Un australiano no puede salir de Israel durante 8.000 años por el impago de la pensión a sus hijos

Noam Huppert le debe unos dos millones de euros a su exesposa.

Un ciudadano australiano que vive en Israel denuncia que un tribunal le ha prohibido salir del país durante los próximos 8.000 años a menos que pague a su exesposa unos 2 millones de euros para la manutención de sus dos hijos.

Noam Huppert, un químico analítico de 44 años que trabaja para una empresa farmacéutica, está “atrapado” -según dice- en Israel hasta el 31 de diciembre de 9999 debido a una orden de “suspensión de salida” emitida en 2013 después de que su exmujer llevara el caso a un juzgado de familia, de acuerdo a una información publicada por el medio australiano news.com.au.

El tribunal dictaminó que Huppert debía pagar 5.000 shekels (unos 1.400 euros) al mes por cada uno de sus dos hijos hasta que cumplieran 18 años. Se desconoce si el hombre ha realizado algún pago hasta la fecha o si debe pagar la suma completa por adelantado para levantar la prohibición. La ley israelí otorga a la ley religiosa el monopolio en materia de matrimonio y divorcio.

La exesposa de Huppert, de nacionalidad israelí, regresó al país en 2011, cuando sus hijos tenían tres meses y cinco años. Él le siguió los pasos el siguiente año porque quería estar más cerca de sus hijos. No ha podido salir del país por ningún motivo, incluido el trabajo, en los ocho años transcurridos desde el fallo judicial. “Desde 2013, estoy atrapado en Israel”, expresó Huppert al portal de noticias.

Por aquel entonces, la ley de divorcio de Israel dictaba que el padre era el único responsable de pagar la pensión alimenticia de los hijos. Pero en 2017, el Tribunal Supremo dictaminó que las mujeres divorciadas también debían participar en los pagos de manutención si ganaban igual o más que ellos. La sentencia aplicaba a casos de custodias compartidas y a partir de los 6 años de edad de los niños.

Según Huppert, hay muchos otros ciudadanos extranjeros que como él están siendo “perseguidos por el sistema de ‘justicia’ israelí solo porque se casaron con mujeres israelíes”. Su intención es dar a conocer su caso “para ayudar a otros que puedan sufrir esta experiencia que literalmente pone en peligro su vida”.

Marianne Azizi, una periodista británica independiente que ha estado haciendo campaña para crear conciencia sobre el tema, asegura al mismo portal que es “casi imposible determinar” el número exacto de hombres afectados. Según ella, que aparece en el documental de 2019 No Exit Order, lo más cercano que estuvo de obtener una cifra fue cuando una fuente de la embajada británica antes de la pandemia supuestamente le “dijo que recibían alrededor de 100 consultas al mes”.

Si bien Azizi ha dedicado la última década en recopilar testimonios de afectados por este aspecto de la ley de divorcio israelí desde que se sensibilizó por el tema porque su marido también estuvo atrapado en Israel tras visitar a sus hijos.

Con todo, el derecho de familia israelí ha sido generalmente criticado por discriminar a la mujer. En 2018, el Ministerio de Finanzas descubrió que el 43% de los padres divorciados se negaron a pagar la manutención de los hijos a su expareja. Y la ayuda económica que el estado facilita a las madres solteras porque los padres de sus hijos no pagan se vio reducida en verano debido a las disputas presupuestarias.

“A decir verdad, el núcleo del derecho de familia en Israel, las leyes del matrimonio y el divorcio, se caracterizan por la falta de igualdad entre hombres y mujeres”, apuntó el juez Noam Solberg en la arriba mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 2017. “De acuerdo con la ley judía, la obtención del acuerdo de divorcio está en manos del hombre: cuando él quiere, lo concede, cuando no, se niega”, remarcó entonces. “A pesar de esto, no hay justificación para una división desigual de los pagos de manutención infantil”, agregó.

En su consejo de viaje para Israel, el departamento de estado de EE.UU. advierte a los ciudadanos de que los tribunales civiles y religiosos de Israel “ejercen activamente su autoridad para prohibir que determinadas personas, incluidos los no residentes, abandonen el país hasta que las deudas u otras reclamaciones legales en su contra sean resueltas”.