El fiscal del Fuero de Menores, Walter Martínez Soto, habló con la 99.9 y expresó su preocupación por la violencia con que los menores delinquen en Mar del Plata. También se refirió a los diferentes factores que la provocan. “Estamos en una situación de crisis acentuada, donde la falta de autoridad nos lleva a que la violencia vaya creciendo. La respuesta del Poder Judicial es represiva. Pero, al final, esto se puede evitar”, afirmó.
La violencia con la cual los menores cometen actos delictivos en Mar del Plata es llamativa para cualquiera. Los primeros sorprendidos con esta cuestión son los fiscales del Fuero de Menores, que siempre se muestran preocupados y alertas para que la sociedad también sea consciente de lo que sucede.
Esta mañana en la 99.9, el fiscal Walter Martínez Soto destacó que “desde el Poder Judicial vemos las consecuencias de un sinnúmero de conductas que no son normales para chicos de esta edad. No es esta sola porción de la sociedad, sino que todos estamos enfermos; no aceptamos el disenso, la autoridad, y por eso suceden hechos de tal violencia como incendiar el colectivo ayer o querer linchar a un delincuente”.
Esta última tendencia es casi tan preocupante como la de los menores que delinquen con una crudeza que cuesta creer: “si todo fuera así, tendríamos que salir todos armados y ver quién es el más rápido, como si fuera el Far West. Estamos en una situación de crisis acentuada donde la falta de autoridad nos lleva a que la violencia vaya creciendo. La respuesta del Poder Judicial es represiva. Pero, al final, esto se puede evitar”.
Las soluciones parten principalmente de decisiones políticas, que en el último tiempo parecen apuntar a otros intereses y prioridades: “se puede hacer con una política coherente, adecuada y coordinada con la Provincia y la Nación desde el Municipio. La cuestión social del auxilio a las personas desamparadas es una facultad concurrente para los tres estamentos. Estamos muy preocupados los cuatro fiscales del Fuero porque los hechos son cada vez más violentos”.
Cada joven que ingresa detenido por algún delito debe tener un abordaje social, otra pata ausente del Estado: “la respuesta penal debe ir acompañada de un abordaje social, porque así lo exige la Constitución. Ahí es donde se falla, porque hacerlo tiene un costo muy grande en cuanto al dinero”.
Sin embargo, Martínez Soto cree que es posible. En su trabajo cotidiano le ha tocado vivir experiencias positivas: “si la familia se compromete y el Estado está a la par, los chicos cambian. El primer día que vienen a la fiscalía se llevan el mundo por delante y son intocables. Con el compromiso de los psicólogos y psiquiatras desde una posición rígida de la fiscalía desde la aplicación de la pena, hemos tenido buenos resultados. Pero son los mínimos porque el contexto social primario, que es la familia, es pésimo”.
Exponer estas cuestiones ante la sociedad es un paso importante. Tanto, como la toma de consciencia de todos, para que cada uno asuma su responsabilidad: “no es una tarea imposible, pero sí muy difícil para los gobiernos. Hay que cambiar la forma de ver la cultura familiar y mejorar la educación. No puede estar separada una cosa de otra, tenemos que construir una sociedad civilizada”.