El fiscal del Fuero Penal Juvenil de Mar del Plata advirtió por el crecimiento de hechos violentos protagonizados por menores y sostuvo que la prevención requiere una intervención social, educativa y familiar más fuerte. También cuestionó fallas en el sistema policial y alertó sobre la exhibición de delitos en redes sociales.
El fiscal del Fuero Penal Juvenil de Mar del Plata, Walter Martínez Soto, manifestó su preocupación por el crecimiento de hechos delictivos violentos protagonizados por menores y por la participación cada vez más frecuente de adolescentes de menor edad. En diálogo con la 99.9, sostuvo que la problemática no puede ser abordada exclusivamente desde la Justicia y reclamó una respuesta preventiva que involucre al Estado, las familias y las instituciones educativas.
“Nosotros en la fiscalía estamos muy preocupados por todo este tipo de hechos donde cada vez hay menores con menor edad participando de los mismos, de hechos violentos muy relacionados con adultos”, señaló. El fiscal también vinculó su preocupación con investigaciones recientes en las que aparecen efectivos policiales sospechados de brindar información o apoyo logístico a delincuentes. “Estamos ante una situación muy complicada en lo puntual de los menores”, afirmó.
Martínez Soto remarcó que la prevención debe comenzar mucho antes de que un adolescente llegue al sistema penal. “La cuestión radica en una tarea preventiva de lo social, educativo, de lo familiar, donde el Estado debería estar presente para evitar este tipo de hechos tan violentos”, explicó. En ese sentido, diferenció los delitos ocasionales de aquellas situaciones en las que los menores pasan a integrar estructuras criminales: “Una cosa es pasar por un comercio y sustraer una golosina, por ejemplo, y otra cosa muy distinta ser partícipe de una banda”.
El fiscal consideró además que una eventual modificación de la legislación sobre menores debe estar acompañada por una política integral de cumplimiento de las penas y resocialización. “Si acá se trabaja bien lo que tiene que ver con la respuesta a través de una pena efectiva y seria y que los efectores que acompañan esa pena, tanto las agencias locales como provinciales, en cuanto a la contención y la respuesta a la resocialización, tenemos la primera barrera ganada contra la delincuencia”, sostuvo.
Para Martínez Soto, el problema no termina cuando un joven cumple una medida o una pena. La posibilidad de reincidencia está fuertemente relacionada con el contexto al que regresa. “Si aquel que cumple una pena en el Fuero Penal Juvenil, cuando sale, no vuelve al mismo lugar donde estaba, en paupérrimas condiciones del barrio, y eliminaron al tipo que regentea la zona vendiendo estupefacientes o regenteando bandas que reclutan este tipo de pibes, la cuestión cambiaría sustancialmente”, afirmó.
En ese punto, cuestionó la falta de presencia estatal en determinados sectores de la ciudad y relató una experiencia personal que, según explicó, le permitió observar directamente cómo operan algunos grupos de jóvenes. “Cuando nosotros llegamos al lugar, acompañado por la policía, empezaron a dar vuelta, a ver gente, a mirar, y me hacía acordar mucho, cuando hablo de gente estamos hablando de pibes entre 14 y 18 años, a ver quién era el que estaba más haciendo”, contó. Y agregó: “Me pareció una escena bien de Hollywood, donde se ve el hampa actuando, evitando, tratando de que la Justicia y la autoridad policial hagan el trabajo que deben hacer”.
El fiscal advirtió que esa situación genera un problema particularmente grave para los vecinos que no tienen ningún tipo de vínculo con el delito. “¿Qué espera aquella persona del común que solo trabaja y no tiene ningún tipo de vinculación con esto?”, se preguntó. En su análisis, la combinación de deterioro social, falta de urbanización y ausencia estatal permite que determinadas zonas terminen bajo el dominio de grupos criminales.
Martínez Soto también reclamó una mirada local sobre la seguridad y rechazó que Mar del Plata deba depender permanentemente de decisiones tomadas desde otros ámbitos. “Nosotros como marplatenses nos merecemos creernos que somos marplatenses y no estar mirando para Buenos Aires a ver quién nos da una solución. Acá precisamos gente que conozca la ciudad, que sepa lo que era antes y lo que es hoy, y que realmente haga el trabajo con responsabilidad”, afirmó.
En relación con las investigaciones que involucran a menores y adultos en un mismo hecho, explicó que la legislación establece un esquema específico de intervención. “Toda investigación donde hay un menor y un mayor la lleva el Fuero Penal Juvenil”, indicó, aunque aclaró que en determinadas circunstancias puede producirse una división por el grado de avance de las distintas investigaciones. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de compartir información entre las fiscalías para evitar que las organizaciones criminales aprovechen las fallas de coordinación.
“Cuanto más información pueda compartir el Poder Judicial y que seamos parte del conjunto, es más fácil poder investigar”, sostuvo. En esa línea, valoró la existencia de un sistema informático único de la Procuración que permite consultar antecedentes y causas en toda la provincia y remarcó que las herramientas existen, pero deben utilizarse correctamente.
Uno de los puntos que cuestionó con mayor dureza fueron las demoras en la denuncia y registración de determinados delitos, especialmente el robo de automóviles. “La página se utiliza para otro tipo de situaciones, no para esta, porque precisamente hace a que haya ventanas, espacios temporales para que la delincuencia actúe libremente”, explicó. Según describió, una demora de varias horas entre el robo y la incorporación efectiva de la denuncia puede permitir que un vehículo sea utilizado para cometer otros delitos.
“Me roban un auto, le cambio las patentes, o yo ya sé que tengo seis, ocho horas para andar con el auto antes de que todo el sistema se entere y el que anda patrullando me pueda advertir la presencia y secuestrármelo. Bueno, ahí tenemos un grave problema”, ejemplificó. Y advirtió que se trata de una disfuncionalidad que, desde su experiencia de cuatro décadas en el Poder Judicial, no había observado anteriormente con esta magnitud: “Parece que en vez de avanzar en ese punto de la agencia policial, está retrocediendo”.
Otro fenómeno que preocupa especialmente al fiscal es el uso de las redes sociales por parte de jóvenes vinculados con delitos. Martínez Soto confirmó que desde el ámbito judicial realizan patrullaje cibernético, pero sostuvo que existe un cambio cultural profundo detrás de la exposición de hechos delictivos en plataformas como Instagram o TikTok.
“Lo delictivo se ha transformado en un triunfo”, afirmó. Para el fiscal, aunque parte de las conductas de exhibición puedan relacionarse con características propias de la adolescencia, la situación adquiere una dimensión diferente cuando los jóvenes utilizan las redes para mostrar armas, vehículos robados o delitos recientemente cometidos.
“¿Cómo puede ser que sea trascendente que un pibe se esté mostrando que cometió delito, se esté mostrando con armas, que se esté mostrando que anda en un auto robado dos horas después?”, planteó. Y concluyó que el fenómeno excede la capacidad de respuesta del sistema judicial: “El problema real es decir, ¿cómo llegamos a esto?”.
Martínez Soto insistió en que la Justicia puede investigar, identificar y condenar a los responsables, pero consideró que esa intervención llega cuando el problema ya se produjo. “Nosotros advertimos, hacen los hechos y buscamos a los autores y se los condena en la gran mayoría, no es que queden impunes”, aseguró. Sin embargo, sostuvo que la discusión central debe pasar por las condiciones que permiten que un adolescente llegue a considerar el delito como una conducta digna de exhibición o reconocimiento.
“El mostrarse, el ganar por el otro a lo que dé lugar y el ejercicio de la violencia que en este caso expresan los jóvenes, nos habla de que estamos bastante complicados con lo que tiene que ver con lo delictivo”, afirmó. Para el fiscal, la respuesta debe ser necesariamente más profunda que una modificación legislativa: “No lo va a solucionar nada más que la Justicia”.