La reforma, pendiente solo de la firma del gobernador, supone un giro histórico que da esperanzas a los abolicionistas.
Podía haber sido recordado como uno más de los pioneros que levantaron el fuerte de Jamestown en Virginia, la cuna de los Estados Unidos de América, pero su ambición –o quizá los deseos de venganza– llevaron a George Kendall a espiar para España y el capitán acabó en los libros de historia como la primera persona condenada a muerte en las colonias británicas de Norteamérica.
Desde aquella condena, dictada en 1608, alrededor de 1.390 personas han sido sentenciadas a la pena capital en Virginia. El estado sureño es el territorio de Estados Unidos que más sentencias de muerte ha dictado a lo largo de su historia. En cifras absolutas, en los tiempos modernos, es el segundo que más personas ha ejecutado después de Texas. A pesar de tan terribles precedentes, Virginia está a punto de hacer historia. Su temido corredor de la muerte tiene los días contados.
La Cámara de Representantes y el Senado estatales han aprobado este mes la abolición de la pena de muerte. Solo falta la firma del gobernador, el demócrata Ralph Northam, para que la medida sea realidad y Virginia se convierta en el primer estado del sur de Estados Unidos en abolir el castigo capital. Northam ha sido de hecho uno de los impulsores de la reforma y planea convertirla en ley en breve.
Hasta la fecha, 22 estados del país norteamericano han abolido la pena capital, aunque todos ellos en realidad la practicaron más bien poco. La decisión de Virginia –cuya capital, Richmond, lo fue también de la antigua Confederación formada por los estados esclavistas y secesionistas– tiene por todas estas razones un enorme simbolismo y da esperanzas al movimiento abolicionista para erradicar esta figura de los ordenamientos jurídicos de la democracia moderna más antigua del mundo, la única occidental que aún la práctica.
Joe Biden es, además, el primer presidente que llega a la Casa Blanca tras haber hecho campaña por la abolición de la pena de muerte. Sus aliados progresistas le reclaman que haga realidad su promesa y apoye las propuestas a debate en el Congreso para eliminarla a nivel federal. Sería un cambio drástico con la herencia de Donald Trump, que en sus últimas semanas en el poder puso fin a un largo periodo de 17 años sin ejecuciones federales para ordenar llevar a cabo las condenas de 13 personas que estaban en el corredor de la muerte, una mujer entre ellas, la primera en 70 años.
Desde que en 1976 el Tribunal Supremo confirmó la legalidad del castigo, más de 900 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos, 89 de ellas en Virginia, según cifras de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU). “Nadie puede estar seguro de que solo se castigara a culpables”, recalca el organismo. Más de 110 han logrado salir del corredor de la muerte porque al final se demostró que eran inocentes.
La decisión de Virginia ha sido posible gracias al progresivo cambio demográfico y político registrado en las últimas décadas en el territorio, sobre todo al norte, por influencia de Washington, un giro que culminó en el 2019 cuando los demócratas ampliaron a la Cámara de Representantes y el Senado su control de las instituciones del estado, en manos republicanas por más de 20 años. La creciente impopularidad de la pena de muerte a nivel nacional (hoy solo el 55% de los estadounidenses la apoya, frente al 80% de los 90, según Gallup) ha influido en los debates. Aunque en el Senado solo los demócratas apoyaron la reforma, en la Cámara Baja, donde el resultado fue de 57 votos contra 41, tres republicanos la respaldaron. Virginia dictó su última condena a muerte en el 2011 y ordenó su última ejecución en el 2017. En estos momentos quedan dos personas en su corredor de la muerte. Sus condenas serán conmutadas por sendas cadenas perpetuas. Las reformas legales de los últimos 20 años han llevado a una drástica reducción de las condenas de muerte, gracias por ejemplo a la ampliación de las garantías procesales para los acusados. En 1999, una sentencia obligó a los jueces a informar a los jurados de que hay castigos alternativos, como la cadena perpetua.
La creciente conciencia social sobre el sesgo racista de la pena capital también ha pesado en el debate público. Como recordaba ayer en The Washington Post el senador demócrata Tim Kaine, en el siglo XIX Virginia ejecutó a 513 negros y solo 41 blancos. Los siguientes años no fueron muy diferentes. Entre 1900 y 1977, 73 personas fueron ejecutadas acusadas de violación, agresión sexual o robo violento sin homicidio: todas eran negras.
“El abandono de la pena de muerte [en Virginia] es un logro singular que demuestra el repudio del racismo y su compromiso con la justicia”, celebra Kaine, exgobernador de Virginia y abogado, que trabajó pro bono para reos en el corredor de la muerte y compartió su última cena con uno antes de ser electrocutado. “La práctica es profundamente desigual, inhumana e ineficaz”, sostiene su sucesor, Northam. “Estoy deseando firmar la ley”.