La jueza María Servini de Cubría, que investiga crímenes cometidos durante el franquismo en España, ordenó la detención a efectos de extradición de los exministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
Ante la falta de avance de su causa en España, las víctimas llevaron en 2010 sus denuncias a tribunales argentinos, donde la magistrada decidió ordenar la detención de una veintena de excargos franquistas, entre ellos los dos exministros.
La juez cree que Utrera Molina, ministro de Vivienda de Francisco Franco entre 1973 y 1974, y Rodolfo Martín Villa, ministro del gobierno de la UCD entre 1976 y 1979, pudieron haber cometido un delito de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia agravante de haber sido premeditado.
Según un auto judicial, la orden contra Utrera Molina, de 86 años, procede por haber convalidado la sentencia a muerte del anarquista Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados del franquismo, que murió mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974.
Por su parte, la juez reclama a Martín Villa, de 79 años, como presunto responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que murieron cinco trabajadores y más de 100 personas resultaron heridas, muchas por armas de fuego.
La magistrada solicita que sean extraditados a Buenos Aires para ser interrogados, como ya hizo en septiembre de 2013, cuando emitió una orden similar contra dos exmiembros de las fuerzas de seguridad de Franco, cuya extradición fue denegada por la justicia española.
La Audiencia Nacional española argumentó que el delito de torturas en España está castigado con un máximo de seis años de cárcel y que éste prescribe a los diez años de haberse cometido.
España, al igual que muchos países latinoamericanos en su transición a la democracia, aprobó una ley de amnistía en 1977 que perdonó los delitos franquistas. Los abogados tratan de saltarse esta norma amparándose en el derecho internacional.
Cientos de españoles han recurrido a un tribunal argentino en busca de justicia para supuestos crímenes cometidos contra ellos y sus familias durante los 36 años de dictadura, que terminaron con la muerte de Francisco Franco en 1975.