La abogada de la Organización MAR habló en la 99.9 sobre el pedido que hicieron en el Concejo Deliberante para que no se aprueba un convenio entre el gobierno municipial y dicha asociación para la explotación de tierras municipales.
La Organización MAR realizó una presentación ante el Concejo Deliberante de General Pueyrredón buscando que no se valide un acuerdo que el municipio habría llevado adelante con una Asociación Civil para la explotación de un predio donde funciona actualmente un camping.
La abogada de la institución, Soledad Arenaza, dio detalles a través de la 99.9: “hace un año y medio hicimos un pedido de informe al organismo que maneja los balnerarios para saber quienes son los que explotan esos espacios, cuanto pagan y si cumplen o no. En ese marco, surgió un acuerdo que firmó el intendente con la Asociación Civil “Luis Piedrabuena” donde las condiciones de permiso de explotación son escandalosas”, afirmó.
Lo que se indica que es pretenden aplicarle un canon irrisorio para la explotación de un enorme terreno como paso final de una larga negociación teniendo en cuenta que la Asociación estuvo asentada ilegalmente durante muchos años y la gestión del intendente Arroyo había detectado esa irregularidad: “la ciudad está entregando un terreno municipal de 16.900 metros cuadrados con valuación fiscal de más de 11 millones de pesos por un canon mensual de 6.666 pesos. Es decir que le están entregando a un privado un terreno que está ubicado en un sector estratégico de la ciudad que es una reserva turística y forestal, tiene acceso a la costa y un chalet construido por la propia municipalidad. Hace más de 6 años que está asociación civil viene explotando el lugar de manera irregular un camping que se llama “La Cabaña”, explicó Arenaza.
El proceso incluyó primero un reclamo formal de devolución de esas tierras pero luego de un tiempo, según indican desde MAR, el planteo cambió: “cuando el estado constató esto solicitó la restitución del inmueble y ese proceso continuó hasta un decreto del intendente. Eso fue resistido por la Asociación indicando que ellos tienen derecho a estar ahí y el municipio inició un juicio para obtener el desalojo. A lo largo del juicio, sostienen que no es un predio del municipio y si lo fuera, ellos consideran que son los dueños y por eso interponen una usucapión”.
La resolución final es la que están denunciando y pretenden que los concejales no aprueben este convenio: “en algún momento se interrumpió la estrategia del municipio y empezaron reuniones con el intendente donde se llega a un acuerdo desistiendo al desalojo y encaminando las acciones para que la Asociación continúe con la explotación del predio. El 19 de marzo se firma un acuerdo y se eleva al Concejo Deliberante que todavía no fue aprobado”, concluyó.