negociaciones del pacto con Irán por el tema AMIA.
Burstein se convirtió en una personalidad con amplios contactos políticos. Esas relaciones lo acercaron a una audiencia personal con el Papa Francisco en el Vaticano el 5 de julio de 2013. Además de Burstein, participaron Olga Degtiar, Graciela Linial de Furman y Daniel Komarovsky, acompañados de sus abogados Alicia Oliveira y Eduardo Valdés.
Puede decirse sin margen de dudas, que Burstein aprovechó el atentado contra la sede de la AMIA para meterse a la fuerza en una corriente política que apoyó su necesidad de protagonismo y solventó sus gastos por más de un lustro.
Todo por 18.000 pesos mensuales. Toda una ganga, si se considera el servicio prestado.