A fin de evitar las prohibiciones impuestas por las leyes, el Gobierno armó grupos de 12 militares y tres efectivos de seguridad para realizar procedimientos antidrogas en la frontera
El Gobierno decidió desplegar unidades mixtas conformadas por efectivos del Ejército y de la Gendarmería para patrullar las fronteras del Norte, en un intento de esquivar las prohibiciones dispuestas por las leyes para el uso de tropas militares contra el delito. Tras una reunión en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se optó por conformar unidades de 12 soldados y tres gendarmes para unificar las tareas de los operativos Escudo Norte, a cargo de fuerzas de seguridad, y Fortín, bajo responsabilidad militar.
Las leyes de seguridad interior y de defensa nacional, y su reglamentación, impiden la acción operativa de fuerzas militares como secciones con armamento para patrullajes, incluso de fronteras, y limitan la asistencia castrense a tareas logísticas de apoyo con materiales. Sin embargo, la Casa Rosada ordenó el movimiento de 4.500 soldados para vigilar las zonas descubiertas en el Norte por el despliegue de gendarmes en el Conurbano. Para cumplir esa decisión, se decidió crear estas unidades mixtas.
La intención es que los gendarmes de las unidades realicen los arrestos y decomisos de drogas en caso de toparse con algún contrabandista. Una de las preocupaciones centrales pasa por el valor judicial de esos operativos, ya que el personal militar no podría dar parte a los jueces de procedimientos que no están contemplados por las leyes. La variante puesta en práctica juega en el límite de la legalidad, según explicaron varios jueces federales consultados.
“Deberé observar bajo qué ley se dispuso el patrullaje en el momento de ser informado de un procedimiento, para resolver cómo sigue la causa. Estimo que se mantendrá como hasta ahora y seré informado por las fuerzas de seguridad, aunque en los papeles debería constar si hubo militares involucrados en el operativo“, indicó un juez que recibe a diario expedientes por infracciones a la ley de drogas en el Norte.
Tras la polémica por el envío de militares a las fronteras para combatir el narcotráfico, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, señaló que no se vulnerarían las leyes, ya que la orden dada a los soldados es la de comunicar los posibles delitos a las fuerzas de seguridad. Y aseguró que las tropas militares dejarán de tener contacto con los potenciales contrabandistas cuando una unidad de seguridad se haga cargo de la situación.
Por lo pronto, las unidades trabajarán en zonas alejadas de las poblaciones, en lugares donde el tráfico de drogas se realiza en forma casi individual con cargamentos en mochilas o vehículos pequeños.
En esos casos, los contrabandistas se mueven en escaso número, por lo que una patrulla con 18 fusiles de asalto podría reducirlos sin resistencia. Esa situación fue contemplada por las autoridades, ya que no hay norma de “empeñamiento” (esto es, el permiso para el uso del arma) que proteja legalmente a los militares de posibles acciones penales en su contra. Diferente es el caso de las fuerzas de seguridad, que sí cuentan con reglamentos que amparan su actuación en la represión armada de un delito.