La llamada «Megacausa ANSÉS» que investiga los delitos supuestamente cometidos por quienes integraban la Organización Jurídico Previsional, sigue dando vergüenza ajena. Ahora se supo que, durante años, dejaron sin jubilación a una anciana discapacitada sólo porque se confundió cuando le hicieron un par de preguntas.
Desde hace años en este medio nos venimos ocupando de la investigación en torno de esta causa que se inició hace ya más de seis años y aún no tiene ni un sólo condenado. Mientras tanto, siguen apareciendo víctimas, pero no de los supuestos estafadores, sino de representantes de diferentes organismos del Estado. Personas que se ven privadas de su libertad sin haber recibido una condena firme, y jubilados a los que les niegan sus haberes «por las dudas». Por donde se mire, es la historia de un verdadero desastre.
Repasemos el contexto de lo que se investiga: según el fiscal Nicolás Czizik, la Organización Jurídico Previsional habría logrado una defraudación contra la ANSES por unos 90 millones de pesos, desandando maniobras de fraude apalancándose en trámites previsionales. Esta organización integrada por abogados, médicos, contadores, trabajadores de los organismos públicos y gente con vínculos con ANSeS y AFIP, habrían armado expedientes de beneficios previsionales a favor de unas 350 personas.
La maniobra era posible por el uso de prácticas médicas truchas, que se realizaban en el domicilio denunciado de la Av. Juan José Paso casi Hipólito Yrigoyen. En los expedientes armados incluían documental que permitía engañar el sistema: agregaban prestaciones que no habían ocurrido, buscando obtener un fallo administrativo favorable al final del recorrido del expediente jubilatorio. Y se valían de elementos claves para lograr este objetivo como sellos institucionales falsos que les permitían burlar el sistema de control —no tan bien aceitado, evidentemente— y personal en actividad o ex empleados conectados dentro de los organismos, para poder introducir la documental con una pátina de presunta legitimidad. Incluso se habla hasta del reemplazo de expedientes enteros, por reconstrucción, tras ser denunciados como perdidos los originales.
También activaban empresas empleadoras que ya no estaban dadas de alta ante la AFIP, y de esa manera podían hacer justificables años de aporte no pagados, pero supuestamente realizados. Así, al no haber a quien cobrarle aquellos años no depositados en los organismos, los mismos sí eran computados a favor de quien buscaba el otorgamiento del beneficio, por el principio en el fuero laboral que dice que «la ley siempre es más favorable a la parte más débil». Una vez obtenido el beneficio, la repartija del dinero era clave, porque el retroactivo logrado quedaría para la organización mientras que el haber (jubilación o pensión) iba a ser obtenido por el nuevo beneficiario.
¿Y los culpables?
«La investigación comenzó siendo muy ambiciosa pero se terminó desdibujando, no se supo cómo encontrarle una salida a lo que se planteaba. Hay imputaciones y elementos que carecen de sustento probatorio alguno. Es complejo porque hay personas privadas de su libertad en medio y van a terminar con una absolución», asegura Osvaldo Verdi, el letrado que patrocina a dos de los acusados en esta megacausa. No lo nombra, pero está hablando de la labor del fiscal Nicolás Czizik, quien, después de seis años, aún no pudo armar la prueba que permita sostener semejante acción jurídica.
Podríamos hablar de muchas cosas: del tiempo perdido, de los recursos mal gastados, de la ineficiencia del Estado y del sistema de justicia, pero la mirada se nos va detrás de quienes ven su vida completamente arruinada por estas acciones.
Aún en causas mucho más resonantes —las investigaciones en torno a las actividades de Lázaro Báez y sus hijos, por sólo nombrar un caso—, lo habitual es que los encartados, si no existe ni riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación, esperen el debido proceso en libertad. En esta causa, mantienen hace años a gente presa sin poder justificar sus decisiones desde la prueba empírica. ¿Alguien se va a hacer cargo de la manera en que les están arruinando la vida?
Tal es el caso, por ejemplo, de Luciano Diez Suárez, de quien ya hemos hablado en este medio: la justificación de los jueces para mantenerlo detrás de las rejas, en su momento, era que los hechos que se están investigando son muy complejos, por lo que necesitaban más tiempo para fijar las fechas de las audiencias. ¿Qué culpa tiene Diez Suárez de que los jueces se vean abrumados por su labor? Ninguna, pero a esperar atrás de las rejas igual. Total, arruinar vidas, parece que es gratis.
Con los más débiles
Pero los del servicio de justicia no son los únicos funcionarios públicos que, a raíz de esta megacausa, le andan complicando la existencia a más de uno. También están los de la ANSeS, que le vienen sacando beneficios de manera caprichosa a la gente sólo ante la más mínima sospecha de que éstos pudieran tener algo que ver con lo que pasaba dentro de la Organización Jurídico Previsional.
También en este medio nos hemos ocupado en su momento de contar la historia de F. B., un hombre al que la ANSeS le quitó el acceso a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) porque sospechaban que podía tener algo que ver con lo de las jubilaciones truchas. Fue, hizo el reclamo en la justicia, y obtuvo del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata una sentencia a su favor. Entre otras cosas, la sentencia dejaba en claro que la ANSeS no puede quitarle un beneficio a alguien porque sí y que, llegado el caso, la persona debe poder hacer uso de su derecho a la legítima defensa, es decir, que antes de cortarle el pago de esa mínima prestación de subsistencia se lo debió haber escuchado y se le tuvo que dar la posibilidad de presentar prueba que respalde su postura ante la decisión desproporcionada adoptada por el organismo.
¿La entendieron? Para nada. Porque ahora se conoce la historia de otra jubilada, cuyas iniciales son A. C. A., a quien le hicieron exactamente lo mismo. Un buen día, la citaron a una de las oficinas de la ANSeS y le hicieron un par de preguntas.
A una persona mayor. Que estaba sola. Sin patrocinio de un abogado. Que sufría —y los funcionarios de la ANSeS lo sabían— de una condición psiquiátrica. Que, según consta en la sentencia judicial, «sufre de pérdida de memoria, fobias, depresión, ataques de pánico». A esta persona, que estaba en esta condición, los funcionarios de la ANSeS la «presionan» a responder algunas preguntas sobre una relación laboral que tuvo en algún momento de su vida. Ella responde como puede y —como resulta previsible, dadas las circunstancias—, sus respuestas no son del todo precisas.
¿La decisión del organismo? Suspenderle el pago de la jubilación. Porque le costó responder lo que le preguntaron. Ah, y también, porque resulta que ella su jubilación la había tramitado en la Organización Jurídico Previsional.
Todo en una misma bolsa
Supongamos que en nuestro barrio hay una ferretería. Es un local a la calle en el que, si uno pasa, ve en la vidriera diversas herramientas, dentro del local un mostrador, y detrás del mismo estanterías repletas de tuercas, clavos, tornillos y el «cosito que va adentro del coso» que el ferretero sólo puede identificar después de que uno le muestra una foto en el celular.
Ahora, supongamos que, también, el hijo del dueño de la ferretería usa el local para vender droga al menudeo, y que, cada tanto, entra alguien y se va de ahí con una bolsita de estupefacientes en vez de con un clavo.
¿Sería lógico que, una vez advertida del delito, la justicia meta preso a todo el que alguna vez compró una tuerca en el establecimiento? Ese parece ser el razonamiento de la ANSeS.
Lo que el juez Alejandro Tazza argumenta en su sentencia es que el sólo hecho de que la señora A. C. A. haya tramitado su jubilación en este estudio jurídico, no la hace fraudulenta, y que la circunstancia de que ella, al voleo y sin estar patrocinada por algún abogado, haya respondido mal un par de preguntas, no es prueba alguna de delito ni justifica que se la haya retirado su jubilación: «Si bien es cierto que el caso de Autos puede admitir cierto grado de sospecha, no se ha podido probar con certeza que la labor desarrollada por la Sra. [A.] —acreditada mediante declaración jurada, verificación ambiental por parte de ANSeS, pago de aportes y recibo de haberes— formaba realmente parte del ardid o fraude al Estado que se investiga, ello no ha podido ser cabalmente acreditado por la Administración, que basa su resolución en conjeturas a las que arriba mediante procedimientos carentes de garantías constitucionales».
Lo que les reprocha el juez, al tiempo en que ordena que se le restituya el beneficio, se le pague lo que no se le pagó y se le sumen además intereses, es que no movieron solo dedo para tratar de determinar fehacientemente si se trataba de una estafa o no. Tomaron una decisión caprichosa, violando así los derechos de una persona en un estado absoluto de vulnerabilidad.
¿Tendrá alguna consecuencia semejante grado de desapego por el bienestar del prójimo? ¿O les permitiremos que sigan viviendo del Estado, mientras ellos sólo se dedican a arruinar vidas?