Apto, sin objeciones

Nombramiento de jueces | Una serie de organismos se opuso al nombramiento de Hooft hijo como juez federal. Dieron razones inconsistentes que sonaban a revanchismo político. Su defensa no se pudo llevar a Senadores por falta de quórum. De todas maneras, lo avala el camarista Alejandro Castellanos.

La designación de jueces en el Senado sigue dependiendo del Partido Justicialista, como hace años. Esta vez se frustró el quórum en la Comisión de Acuerdos que iba a debatir 14 pliegos: entre ellos, el que permitiría la designación como juez federal de Pedro Federico Hooft, hijo del ex juez marplatense homónimo.

El problema se generó en el hecho de que —a la reciente reunión— no asistieron Marcelo Fuentes ni Anabel Fernández Sagasti, que suelen estar ausentes. Pero esa ausencia se agravó porque tampoco asistieron varios senadores del bloque dirigido por Miguel Pichetto. Es decir que no hubo mayoría para firmar dictámenes por primera vez en mucho tiempo. Faltaron Carlos Espínola, Carlos Caserío y Guillermo Snopek, y Mario País, que llegó tarde.

La consecuencia fue que, sin quórum, no fue reglamentariamente posible tratar las seis impugnaciones que se presentaron contra la designación de Hooft como juez federal en Mar del Plata. El abogado concursante había sido acusado por ciertos organismos de Derechos Humanos de no reunir las condiciones necesarias para el desempeño del cargo, tanto por cuestiones ideológicas como por ciertas acciones concretas. Se lo acusa una vez más de utilizar una grabación clandestina para lograr que su padre saliera ileso de un jury de enjuiciamiento. En realidad, la cinta sirvió para poner de manifiesto la animosidad que cierto sector del poder judicial estaba implementando para perjudicar a su padre de manera intencional, con una causa inventada.

Por esa razón, Rodolfo Urtubey —presidente de la comisión de acuerdos del Honorable Senado de la Nación— propuso posponer la exposición del aspirante al cargo de magistrado, pero habilitó las de los otros candidatos a jueces y defensores y dejó los dictámenes en suspenso.

Acciones en puerta

El abogado Alejandro Fargosi —ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014— señaló en la 99.9 las particularidades del caso, y su profunda preocupación por la situación actual: “Asombrarse por lo que hace el kirchnerismo es como tener una ilusión infantil de que cambien… y lo que pasó en el Senado es una muestra. Se han puesto nuevamente en la persecución de la familia Hooft, algo que ya hemos visto mucho tiempo antes. Lo que hacen estos señores es atacar a Federico Hooft, que ganó un concurso para ser juez federal y ponen el palo en la rueda”.

La posición de Fargosi es clara. A su criterio: “no hay forma de que se apruebe un juez si no cuenta con el aval justicialista, y ese es un problema que desde la vuelta a la democracia ha sufrido el país. Desde 1983, sin el voto del PJ, no se puede nombrar un sólo juez por la cantidad de senadores que tienen. Siempre terminan siendo la llave decisiva para que un pliego se apruebe. No importa la carrera del candidato ni sus méritos, lo único que importa es que lo quiera el peronismo”.

Según su exposición, este paso ha sido fundamental para evidenciar cuáles son las intenciones de fondo que persigue el kirchnerismo con la justicia: “Para no ir presos esta gente necesita que venga alguien ahora que los indulte. Trataron de cambiar la justicia como lo anunció Mempo Giardinelli por una vía y no pudieron. Ahora volvieron a demostrarlo con la designación de los jueces federales”, concluyó.

Como se recordará por la amplia cobertura mediática, el joven aspirante al cargo en concurso de juez federal es Pedro Federico Hooft. Es hijo del ex juez que supo enfrentar una larga causa en la que se lo acusaba por crímenes de lesa humanidad, por una supuesta complicidad y omisión tras los hechos de la llamada Noche de las Corbatas. En tales acciones, se demostró que tales acusaciones carecían de sustento, por lo cual resultó absuelto del pretendido jury que se inició con el fin de poner en duda su permanencia en el cargo. Hooft hijo fue su abogado defensor en tales acciones judiciales, y expone en su presentación a la comisión que sabe que está siendo acusado injustamente en respuesta por aquel desempeño. Explica que, por más que las agrupaciones de Derechos Humanos que realizan presentaciones en contra de su designación digan que esto no tiene nada que ver con su padre, no han hecho otra cosa que hablar de él. Además, se lo acusa de haber realizado una grabación ilegal: la recordada cinta en la que el fiscal Kishimoto reconoce las presiones que recibió para acusar al juez Hooft de manera caprichosa.

Por la causa

Frente a esto, Pedro Hootf explica que tal grabación fue aceptada por la justicia como una prueba válida, por lo tanto no puede significar ahora un elemento de peso para acusarlo. Explica en su nota de descargo: “sí puedo afirmar que —de ser designado magistrado— sólo la Constitución, los pactos internacionales, la ley y la doctrina legal guiarían mis decisiones”.

En cuanto al desarrollo de sus funciones en el fuero federal como secretario exponía lo siguiente: “En alguna ocasión me he excusado como secretario federal por entender que conforme a derecho así correspondía, y esas excusaciones fueron convalidadas por mis superiores. Que ninguna duda quede, que —de acceder a la magistratura— mi actuación será ajustada a la normativa relativa al punto por el que he sido preguntado, respetando a rajatabla los mandatos constitucionales y la garantía de juez imparcial”.

Más adelante se refiere a la impugnación traída por Estela de Carloto, que sostiene que Hooft presenta una “escasa adecuación al perfil requerido”, y responde que tales palabras no merecen mayores consideraciones. Explica que fue evaluado como APTO en el examen psicotécnico para el concurso en cuestión, y que —de no haber sido así— jamás podría haber ingresado el pliego con su postulación al Senado. Por eso responde con cierta sorna: “Tal vez, en el afán de impugnarme, se haya omitido prestar atención a que en la carátula del legajo se consignó Resultado: APTO, y en la última foja del informe se asentó Observaciones: Ninguna y Conclusión: APTO, tal como surge del legajo confeccionado en el Consejo de la Magistratura y Ministerio de Justicia de la Nación”.

Es el reglamento de concursos el que establece que el candidato debe poseer un informe psicotécnico que certifique su aptitud, y así ocurrió. Por todo lo expuesto, Pedro Hooft considera descabelladas en infundadas las impugnaciones que se alzan en su contra, y explica que chocan fuertemente no sólo con las pruebas que ha aportado, sino también con lo señalado por el camarista federal Alejandro Castellanos, quien estuvo a cargo como titular, por casi 15 años, del juzgado para el que se postula. En su aval remitido al Ministerio de Justicia señaló sobre la labor judicial del concursante: “Empero, sobre las calidades humanas, la entereza anímica y la fortaleza espiritual, creo que pocos podrían abonar los elogiosos conceptos que el nombrado merece, cuanto menos del modo y desde la perspectiva en que puede hacerlo el suscripto. Ello así, pues me consta de manera directa los ataques personales y familiares que debió afrontar durante la gestión actuarial cumplida en el Juzgado en concurso, extremo repudiable por haberse fundado en el sólo hecho de cumplir la loable y elogiosa defensa profesional de un familiar que fue injustamente vilipendiado e inescrupulosamente mancillado y perseguido, hasta que luego de un doble juzgamiento político y judicial logró demostrarse su inocencia, mediante sendas resoluciones”.