Administradoras de edificios | Una ciudad comandada por las oficinas administradoras de los edificios de propiedad horizontal. No hay quien le ponga el cascabel a este gato, que hace y deshace sin dar explicaciones. Decide a quién le alquila o vende, y cuánto va a costar vivir.
En un momento de su evolución, la ciudad de Mar del Plata se convirtió en un conglomerado de enormes edificios de departamentos que vinieron a ocupar todos los espacios que alguna vez brillaron con casas de veraneo. Cientos de personas que eligieron la villa balnearia para vivir todo el año, que se sumaron a una gran cantidad de nacidos en la ciudad que comenzaron a optar por este tipo de vivienda múltiple al alcanzar la edad de adultos mayores. En la mayoría de los casos, la decisión se resume a una simple razón: la seguridad es mucho mejor en una propiedad horizontal, y además los requerimientos del mantenimiento de infraestructura están mediatizados por la existencia de un consorcio de propietarios, que puede prever una serie de decisiones que resultarían complejas para personas que viven solas o tienen edad avanzada. Los arreglos. Los services.
En Mar del Plata comenzaron a prosperar entonces las administradoras, oficinas de gestión de propiedades conjuntas que se iniciaron así y llegaron a ser grandes conglomerados de poder. El volumen de dinero que administran es enorme, los gastos centrales de cientos edificios de categoría lo justifican.
Claro que, cuando la gestión es la reglamentaria y las decisiones que se toman atienden a todos los propietarios y resguardan sus derechos, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando las decisiones perjudican a algunos propietarios y hasta se abusan de las personas solas, de quienes no están en condiciones de iniciar una acción judicial, de quienes no son defendidos por otros familiares, de quienes deben pagar y callar porque ni siquiera pueden discutir en las asambleas o no son escuchados?
Una reciente denuncia apunta a la administración Luis María Fruttero, quien se ocupa de la gestión del edifico de calle Mendoza 2149 de esta ciudad.
El denunciante es un médico jubilado, el doctor Patricio Dillon, quien adquirió un departamento en esa propiedad colectiva allá por 2008. Se trata de un edificio con dos departamentos por piso: en total 11. Las unidades que dan a la calle tienen una superficie de casi 115 m2, en cambio los departamentos de contrafrente y lateral son claramente más chicos y tienen apenas 62.
Carísimo
El denunciante ocupa precisamente una de estas unidades más pequeñas, pero paga las mismas expensas comunes que los departamentos grandes: todos pagan el mismo monto.
“Yo les he enviado notas”, dice Dillon, un médico de más de 75 años que —tras una extensa carrera como cardiólogo en general Alvarado— consideró que se retiraría en la paz del departamento que se había podido comprar con toda una vida de trabajo.
El denunciante pidió una reunión con el consorcio para cuestionar que, según se había informado, habría una proporción entre el costo de las expensas y la valuación fiscal que cada propiedad. La cuestión es que los departamentos de cuarto y quinto piso al frente pertenecen a quien, según se dice, manda en esta administración: el abogado Julián Vespa.
Es él quien le respondió al denunciante que el reglamento de copropiedad, que fue redactado en 1960, indicaba que los gastos se pagaban en partes iguales.
Dillon pudo responder, porque también es un hombre instruido, y sabe que hay artículos en el Código que indican una proporcionalidad en el pago, pero Vespa tiene una frase para cerrar las discusiones en las asambleas: dice que él no cree en el Código Civil y Comercial. Lo dice un profesional de la justicia de esta ciudad.
Tras esto, y como una muestra más del habitual abuso de poder de los abogados, que están tan mal acostumbrados por un medio que les hace el juego, le aconseja a Dillon que, si no está de acuerdo, presente una expresión de agravio en la justicia. Inmediatamente, la amenaza velada: le avisa que si pierde el juicio tendrá que hacerse cargo de los honorarios de sus letrados. Los de Vespa.
Lo hace para amedrentarlo y obligarlo a seguir sus condiciones. Puso como ejemplo un emprendimiento de Las Prunas, que no venía al caso y que, al fin y al cabo, él mismo había dispuesto que fuera así.
Dillon trabajó desde 1980 al 2015 en Miramar, y vivió allá hasta el 2009. En ese año se mudó a su departamento nuevo, y viajaba tres veces por semana a atender su consultorio de cardiólogo en Alvarado. Llegó a presidir la Sociedad Argentina de Cardiología del distrito Atlántico en 1988, y es Especialista Consultor en 1999. Pero hoy no está en condiciones de iniciar un juicio al amenazante Vespa, quien manda en el edificio. Ni a él, ni al otro funcionario del poder judicial fuero federal, que también es su vecino: Rafael Dada. Vespa le dijo que no le pegaba porque era un hombre grande, como una muestra más de su intolerancia.
La Odisea
Patricio Dillon recurrió al Defensor del Pueblo, y allí fue aconsejado por Fernando Rizzi, para saber qué rumbo tomar con la actividad de la Administración Fruttero.
Los problemas que tiene la administración son muchos. Hay un terreno lindante que pertenece a la misma propiedad, pero está escriturado aparte. Pero de todos los propietarios, sólo una pequeña parte han procedido a efectuar la escritura. Nadie sabe por qué.
En una asamblea de propietarios se determinó que en ese terreno se podían colocar los vehículos de los miembros del consorcio del edificio, con prioridad sobre otro visitante. La administración Fruttero lo había puesto por escrito, pero bueno. Desde hace dos años hay un vehículo que permanece en ese sitio y cuando Dillon preguntó por qué estaba ahí, lo hizo porque no había sitio para su propio auto. Le respondieron que el coche pertenece a un pariente del abogado funcionario, pero no se trata de un propietario del edificio. Lo decidieron ellos, y no responden a nada.
Es el mismo Rafael Dada el que arroja las colillas de cigarrillo al terreno vecino, con toda la desidia del caso, fuente de contaminación y peligro de incendio de los autos. A esto se le suma una enorme invasión de palomas que habitan en el departamento del cuarto piso que se encuentra desocupado, y que al administrador parece no importarle.
Pero estas personas cuentan con la derecha de Luis Fruttero, según parece. Son más propietarios que los otros propietarios, simplemente porque trabajan en la justicia y sienten que los asiste la ventaja de conocer cómo se maneja la ley para amenazar a los demás con el pago de honorarios de abogados. De hecho, se cuenta que Vespa pudo iniciar una reforma en su departamento aunque la ciudad estuviera en fase 3 por la pandemia mundial.
La cuestión es ahora pensar cuántas personas más padecenlos abusos de poder de las administradoras de edificios. Porque esta ciudad no tiene dueño, pero sigue habiendo quienes creen que sí lo son. Porque administran privadísimos.