La patronal de los VTC anuncia que la imposición por la Generalitat de una hora de precontratación «obliga al cierre de estas empresas».
La compañía de vehículos de alquiler con conductor (VTC) Cabify ha anunciado esta noche que no ha adoptado ni ha hecho pública ninguna decisión sobre su posible salida de Barcelona a raíz de las medidas anunciadas por el gobierno catalán para precontratar este tipo de servicios. Representantes del sector de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC que usan plataformas como Uber y Cabify, habían anunciado que se irán de Barcelona cuando se apruebe el decreto ley de la Generalitat que obligará a precontratar este tipo de servicios con un mínimo de 15 minutos mínimos de antelación ampliables a una hora.
El Ejecutivo de Quim Torra propuso ayer una hora de precontratación para estos vehículos, aunque a través del reglamento que elaborará el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). De esta forma, el decreto de la Generalitat mantendrá los 15 minutos que proponía y que los taxistas ven insuficiente, e incluirá un texto adicional que permitirá que el AMB amplíe este tiempo hasta una hora. El taxi votará hoy en asamblea si acepta la oferta y acaba con su huelga indefinida.
El sector de los VTC salió herido de muerte de la reunión en la que conoció la nueva propuesta de la Generalitat. El representante de la patronal en Cataluña, Josep Maria Goñi, declaró a la salida del encuentro que «desafortunadamente, la Generalitat ha cedido al chantaje del taxi y hemos decidido tomar medidas porque nos han impuesto el decreto». Las condiciones que impone el Gobierno catalán «obligan al cierre de estas empresas (VTC)», lamentó el dirigente de Unauto. La patronal del sector anunció que va a estudiar las medidas legales a su disposición para «luchar contra esta injusticia» dictada bajo «coacciones inaceptables».
La posibilidad de que ambas empresas pudieran irse de la Ciudad Condal fue adelantada por Uber a primera hora de la mañana. La multinacional norteamericana, la más importante del mundo y la más significativa del sector en España junto a Cabify, había advertido que la imposición de un tiempo previo de precontratación de sus servicios le obligaría a cerrar sus operaciones allí donde se impusiera. «Si se aprobase una regulación que obligase de forma efectiva a establecer un tiempo mínimo de espera no nos quedaría más opción que cerrar el servicio en Barcelona», declaró el director general de la multinacional en España, Juan Galiardo, en el programa de Antena 3 «Espejo Público».
«La propuesta de la Generalitat sobre el tiempo de espera es blindar el monopolio del taxi», advirtió Galiardo, que avisó de que pondría en riesgo el trabajo de 3.000 personas en Cataluña. En su opinión, se trata de «un disparate» que no se aplica en ningún país de Europa. El directivo de Uber considera que la justificación ofrecida para sostener la medida, perseguir la captación ilegal de clientes en plena calle que los VTC tienen prohibido, no se ajusta a lo que ocurre. «Se pueden dar casos puntuales de captación en la calle, pero nuestra actitud ante esto es tolerancia cero», aseguró.
Como Galiardo, el director para Europa de Cabify, Mariano Sylveira, también había avisado a mediodía de que si el Ejecutivo de Quim Torra aprobaba cualquier tipo de precontratación para los VTC, la compañía dejaría de operar en Cataluña.
La precontratación se ha convertido en la piedra angular del actual recrudecimiento del conflicto por el transporte urbano de pasajeros. El sector del taxi reclama que los servicios de Uber o Cabify se contraten con varias horas de antelación. De lograr su objetivo, los VTC dejarán de ser, de facto, competencia directa para el taxi, que seguiría gozando de la posibilidad de contratar no sólo servicios similares a los de Uber o Cabify sino también los instantáneos que logra a pie de calle y que constituyen el grueso del negocio.
En la Comunidad de Madrid no se atisba todavía solución alguna a las movilizaciones del taxi. El Ejecutivo regional se niega en redondo a establecer un tiempo de precontratación como en Cataluña. Asegura el Gobierno de Ángel Garrido que se trata de una competencia municipal y que, por tanto, no impondrá una condición que considera persigue eliminar un sector de actividad.