La Suprema Corte de Justicia israelí dejó sin efecto en la noche del martes una controvertida ley que permitía a Israel apropiarse de cientos de hectáreas en Cisjordania.
Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu continúa declarando sus intenciones de imponer a partir del primero de julio la soberanía israelí sobre parte de los territorios palestinos, la Suprema Corte de Justicia de Jerusalén imparte un serio golpe a decenas de asentamientos judíos, anulando una ley que otorgaba retrospectivamente permisos de construcción sobre tierras de propiedad palestina.
La ley aprobada el 6 de febrero de 2017 permitía a Israel expropiar, a cambio de una compensación económica, a los propietarios palestinos de tierras privadas en Cisjordania en las que los colonos judíos habían construido sin autorización oficial israelí.
Como consecuencia, miles de viviendas en las colonias israelíes en los territorios palestinos deberán ser evacuadas y hasta demolidas, por lo menos hasta que el parlamento israelí sancione una nueva ley que pueda sobreponerse a la Corte.
La Presidenta de la Suprema Corte, la jueza Esther Haiut, escribió que “la Ley busca legalizar los actos ilegales retrospectivos cometidos por una población mientras infringe los derechos de otra población, en un territorio sujeto a ocupación beligerante”.
Las intenciones de imponer la soberanía israelí de acuerdo al plan de paz de la administración Trump son rechazadas por la sociedad israelí tanto de derecha como de izquierda. Estos últimos argumentan que la imposición de la soberanía sólo puede estar contemplada en el marco de un acuerdo de paz con los palestinos, mientras que la extrema derecha se niega al plan de Trump, que incluye la creación de un estado palestino independiente.
Israel distingue entre asentamientos reconocidos e ilegales. Sin embargo, Cisjordania es un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 y, de conformidad con el derecho internacional, todos los asentamientos son ilegales.
La ministra de Asentamientos de Israel, Tzipi Hotovely, denunció el fallo del Tribunal Supremo, acusándolo de “declarar la guerra al derecho de los judíos a instalarse en la tierra de Israel”.
“La mejor respuesta a la Corte es la anexión y la continuación de la construcción”, en Cisjordania, agregó la ministra en un comunicado.
Adala, una de las oenegés que se opusieron a la ley, consideró el fallo como una “decisión importante”. “El Tribunal ha dictaminado que el Parlamento israelí no puede aprobar leyes que violen las leyes humanitarias internacionales”, señaló en un comunicado.