Después de que la Corte Suprema confirmó la sentencia contra la dirigente, el fiscal Gustavo Araya le pidió al juez de ejecución penal que unifique las condenas que recibió Sala y que estas sean cumplidas en prisión y no en su domicilio.
El fiscal provincial de Jujuy Gustavo Araya le pidió al juez de ejecución penal Carlos Cattan que la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala vuelva a la cárcel a cumplir la pena por asociación ilícita fraude y extorsión. La sentencia contra Sala a trece años de prisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia anteayer.
En el dictamen al que accedió LA NACION, el fiscal pidió el cumplimiento de la pena en prisión y la unificación de esa sentencia con la pena -también firme- de dos años que recibió Sala por otra causa por amenazas. Actualmente Sala cumple con arresto domiciliario en su casa. Araya sostuvo que la situación procesal de Sala cambió de condición y que ya no es una imputada sometida a prisión domiciliaria, sino que ahora tiene la condición de condenada. El gobierno provincial insiste en que la dirigente debe ser trasladada a una cárcel común.
Además el fiscal adujo que bajo la modalidad de arresto domiciliario Sala no recibe el tratamiento legalmente establecido para el principio de resocialización, y que tampoco puede ser observada su conducta.
“La actual situación de privación de libertad de Sala impide el cumplimiento de este deber del estado impuesto tanto por la constitución como por los compromisos internacionales. Es evidente que en su domicilio la Sra. Sala no podrá recibir el tratamiento legalmente establecido para la resocialización ni muchos menos se podrá “ponderar” su conducta para verificar si efectivamente ha incorporado el respeto por las normas. Es que se evidencia un privilegio del que no poseen otros reclusos con delitos que, por cierto, son de mucha menor entidad. Nuevamente se ha desconocido el art. 16 de la Constitución Nacional y la exigencia de la razonabilidad de las decisiones”, sostuvo Araya.
“Es relevante señalar que la situación procesal de Sala ha cambiado de condición. La Sra. Sala no es una imputada sometida a prisión domiciliaria, sino todo lo contrario, esta tiene la condición de condenada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena tanto en las causas denominadas “Pibes Villeros como en la de “Amenazas”, por lo que se quebró la presunción de inocencia que mencionaba en su oportunidad el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar la prisión preventiva”, justificó el pedido.
Y agregó: “Asimismo, los informes médicos y psicológicos practicados sobre la Sra. Sala refieren que la misma se encontraría en condiciones de cumplir la pena en un establecimiento penitenciario común”.
En el caso de Sala, la justicia jujeña consideró probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Tupac Amaru, organización que creció en fondos y militantes durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas para hacerse de los fondos que recibían del Estado, que terminaban en poder de Sala y sus cómplices
El pedido de indulto
En tanto, la agrupación Tupac Amaru pidió, con el apoyo de un sector del kirchnerismo, que el Presidente indulte a Milagro Sala, y anunció un acampe en la Plaza de Mayo para próxima semana. El dirigente de La Cámpora y funcionario bonaerense Andrés el “Cuervo” Larroque apoyó el pedido de la agrupación.
No hay, sin embargo, elementos que indiquen que el Presidente se aproxime a firmar un indulto. Cuando Alberto Fernández visitó a Milagro Sala en Jujuy -mientras ella estaba internada- dijo: “Yo no puedo indultar a Milagro Sala, les pido a todos los compañeros y compañeras que piden que la indulte que lean la Constitución. Milagro Sala ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia”.
Ese mismo argumento fue esgrimido por el diputado nacional de la Unión Cívica Radical Mario Negri el viernes pasado, quien dijo a través de Twitter que el Presidente no puede indultar a Sala por el Artículo 99, inciso 5 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente puede indultar penas por delitos federales, y recordó que la dirigente fue condenada por un delito provincial.
Por el contrario, el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés, asiduo interlocutor del Presidente y también de la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo que Sala debe ser indultada y que es procedente pese a tratarse de un caso provincial porque se trata de una sentencia definitiva.
Ante la conulta de la nacion Valdés citó un antecedente: el indulto que dictó Eduardo Duhalde en enero de 2002 al abogado penalista Alejandro Vecchi. Vecchi había representado a la familia del fotoperiodista asesinado José Luis Cabezas en la causa en la que se investigaba su homicidio, y que había sido condenado por el delito de estafa por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Valdés señaló a este medio que entonces Duhalde sostuvo que tomaba la decisión “evaluando no solamente los aspectos técnicos sino el superior objetivo de contribuir a la paz social y a la reconciliación de los argentinos con sus instituciones”.
“El debate sobre la procedencia o no del Indulto a Milagro Sala, es apenas un estertor más de los conflictos políticos que encuentran prepotencia en quienes la persiguen y amenazan ahora con trasladarla a un penal, y la tibia defensa de aquellos que anhelan su libertad, pero no pueden hacer trascender su responsabilidad institucional de la arenga por redes sociales”, dijo Valdés.