La protección política y judicial que goza el comisario mayor José Luis Segovia y los motivos por los cuales, a pesar de tener una condena en su contra, sigue en su cargo como si nada.
El partido de General Pueyrredon, en su conjunto, sufre un altísimo nivel de inseguridad y violencia que está a la vista de todos, menos —pareciera— del jefe departamental de policía, el comisario mayor José Luis Segovia, quien no da muestras de tomar nota de lo que pasa en las calles de su jurisdicción.
La historia de Segovia está emparentada al desgaste que la institución policial padece desde hace décadas en la provincia de Buenos Aires: horas extraordinarias que se usan como recurso para recaudar de manos de organismos públicos y privados, son parte de una investigación que duerme en los cajones del Departamento Judicial de Mar del Plata. No así la sentencia que pesa en su contra por abuso deshonesto, que le espetara una efectivo policial y por lo cual se lo condenó, aún en segunda instancia. A pesar de ello, nada ha pasado.
Pero la población se cansa. Un grupo de vecinos se presentaron ante Asuntos Internos de la Policía para pedir «la inmediata desafectación de servicio y posterior exoneración del Comisario Mayor José Luis Segovia» reservándose para los firmantes el derecho de «denunciarlos penalmente –a los funcionarios de Asuntos Internos- por falta a los deberes de funcionario público» en caso de no aceptar dicha petición, fundada en las pruebas aportadas como las sentencias condenatorias adjuntas a la nota a la que tuvo acceso N&P.
En un intento de que la denuncia no se cajoneara, tomaron los recursos que instruye el Decreto Reglamentario 1050/09, también conocido como Ley de Policía, donde en el artículo 205, incisos G y O, detalla lo que implica la falta cometida por Segovia y lo que significaría, para los auditores, no cumplir con lo pedido.
«Hacete amigo»
Pero la situación local no solo es denunciada por la gente de a pie, cansada de sufrir lo que la delincuencia dictamina sin que la policía actúe: también tiene en el ex comisario Raúl Leguizamón un baluarte testimonial que pone negro sobre blanco lo que ocurre en la ciudad.
Legizamón fue recientemente desafectado de Policía luego de que se viralizara aquel video donde expuso al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pidiéndole que atendiera la problemática de los numerarios, que eran desplazados de un lugar a otro, poniéndolos en riesgo constante e incluso con avisos de intentos de suicidio.
En una entrevista a fondo en la FM 99.9,Legizamón fue contundente cuando describió que Segovia se jactaba de una supuesta relación de amistad que había logrado con el ex director Torres y el Fiscal General Fabián Fernández Garello. Y mencionó que por aquella vinculación se podría explicar que a Segovia no se le hubiera apartado de la fuerza, aún cuando pesa sobre él la sentencia condenatoria por el caso de abuso deshonesto contra una subalterna. Además, agrega que «no sólo que no fue desplazado de la institución por cometer esas vejaciones sino que lo protegieron, sino que lo ascendieron a comisario mayor y le dieron el cargo más alto de la policía en este distrito de Mar del Plata»” (sic).
El dolor que describe la voz de Leguizamón es comparable a lo que sufren las familias de los jóvenes policías de la UTOI, que con básico entrenamiento fueron relocalizados desde Mar del Plata hacia municipios calientes del conurbano bonaerense. De esto también se hizo eco el entrevistado, empatizando con las madres de los efectivos al punto que, como jefe, decidió poner fin a su carrera en la fuerza antes de tener que lamentar la muerte de los nuevos efectivos. «Los policías de la UTOI tiene 3 posibilidades: morir caminando en una villa del conurbano, terminar preso, o suicidándose y cualquiera de las tres tiene alta probabilidad de que ocurra. De subcomisario para abajo son todos subalternos míos, y yo preferí perder mis últimos 3 años de carrera antes de que esas madres pierdan a sus hijos», sentenció.
Flojito de controles
Los vecinos quieren caminar seguros por las calles, entrar a sus casas tranquilos, no tener que estar cortando clavos cuando llegan a la noche y deben ingresar los autos a las cocheras, ni tener que rogar por no ser asaltados cuando están al frente de un comercio.
Esta situación la describe con absoluta claridad en los micrófonos de la FM 99.9 Marcos Romero, integrante de la Asociación Civil por los Derechos de los Motociclistas, entidad que fue impulsora de la denuncia contra Segovia en la delegación Mar del Plata de la Auditoría de Asuntos Internos, con fecha 29 de junio del corriente, y que también replicaron el mismo formato en La Plata, para evitar que dicha denuncia se perdiera o durmiera el sueño de los justos.
Acerca de la gestión de Segovia en el cargo mayor de la policía en General Pueyrredon, Romero explica que hicieron la denuncia porque «hay un aumento de la delincuencia y la inseguridad que vemos en el día a día. Todas las fechas apuntan contra una persona, que si ha fallado en su gestión y está arraigada a su puesto, no existe un ente regulador que evalúe la calidad de su servicio,que sería disminuir la inseguridad. Nos juntamos entre varios vecinos y de esas reuniones salió que el jefe de policía también tiene una denuncia», a propósito de la sentencia de la que todos hablan.
Y le pone el cascabel al gato: «la parte extraoficial dice que sigue en el cargo por un fin meramente recaudatorio. Pedimos, haciendo uso de la ley que rige a la policía, que este caso pase a ser investigado y que esta persona sea suspendida y de lugar a que llegue otra persona, con mejores ideas, al cargo» espetó Romero para rematar con mucho de sentido común al afirmar que «nosotros les pagamos el sueldo y con todo los impuestos que pagamos, encima les tenemos que rogar seguridad. No podemos seguir los comerciantes por un lado, las víctimas por otro, los motociclistas también por otro, porque esto afecta a toda la comunidad. Somos ciudadanos agotados de esta situación».
Todo un misterio
Para muchos parece ser un verdadero enigma el sostén que el comisario mayor Segovia logra en el cargo, menos para Leguizamón, Romero y hasta el fiscal David Bruna, quien meses atrás admitía que existe una investigación en la que se trata de dilucidar una enorme cantidad de denuncias que llegaron a su fiscalía, donde se hecha luz sobre la situación con las horas POLAC y CORES, los vales de combustible y la utilización de efectivos policiales para prestar seguridad a particulares, principalmente zonas comerciales o negocios puntuales.
Sobre esto, Bruna reconoce que «si se confirmaran los hechos configurarían un fraude al Estado y a particulares muy importante. Especialmente con horas extraordinarias, lo cual sería de un perjuicio patrimonial importante y serían una recaudación ilegal».
Por todo aquello, los vecinos que fueron contra Segovia en demanda por su accionar dicen que el comisario mayor «ocultaría pruebas, manipularía y amedrentaría víctimas y testigos», agregan que existiría «manipulación de estadísticas oficiales para ocultar la verdadera situación de inseguridad de General Pueyrredon» y hasta sospechan que «en su discurso esconde aspiraciones políticas más que ganas de trabajar para mejorar la seguridad de los vecinos». Por lo que piden de manera formal y contundente «la inmediata desafectación del cargo». Ni más, ni menos.