La norma “antinegacionista”, impulsada por el kirchnerismo, impone usar siempre ese número en documentos oficiales. Y fija también que la dictadura fue “cívico-militar”.
El Senado bonaerense transformó en ley la iniciativa del legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez que deja establecido que el último gobierno de facto de 1976 a 1983 fue “una dictadura cívico-militar” y que establece como inamovible que el número de los desaparecidos fue de 30.000.
El documento establece que se incorporará “de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audivisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, el término ‘Dictadura Civico-Militar’ y el número de 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Además, la argumentación de la ley afirma que el derrocamiento de la por entonces presidente María Estela Martínez de Perón tenía como objetivo “imponer un modelo de acumulación con lo financiero en el centro, de apertura económica, disminuyendo el Estado social, avanzando hacia la concentración económica”.
Así, en vísperas a un nuevo aniversario del último golpe de Estado, la ley establece que todas las comunicaciones del gobierno de María Eugenia Vidal referidas al tema deberán contener esas expresiones.