La mafia judicial | El fiscal José María Campagnoli denunció ante el Consejo de la Magistratura las irregularidades en una causa por dádivas que la justicia necochense no investigó. Los nombres llegan hasta Lázaro Báez, pero un concejal lo venía diciendo desde 2013. Nadie le había prestado atención.
En Necochea, los vecinos recuerdan cierta repercusión mediática del asunto, pero la verdad es que se terminó muy rápido porque nunca se profundizó demasiado en el tema. La historia indica que las compañías que iniciaron el enorme negociado del puerto fueron cinco: Lartirigoyen SA, Alea y cía SA, E- Grain SA, A & J Nari SA y Financial Net. Esta última, luego de que se ganara la concesión, se retiró del proyecto.
Ahora el tema vuelve a ser comentado a partir de que el fiscal Campagnoli denunció a la justicia de Necochea por haber archivado injustificadamente las actuaciones, que derivaban de la denuncia que ya habían efectuado los concejales del bloque radical en 2013, cuando se inició la investigación. Dice el fiscal que la acción del archivo fue arbitraria, ya que esta causa podría tener conexión con delitos de acción pública actualmente investigados, que son de gran importancia, no sólo por los montos que implican, sino además porque incluyen a varios exfuncionarios políticos.
De hecho, dice Campagnoli que el fiscal Raúl Plee ya había establecido oportunamente tres líneas investigativas, que nadie siguió, porque según dice, ninguno de los estamentos de contralor trabajó como hubiera debido. Se refiere precisamente a establecer la irregular adjudicación de una obra pública de Quequén, a contramano de los mandatos legales, de la cual serían responsables tanto los funcionarios públicos como los integrantes de la sociedad adjudicataria. En segundo lugar, menciona que corresponde investigar si efectivamente Roberto Porcaro recibió un pago a cambio de hacer valer su influencia sobre los funcionarios públicos en cuestión, para así asegurar la adjudicación irregular. Y en tercer término, la posibilidad de que la posterior operación de títulos de la deuda pública representara una maniobra de lavado de activos.
Dice el denunciante Roberto Esnaola, concejal de Cambiemos: “En mayo de este año me enteré de que Campagnoli había hecho su denuncia. Presenté una nota ante el fiscal federal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, y solicité que se me informe si existía la denuncia como tal”. Esnaola es quien había denunciado a Roberto Porcaro por el posible cobro de una dádiva de un millón de dólares en 2012: la coima se habría obtenido a cambio de propiciar la concesión de Sitio 0 en Puerto Quequén, que tendría vigencia por cincuenta años. La causa estaba archivada en el Juzgado Federal de Necochea, aunque nadie sabía bien dónde, ni menos aún era posible acceder a las investigaciones que ya se hubieran realizado.
Ahora, el paradero de la causa se conoció a raíz de que personal del fiscal Campagnoli también pidió saber cuál era el destino de la denuncia, y en la Cámara de Casación informaron que los datos sobre la causa que tenía Esnaola -que se encontraba en la Fiscalía de Instrucción Nº 11 de CABA-, podían haber sido entregados por equivocación o mala fe.
Los hechos
En la cronología, el 27 de diciembre del 2012 se habría registrado un pago a Porcaro -en la misma operación de repatriación de 65 millones de dólares en la que investiga Campagnoli a Lázaro Báez- vía Financial Net y Austral Construcciones; y 40 días después, el 14 de febrero de 2013, se otorgó la concesión por vía directa de Sitio 0. Luego de la concesión y la denuncia, Financial Net se retiró de la sociedad, y posteriormente el gigante CHS compró casi el 30% de Sitio 0. Esnaola había dicho: “la cuestión es si Financial Net vendió su participación en Sitio 0, no sólo es el valor de la inversión –que se dijo que fue de 60 millones de dólares– sino la expectativa de negocio por 50 años: ¿cuánto y quién pagó a Financial Net esa salida de la sociedad?”. La suposición es que CHS compró de buena fe su posición consolidada en Sitio 0, y los cuatro socios pagaron el 10% a Financial Net.
Indica el concejal que en su momento, ellos denunciaron ante el Tribunal de Cuentas lo que estaba sucediendo, y que ya en noviembre de 2013 hubo una negativa pública no sólo de la firma Financial Net sino también de Roberto Porcaro, que negaban la existencia del ilícito. Pero según el denunciante, la mala instrucción procesal tuvo la finalidad de cubrir no sólo a la empresa sino también al entonces “dueño de la gestión portuaria”, Roberto Porcaro, que había llegado desde el radicalismo y rápidamente se había gestionado un sitio dentro de los llamados radicales K. En Mar del Plata había sido procesado por el juez Hooft por falsificar los sellos de tambores de aceites de primeras marcas de empresas de combustibles, que eran rellenados con material reciclado.
De aquí que ahora Campagnoli eleve una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que se dirige no solamente al juez federal de Necochea sino también al fiscal que intervino oportunamente, y que consideró que no había nada más para investigar, cuando ni siquiera había pedido informes acerca del patrimonio de los funcionarios involucrados ni de la circulación de fondos entre las empresas.
En la denuncia de Campagnoli se especifica, además, que el presidente de Financial Net, Carlos Honorio Mocorrea, Roberto Porcaro y José Luis De Gregorio viajaron juntos a Estados Unidos. Aparentemente ocuparon asientos contiguos, entraron y salieron juntos del país, en abril del 2012, pero el detalle es que el tour completo se habría financiado con fondos del Estado, que representan unos 7.000 dólares a los valores de la época.
Cuestionados
“Porcaro representa la peor faz pública de la política, porque utiliza la actividad para su enriquecimiento personal”, dijo Esnaola, quien relató además que fue citado a declarar por Campagnoli, y allí pudo explicar que aunque tuvo pruebas del delito que denunciaba, no había encontrado espacio para la instrucción pertinente ni en Necochea ni tampoco en los tribunales de Mar de Plata.
Cabe destacar aquí que el fiscal cuestionado es Portela, hijo del juez Portela del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Y que además, Porcaro puso como perito de parte en los aspectos contables, es decir aquel que debía justificar la existencia de aquellos $670.000, a Eric Adler, hermano de Daniel Adler, fiscal en Mar del Plata.
Durante su presentación frente a Campagnoli, Esnaola agregó todos los elementos investigativos de rigor, que no hacen más que comprometer la posición de todos los agentes del Poder Judicial que hicieron la vista gorda: “Yo llevé a Campagnoli toda la documentación que presenté ante el Tribunal de Cuentas, y dentro del pedido a Pettigiani, yo manifiesto que el viaje que habían hecho en abril del 2012 podía haberlo pagado el consorcio de Puerto Quequén. Pettigiani pidió por oficio que le informaran si había hecho gastos el Consorcio de Gestión para ese viaje”, recordó Esnaola. Para esa fecha, el Consorcio habría registrado un pago a una empresa de turismo de Necochea por 30.000 pesos.
“Ahora, lo que hay que hacer es pedir a esa empresa de turismo, cuando detectemos cuál es, cómo se imputó ese gasto de los 30 mil pesos y qué servicios contrató, porque capaz que contrataron entradas a Disney para todos los directores del Consorcio”, ironizó Esnaola. El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, además de los empleados públicos tiene directores privados: “¿cómo se puede pagar un pasaje a Roberto Porcaro y a Mocorrea, que no tenían nada que ver con el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén?”. Por lo pronto, aunque la denuncia se archivó en el Juzgado Federal de Necochea a cargo del juez Bernardo Bibel, Campagnoli seguirá con el tema.