El presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuestionó la reciente condena al ex ministro bonaerense y aseguró que existe una “política de venganza” sostenida por sectores de la Justicia. También denunció irregularidades en los procesos judiciales vinculados a los años 70 y reclamó una decisión política para avanzar hacia una “pacificación”.
El presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Alberto Solanet, se refirió en la 99.9 a la reciente condena dictada contra el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y sostuvo que se trata de un caso paradigmático de lo que definió como una persecución judicial vinculada a los procesos por delitos de lesa humanidad.
En diálogo con José Luis Jacobo, Solanet indicó que Smart, de 92 años, atraviesa desde hace más de dos décadas un verdadero “calvario”. “Está muy bien física y anímicamente, a pesar de ser una víctima de toda esta injusticia y esta ilegalidad. Es un monstruo, un calvario que está padeciendo desde hace más de 20 años”, afirmó.
El dirigente explicó que Smart fue integrante de la Cámara Federal en lo Penal, conocida popularmente como “El Camarón”, creada durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse para juzgar a las organizaciones guerrilleras en todo el territorio nacional. Según Solanet, ese tribunal “fue un instrumento muy valioso, idóneo y eficaz”, que logró condenar a numerosos integrantes de grupos armados mediante “juicios ajustados a derecho” y respetando “puntillosamente todas las garantías que tiene cualquier ciudadano en la República Argentina”.
Al recordar aquellos años, señaló que los integrantes de la Cámara fueron posteriormente perseguidos por las organizaciones armadas. Citó como ejemplo el asesinato del juez Quiroga y relató el caso de Enrique Munilla, otro magistrado que, según describió, logró escapar de un atentado al advertir que era perseguido por varios vehículos. “Se ensañaron contra esos jueces porque justamente, por la eficacia del instrumento que tenían en sus manos, pudieron poner presos a todos estos”, sostuvo.
Para Solanet, la llegada de Héctor Cámpora al gobierno marcó un punto de inflexión. “La primera medida que tomaron fue declarar la amnistía. Los presos ya estaban sueltos porque el ministro del Interior había dispuesto liberarlos. Después el Congreso levantó la mano por aclamación y vino el baño de sangre. Toda esta gente salió a la calle y retomó las armas”, aseguró.
Respecto de Smart, remarcó que no tuvo participación alguna en el aparato represivo desplegado durante la última dictadura. “Smart está perseguido y detenido por el solo hecho de haber sido juez de la Cámara. Cuando fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires con el general Saint Jean no tenía absolutamente nada que ver con el sistema creado para reprimir al terrorismo”, afirmó.
Según explicó, las tareas vinculadas a la lucha antisubversiva dependían del Primer Cuerpo de Ejército y de la estructura policial comandada por Ramón Camps. “A los funcionarios políticos les estaba expresamente vedado participar de ese sistema. Smart fue solamente ministro de Gobierno y no tuvo absolutamente nada que ver con la guerra antiterrorista”, insistió.
En ese sentido, sostuvo que las condenas en su contra responden a una construcción judicial artificial. “Le inventaron causas, metieron testigos falsos. Tiene seis causas y en todas fue condenado a prisión perpetua. Son sentencias prefabricadas”, denunció.
Solanet calificó el caso como “emblemático” y aseguró que refleja “el ensañamiento feroz que hay con respecto a quienes combatieron al terrorismo”. Incluso fue más allá al afirmar que Smart es “absolutamente inocente” y que jamás firmó ni ejecutó medidas relacionadas con la represión ilegal.
Durante la entrevista también cuestionó el accionar de la Justicia argentina en las últimas décadas. “La Justicia ha sido cómplice de esta política vengativa y de odio, sustentada en unos derechos humanos inventados”, manifestó. A su criterio, “los derechos humanos, si no son universales y para todos, no son derechos humanos”.
Además, denunció que cientos de imputados y condenados han fallecido mientras permanecían detenidos. “Estamos llegando a los mil muertos en cautiverio. El promedio de edad de los presos actuales ronda los 76 o 78 años. Hay gente de 95 años. El general Riveros murió preso a los 100”, afirmó.
Para Solanet, la situación argentina no tiene comparación con otros procesos históricos. “Todos los países que tuvieron guerras interiores terminaron con amnistías. En Francia, después de la guerra de Argelia, en pocos años no quedaba ningún preso. En la Segunda Guerra Mundial, con 40 millones de muertos, en Núremberg fueron juzgados apenas unas decenas de jerarcas. Acá fueron a prisión más de 2.500 militares y civiles”, comparó.
Finalmente, vinculó el sostenimiento de estos procesos judiciales con intereses económicos. Recordó que una investigación encargada por su asociación en 2017 estimó en “11 mil millones de dólares” el costo total de las políticas de derechos humanos entre indemnizaciones, juicios, organismos y programas estatales. “Es un verdadero curro”, afirmó, retomando una expresión que atribuyó al expresidente Mauricio Macri.
“Los jueces son verdugos, jueces corruptos que se han encolumnado detrás de esta política de venganza”, concluyó. Y agregó que la solución requiere una definición desde el Poder Ejecutivo: “Tiene que haber una decisión política de impulsar la concordia y la pacificación. Después la Corte Suprema tiene herramientas para terminar con esto judicialmente, pero si no hay una señal política, no lo va a hacer”.