Una decisión judicial cambió la causa sobre el manejo del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES, de la Dra. María Servini de Cubría a Norberto Oyarbide. El diputado Lozano, denunciante en el caso, criticó duramente la determinación.
La justicia decidió dejar en manos del siempre polémico juez federal Norberto Oyarbide una investigación que tiene como protagonistas al vicepresidente Amado Boudou por un presunto delito en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), cuando éste último se desempeñaba como director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En tal sentido, el diputado nacional Claudio Lozano que preside el bloque Unidad Popular, cuestionó duramente la medida: “es una demostración más de cómo se consolida la impunidad para con aquellos funcionarios que estafan moral, social y económicamente a los argentinos”, expresó el legislador en el Frente Amplio Progresista (FAP) liderado a nivel nacional por el ex gobernador santafesino Hermes Binner.
El propio Lozano fue quien denunció hace dos años, cuando estaba en plena campaña electoral, un presunto faltante de dinero en el FGS que llegaría a los 4.200 millones de pesos y la compra con recursos de la ANSES de acciones de empresas que supuestamente estaban vinculadas a funcionarios del Ministerio de Economía.
Esa causa, inicialmente cayó en el juzgado federal de la Dra. María Servini de Cubría y estaba bastante avanzada, según afirmaron fuentes judiciales. La magistrada, incluso, había solicitado informes a diversos organismos y habría reunido prueba para llegar a complicar a los denunciados.
Inesperadamente, la causa pasó esta semana al juzgado de polémico colega Oyarbide, cuestionado por fallar reiteradamente en supuesto beneficio de los funcionarios del gobierno, como ocurrió con las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.
La teoría indica que como Oyarbide fue recusado en una causa que promueve el ex banquero Eduardo Saiegh contra ex funcionarios de la dictadura y el expediente pasó al juzgado de Servini; ahora como “compensación”, ella solicitó desprenderse y mandar al juzgado de Oyarbide una causa con similar complejidad y magnitud. De esta manera, los papeles y pruebas que habían sido recogidos en la investigación contra Boudou y otros funcionarios, quedarán en manos de Oyarbide.
En el inicio de la causa que tiene como principal investigado al marplatense, Lozano había señalado directamente a la empresa Mirgor ya que la ANSES compró la mitad de las acciones de esa firma el 22 de octubre de 2008. Al momento de abrir la rueda cada acción cotizaba a 76 pesos, al cierre subió a84 pesos y al día siguiente ya cotizaba a 90.
El seguimiento de la causa ahora no sólo será mucho más difícil, sino que además, se espera que en cualquier momento pudiera pasar a archivo buscando beneficiar a Boudou.