El letrado entiende que “dictar la medida que se pretende implicaría un riesgo de constituirse en una especie de instancia revisora de un pronunciamiento ajeno” por tratarse de dos causas distintas, aunque en torno al mismo fondo. La medida fue apelada.
En el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de diputados nacionales opositores, el fiscal Carlos Stornelli buscaba pruebas que den cuenta de animosidad para incumplir los plazos judiciales estipulados para apelar le cesión de tierras. En paralelo ese proceso, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (en la causa que instruye el litigio por la propiedad de las tierras en disputa) ordenó entregar las tierras a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue como había fallado el Poder Judicial en instancias anteriores. Stornelli pidió una medida cautelar para dejar en stand by dicha medida, pero el juez Daniel Rafecas no dio lugar.
Ante este nuevo escenario, el fiscal de la causa que investiga mala intención por parte de funcionarios públicos, ya apeló lo determinado por Rafecas y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal deberá dirimir como instancia superior si se da lugar al pedido cautelar o si respalda al juez.
No es menor recordar que, inicialmente, Rafecas sobreseyó a todos los investigados pero Stornelli también apeló aquella determinación y la Cámara Federal porteña ordenó reabrir y continuar la causa. Sucede que si el delito investigado es confirmado, la relación sería directa con el fallo judicial del 2 de febrero que ordenó entregar las tierras a la familia mapuche. Por esto, Stornelli aclaró que la causa en la que él investiga “adquiere vida autónoma y diferenciada” respecto a la inicial y que tiene curso en los juzgadores Federales de Río Negro.
Cuando Rafecas no da lugar a lo solicitado, alude – entre otras cosas – que una medida cautelar como al solicitada se inmiscuiría en otro proceso judicial que está siendo llevado adelante por otro juzgado federal y apela a lo públicamente conocido: que la determinación no quedará firme porque el Ejército Argentino apelará ante la mismísima Corte Suprema de Justicia. Ante ello, Stornelli acusa a Rafecas de incurrir “en una especie de opinión anticipada sobre el devenir de esta investigación o los alcances de su objeto”. En varias oraciones, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, recuerda que están en juego “bienes de dominio público que hacen a recursos militares estratégicos para la defensa nacional”.