El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten habló esta mañana en la 99.9 sobre la denuncia que presentó contra el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, por discriminación y extorsión. La medida surge luego del despido de María Fernanda Gil Prividera, quien se negó a dejar parte de su sueldo para La Cámpora.
Las denuncias contra funcionarios públicos desfilan en los juzgados nacionales, pero solo algunas llegan a manos de un fiscal que se anime a investigar. Así sucedió con la presentación del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien interpuso una denuncia contra el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. La investigación comenzará pronto.
Para entender de qué se acusa al funcionario, el propio letrado dialogó esta mañana con la 99.9 y explicó: “la denuncia se interpuso hace dos semanas, está hecha por extorsión o alguna de las figuras coactivas, porque hay una empleada de Aerolíneas, que es María Fernanda Gil Prividera, que fue despedida de la empresa por no militar y colaborar con La Cámpora. Tuvo bastantes problemas porque trabajaba en Córdoba y nadie quería tomar su caso”.
Ahí es donde la ex empleada de Aerolíneas recurrió a Sánchez Kalbermatten: “preparamos una causa penal contra Recalde por abuso de autoridad y coacción. Ella fue discriminada laboralmente y la han despedido. El fiscal Delgado ha decidido impulsar la causa pidiéndole al juez que llame a los testigos; además, mandó a secuestrar el legajo de Gil Prividera, que tenía una trayectoria inmaculada”.
Hay un dato paradójico en toda esta situación, y es que el propio Recalde se encargó de contratar a María Fernanda: “había entrado a Aerolíneas pidiéndole empleo a Mariano Recalde a través de Facebook. Ella era hija de un piloto con 30 años de trabajo en la misma empresa, que debió retirarse por un desprendimiento de retina; ella quiso seguir con el trabajo de su padre y convenció a Recalde para que le dieran el puesto. A los 4 meses empezaron a insistirle con que pague el 10% de su sueldo para permanecer en la empresa, diciéndole que eso le iba a traer muchos beneficios”.
La discriminación es uno de los puntos importantes que plantea el abogado. “Al momento de pasarla a planta permanente, de las 5 personas que habían entrado a trabajar, solo fue retirada ella; es una clara discriminación laboral por una cuestión política. En la parte penal, Recalde no cumple con su deber de funcionario público; además, a través de La Cámpora no puede hacer estas exigencias a los empleados con el riesgo de que pierdan su trabajo”, destacó Sánchez Kalbermatten.
Las herramientas con las que cuenta el letrado parecen irrefutables, y permitirían que la investigación termine como pretende: “cuando el tema se hizo conocido, se acercó mucha gente y me brindaron documentos importantes. Lo más importante es que tengo los correos electrónicos enviados por La Cámpora donde dicen cómo hay que cobrar ese dinero, qué beneficios trae, cómo deben ir, a dónde deben encontrarse y los nombres de las personas encargadas de estos temas. Tenemos probado el hecho”.
Por la vía de las palabras, la solución no llegó. Por eso se iniciaron las acciones legales: “intenté evitar esta acción penal, hablé con todas sus secretarias privadas diciendo que quería hablar con él de abogado a abogado. También tiene una causa por enriquecimiento ilícito. Se le juntarán las causas y se le complicará el panorama”.