El abogado Walter Llona habló en la 99.9 sobre la denuncia que realizó en su momento sobre una banda que se dedicaba a usurpar propiedades y que ahora ha sido elevada a juicio oral y público. “Tengo 38 años y ver jueces de mi edad me llama poderosamente la atención. Por eso suceden estas situaciones. No pasa por connivencia, sino por falta temple y de valentía”, agregó.
Finalmente una denuncia llega a buen término en el tema de la usurpación de propiedades. En este caso, se trata de la denuncia que realizó el abogado Walter Llona y donde hablaba de un grupo de personas que habían generado un negocio que contaba además con la complicidad de funcionarios públicos.
El letrado habló en la 99.9 al respecto y señaló que “se ha llegado a buen fin, es encomiable el trabajo de la fiscalía, la requisitoria de elevación a juicio fue un trabajo sublime. Estoy agradecido con esta unidad fiscal”. También ha sido muy crítico del sistema judicial en general y sobre todo de los jueces: “los jueces hacían la vista gorda por connivencia indirecta, por no hacer su trabajo cuando debía. Estos funcionarios han tomado cartas en el asunto y no todo es malo”, aclaró.
Lo que plantea tiene que ver con la falta de probidad de los jueces: “hace años que vengo diciendo lo mismo. Se debe mirar con mayor seriedad determinados cargos. Estuve dentro de la justicia y soy crítico de la juventud en los jueces. Tengo 38 años y ver jueces de mi edad me llama poderosamente la atención. Por eso suceden estas situaciones. No pasa por connivencia, sino por falta temple y de valentía”. Incluso indicó que “quisiera que volviesen aquellos que uno mira con un respeto académico, profesional y personal que hoy cuesta mucho encontrar en funcionarios judiciales”.
Respecto a la banda que irá a juicio oral y público por los entramados que habían realizado, recordó que “esta banda se organizaba a través de datos ciertos que no tienen otra forma de obtenerse que no sea desde un ente estatal. La teoría del fiscal es que había cuatro personas que formaban una sociedad y con distintos roles, haciendo uso de distintas personas, llegaban a la obtención de la documentación jurídica para apropiarse de los inmuebles. Es estafa procesal, pero también está la adulteración de instrumentos públicos y privados”. Por último, agregó: “lo que hacían era fraguar documentación para quitarla del patrimonio de personas que en muchos casos estaban fallecidas. Esa última escritura, la última firma es la de un juez, un funcionario público”.