Otra vez un grupo de manifestantes irrumpió en oficinas municipales destruyendo bienes de todos, a la vez que invocaban derechos sociales. No parece el mejor modo de legitimar el reclamo porque estas roturas las pagamos todos. La policía oye llover.
-“Jugá bien, eh; jugá bien. Si nos vamos a la B los vamos a matar a todos…”. En los últimos días, una cámara pudo registrar la manera en que los barrabravas de Independiente trampearon a un jugador del equipo, al que le hicieron creer que un pequeño le pedía un autógrafo. Cuando el deportista detuvo el coche, un malón de fanáticos furiosos se abalanzó sobre la ventanilla y le hicieron saber que si no comenzaba a jugar mejor iban a tomar represalias contra él y sus compañeros de equipo. La extorsión era una vez más el lenguaje con el que cierto sector de la población se comunicaba con quienes supone que no están cumpliendo con una parte de su trabajo, y cree que lo cumplirá mejor bajo amenaza.
El dirigente de la UOCRA, “el Pata” Medina, era interrogado acerca de las sesenta motos que presionaban a la policía de la Provincia cuando llevaba preso a su hijo Agustín, acusado de golpear a los militantes de la Cámpora. A lo cual respondió: “No me digan que sesenta personas pueden intimidar a la Bonaerense, porque si es así, que se dediquen a otra cosa”. Otra vez la intimidación como una práctica de reclamo naturalizada en el país. Otra vez, más allá de la legitimidad del reclamo.
Sucedió el último viernes 5 de abril en horas del mediodía, cuando un grupo de personas se presentó en las oficinas municipales de Teodoro Bronzini 1145 de esta ciudad, sector administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social más la Secretaría de Salud. Se trataba de personas que se identificaron como integrantes de las cooperativas de trabajo El Hormigón o Nueva Esperanza, que de manera sorpresiva ingresaron al edificio por la fuerza. Ellos estaban en realidad citados en el lugar, donde serían recibidos por Alejandra Urdampilleta, secretaria de Desarrollo Social, y por Martín Aiello, subsecretario de Gobierno.
No parece posible creer que se restituyan unos derechos sociales vulnerados cuando las banderas rompen vidrios y queman los coches de la gente que estacionó en el centro.
La razón era más que clara: con el último temporal de granizo de la ciudad, muchos sectores de bajos recursos vieron deteriorados los techos de sus casas. Con los últimos sucesos de Buenos Aires y La Plata, creció el temor de que un nuevo fenómeno meteorológico azotara la ciudad, cuando los daños del anterior aún no habían sido reparados, en virtud de que sus propietarios no habían podido hacerlo con recursos propios.
A consecuencia de ello, el Concejo Deliberante había votado una partida para la compra de chapas que debían ser distribuidas en estos sectores, operación que al parecer no se llevó a cabo con la suficiente eficiencia y celeridad. De un total de 2.700 chapas, en un período de cuatro semanas, se habían entregado alrededor de 42.
Por esta razón, en esa fecha debería realizarse una reunión con quienes reclamaban el derecho a que el reparto se agilizara convenientemente. Pero en lugar de llevarse a cabo el diálogo que debía culminar con el trazado de una estrategia que resultara ajustada, los damnificados ingresaron violentamente, hubo amenazas y golpes al personal, que en su mayoría debió retirarse del edificio, y destrozos graves en el mobiliario y las instalaciones.
Dos horas
Cuando se hicieron las 14, los manifestantes aún estaban allí. Seguían ocupando las oficinas públicas, no permitían la atención al público ni la permanencia del personal municipal, porque los asustaban y amenazaban. Habían ubicado una serie de personas que hacían sonar bombos, otros que encendían pirotecnia en el interior de las oficinas, rompían vidrios, muebles y expedientes.
Los funcionarios del área fueron directamente amenazados. No solamente los insultaron sino que les advirtieron que no podrían circular por la calle tranquilos, a pesar de lo cual las autoridades del Ejecutivo procuraron tomar contacto con ellos para conocer cuáles eran las demandas que motivaban este accionar violento. Quien lidera el grupo de manifestantes violentos es Cristian Cousiño, conocido como el presidente de la cooperativa, o al menos el referente de la agrupación con la cual la municipalidad tiene firmados contratos y mantiene una relación a través de diversos programas sociales.
A estas alturas, el apoderado legal de la comuna, Juan Martín Colombo, ya se había comunicado con la fiscalía con el fin de hacer saber la situación que se prolongaba en el tiempo, y podía tener consecuencias inesperadas. Sobre todo porque los policías que controlan la puerta no habían intervenido en los hechos que se sucedían en el interior del edificio. En el lugar ese encontraban personas que resultan testigos hábiles de lo sucedido, y -con la generalización actual de los medios tecnológicos- obviamente se encontrarían en condiciones de registrar los rostros de los responsables por diversos soportes audiovisuales: alcanza con un teléfono celular que tome fotos o filme los graves incidentes que se produjeron a lo largo de más de tres horas. Fue una situación de franca intimidación extorsiva.
Pero claro que no es la primera vez que los edificios municipales son blanco de semejantes ataques. El mismo representante legal presentó oportunamente ante la fiscalía de Pagella los oficios correspondientes en relación al ataque que se perpetró el mes de mayo de 2012, cuando se concentraron ante las puertas del palacio municipal distintos grupos de personas vinculadas al trabajo portuario. Se trataba de integrantes del Sindicato Único de Obreros Portuarios –SOIP-, de la Unión de Trabajadores del Pescado y Afines –UTPyA-, y de la Confederación General de Trabajadores Argentinos, CTA. Al menos así lo indicaban las banderas, remeras y pecheras que portaban.
Pasado el mediodía, algunos de ellos, representados por Roberto Villaola, de UTPyA, y Raúl Calamante, de la CTA, ingresaron al hall del edificio municipal para luego trasladarse a las oficinas del segundo piso, donde funciona el Concejo Deliberante. Allí fueron recibidos por concejales y funcionarios del departamento, tras lo cual se retiraron y realizaron una reunión plenaria fuera de la municipalidad, junto al resto de los manifestantes.
Todo parecía transcurrir dentro del margen de lo esperable, cuando de pronto iniciaron una serie de acciones violentas contra el frente del edificio municipal, especialmente sobre las ventanas de la calle Luro e Hipólito Yrigoyen, donde funcionan las áreas de dictámenes y despacho de la Procuración municipal. Golpearon los vidrios con palos, piedras y cadenas, hasta que lograron romperlos, y generaron así un sitio que permitió el ingreso de los sindicalistas a la planta baja, ante la mirada atónita de los abogados municipales que trabajaban en el lugar.
Esta vez, las fuerzas de seguridad que se encuentran apostadas en el hall del edificio municipal sí intervinieron rápidamente para alejar a los manifestantes. Pero el daño estaba hecho: habían roto muebles, equipamiento informático y expedientes, que habían sido arrojados por el hueco en las ventanas.
Devastador
Cuando se hicieron las 14, los manifestantes aún estaban allí. Seguían ocupando las oficinas públicas, no permitían la atención al público ni la permanencia del personal municipal, porque los asustaban y amenazaban.
Después de esto, se trasladaron hacia otros sectores del frente del edificio, desde donde continuaron arrojando piedras y mobiliario urbano, como bancos, señales de tránsito y demás, que iban a dar contra la puerta de entrada y las ventanas de la planta baja y el primer piso.
Lo demás fue peor: enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la rotura de vidrios, golpes y rayones sobre varios vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones, uno de los cuales fue incendiado y completamente destruido.
El personal que se encontraba trabajando en la municipalidad debió ser evacuado, no obstante lo cual algunos de ellos sufrieron heridas leves, como las causadas por vidrios rotos. Las filmaciones finales registraban el desastre: palos y piedras desparramados en el interior del edificio, que parecía haber sido el escenario de una verdadera batalla campal. Papeles tirados, vidrios rotos, y las banderas que identificaban a los sectores sindicales que habían participado de la vandálica protesta.
El apoderado de la municipalidad, en entrevista concedida a la 99.9, no vinculó ambos episodios, que efectivamente se originan en situaciones diferentes y reclamos aun más distantes, por parte de fracciones políticas independientes. Pero lo cierto es que la relación está dada únicamente por una metodología deleznable que borra de un plumazo la legitimidad de cualquier reclamo, por serio que fuere. Recuerda el corte de calle que protagonizó Sara Quintana, que reclamaba el puesto político de funcionaria que se le había prometido durante la campaña.
No parece posible creer que se restituyan unos derechos sociales vulnerados cuando las banderas rompen vidrios y queman los coches de la gente que estacionó en el centro. Ni siquiera cuando los empleados de la gestión pública deben correr aterrados por la calle. Se parece mucho más al accionar de la barra brava de Independiente, que intimida a sus jugadores porque cree que no se están ganando el sueldo, y les avisa que si se van a la B los van a matar a todos. En el país del fútbol, parece que algunos se han quedado con la peor parte de la pasión de multitudes: la que hace dar miedo de ir a la cancha, la que festeja quemando los tablones de la tribuna. La que se hace oír matando gente y tirando los cadáveres gradas abajo. Hay que ver qué se hace con el poder que se tiene; porque el poder es como el dinero: sólo sirve para poner a la gente en evidencia.