El abogado Julio Razona señaló en la 99.9 que está dado el marco legal para que sean detenidos aquellos “trapitos” que piden dinero en la vía pública. “El tema se soluciona cumpliendo la ley, simplemente”, indicó.
Los “trapitos” siguen siendo un problema todos los veranos. Ya no se trata sólo de lo que sucede en Mar del Plata, sino en todo el país. Lejos de lo que se piensa habitualmente, el abogado Julio Razona aseguró en la 99.9 que si piden dinero hay leyes que permiten actuar para que sean detenidos y acusados.
“La ilegalidad de los trapitos cuando exigen dinero, se tipifica como extorsión. Tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión, es uno de los delitos que tiene mayor sanción. Se soluciona cumpliendo con la ley, simplemente”, sintetizó.
A pesar de que no se accione políticamente en el tema, también advirtió que no hace falta la anuencia de los mandatarios para actuar, sino que por el contrario, la justicia no debe estar atada a la predisposición de los políticos de turno: “el Código Penal no necesita de decisiones políticas, sino que se tiene que aplicar. Los funcionarios públicos, tiene la obligación de intervenir cuando hay una acción extorsiva por parte de los trapitos. Si no lo hacen están incurriendo en el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, aclaró.
Sin embargo, para el abogado, no es la única conducta que se comete cotidianamente pero no se controla de ninguna forma: “otro delito que no se persigue en la ciudad es el de daño, salvo para alguno que no caiga bien políticamente. La persona que escribe una pared o destruye algo, está incurriendo en delito”, remarcó Razona.
La ideología política se metió demasiado en el modo de llevar adelante la justicia y termina convirtiéndose en un fuerte impedimento: “la justicia está invadida por una cuestión ideológica y política, pero no tiene que ser así. Si uno pide auxilio a la policía y éste no interviene hay que denunciarlo porque es su responsabilidad. La máquina de impedir de una ideología ha impedido, por ejemplo, que no se pueda pedir identificación a las personas en la calle, pareciera que es un delito”, comparó.
Volviendo puntualmente a la cuestión de los “trapitos” no consideró necesario que se los trate de legalizar: “el estado no le puede delegar a una persona que está tratando de hacer una changa, una función del propio estado como la seguridad, me parece un disparate”. Por el contrario señaló que “el empleo público no puede servir para acallar voces, se deben generar puestos de trabajo legítimos para que esta gente pueda tenerlos”.