Política local. En medio una sesión especial del Concejo Deliberante, hubo destrozos, corridas y golpes de puño. Nadie acepta la responsabilidad de haber convocado a los agitadores, pero las pérdidas son para todos los habitantes de la ciudad. Una vergüenza que atrajo la mirada del país.
Enrarecido fue el escenario que se vivió en Mar del Plata, ya en la previa de la sesión en la que se trató la remoción como presidenta del cuerpo de la concejala radical, Vilma Baragiola. Pero no fue una sorpresa: antes de que comenzara la sesión, hubo disturbios entre facciones que presenciaban la sesión, y todo hacía prever que no terminaría bien.
Baragiola declaró ante diversos medios de prensa que había toda una gestión en su contra, una “movida destituyente” que ella atribuía a varios sectores políticos, y que seguramente respondería a que la radical medía muy bien en las encuestas: se proyectaba como la próxima intendenta de la ciudad. Mencionaba además explícitamente, la posible autoría del Frente Renovador, el Frente para Victoria y el bloque filo K del intendente Gustavo Pulti.
En efecto, el Concejo Deliberante se aprestaba a tratar la destitución de la concejala radical como presidenta del cuerpo, a raíz de un video que apareció meses atrás en la web. En él se denunciaba un presunto pedido de “una colaboración” a un dirigente de Camioneros, a cambio de agilizar un trámite destinado al hotel de dicho sindicato.
En ese contexto de crisis se enfrentaron dos barras que fueron a la sesión. Por una parte Carlos Pampillón, líder de una agrupación de que se define como nacionalista, a quien el concejal Rodríguez de la UCR definió como “un personaje nefasto, que entró con 5 o 6 personas de su grupo”; pero también había gente del oficialismo: un grupo que se autotitula como cooperativa de trabajo, pero que, según afirman fuentes confiables de la ciudad, es muy cercano al delito. Ellos provienen del barrio San Martín, y simplemente responden al grupo político que los convoque y les pague lo suficiente como para generar la agitación. El ambiente de los bloques sabía de sus presencias y de sus intenciones, pero todo terminó en insultos, puñetazos y destrozos.
La concejal radical aclaró que ella no controla el ingreso de personas al recinto porque las sesiones son públicas, y apuntó al intendente por la situación. “Es una destitución antidemocrática; él ve en mi un obstáculo porque en el radicalismo en Mar del Plata tenemos una buena performance“, agregó. No obstante el desorden, la destitución de Baragiola fue aprobada por 14 votos a favor, hubo 4 abstenciones y 5 votos en contra.
¿Quiénes son?
Quienes conocen el movimiento de los barrios de la ciudad afirman que los supuestos “muchachos de las cooperativas”, los que estuvieron en esta sesión, provienen de varios sectores. Se menciona a las cooperativas Sapucay y San Ameghino, esta última conducida por alguien apodado “Chipi”. Se trata de un hombre al que describen como gordo, canoso, que fue filmado agrediendo a la gente de Franja Morada.
Algunos testigos afirman que los sectores conducidos por “Chipi” son los que llegaron más temprano, y que se presentaron en la guardia de la municipalidad diciendo que los mandaba Aiello, de Desarrollo Social, y que fue Débora Marrero quien dio la orden de dejarlos pasar.
Algunos dicen también que precisamente a este grupo se lo sacó del palacio debido a una nota que Baragiola le habría cursado al intendente, en la que le advertía de la situación, aunque estaban desde las 8 de la mañana en inmediaciones de la puerta de Yrigoyen y Luro.
Pero la mayoría apunta precisamente a dos nombres: Roberto Sado y Susana Figueroa, identificados en las fotografías y videos que se obtuvieron sobre los hechos de violencia. Se dice que ambos son muy conocidos en varias fiscalías y comisarías, en especial en la jurisdicción de la 5°, ya que se les atribuyen delitos como desarme de autos, robo y maltrato de caballos, uso de menores, y más. Lideran a los llamados pibes del barrio San Martín, y los vecinos les tienen miedo: dicen que pegan por dinero.
Afirman que en los videos puede identificarse claramente a uno que tiene gorrito verde, e inscripción de Argentina en la espalda: es Roberto Sado, alias “Chiquitín”. La mujer pelirroja que aparece en forma reiterada en todo el material gráfico es Susana Figueroa, a quien atribuyen antecedentes por violencia. Hay también un muchacho que aparece con partes de una silla de caño en la escalera y con tatuaje en el cuello: es el hijo de ambos, que podría llamarse Roberto o Braian. Se dice que roban caballos en la zona, y tienen bandas de menores que asaltan en moto.
Otros testigos los vinculan con quienes alquilan caballos en la plaza de Punta Mogotes, en avenida Fortunato de la Plaza y Cervantes Saavedra. Afirman que Sado estuvo preso recientemente por allanamiento de un desarme de autos en Cerrito Sur, y que luego se lo vio circular en una 4×4 Ranger, y autos varios. También se dice que tienen numerosos contactos con el gremio de Camioneros.
Pero la cuestión es saber ahora quién convocó a estos sectores violentos de la comunidad -conocidos por su actividad delictiva- para intervenir en un hecho de naturaleza política, que debió haberse dirimido de acuerdo con la norma vigente en la ciudad y con las pruebas a evaluar, y no por la presión de los desmanes acontecidos. Muchos miran al oficialismo.
No grato
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante impulsa un proyecto de resolución para declarar “persona no grata” al dirigente Carlos Pampillón en el Partido de General Pueyrredon, ya que también participó de la reyerta.
Los concejales expresaron su repudio a los hechos de violencia de los que fuera partícipe el líder del Fonapa en la última sesión. Todos mencionan sus antecedentes, ya que no es la primera vez que Pampillón se ve involucrado en hechos de violencia, tanto en el recinto del Concejo Deliberante, como en diversos ámbitos fuera del mismo. Ya por el año 2011, se lo acusó de haberse presentado junto a un grupo de personas, y haber enfrentado con insultos al por entonces presidente del HCD, Marcelo Artime. Así se oponía a la acción de descolgar el cuadro del capitán Pedro Giachino del recinto de sesiones. También fue públicamente reconocida la participación de Pampillón en los hechos acaecidos el año pasado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, cuando enfrentó a un grupo de alumnos que habían cometido lamentables actos de vandalismo en la Iglesia de San Ignacio de Loyola.
Independientemente de estos hechos, la justicia federal allanó la vivienda de Pampillón, y lo llamó a prestar declaración indagatoria como acusado de instigar los ataques al monumento en memoria a las víctimas del terrorismo de Estado ubicado frente a la Base Naval, y a la sede de la comunidad boliviana del Partido de General Pueyrredon.
Más allá de todo lo expuesto, el líder nacionalista se presentó por su cuenta ante la justicia con el fin de reclamar que se evalúen las filmaciones realizadas el día de los sucesos en el Concejo Deliberante por ambos canales locales de televisión. Afirma que de esa manera se podrá confirmar que de ninguna manera él ni los militantes de su grupo iniciaron los hechos violentos.
En su presentación afirma que -si bien él no votó a Baragiola ni participa de su movimiento político- considera que hay una campaña de desprestigio político en su contra, y que por esa razón hizo uso de su derecho como ciudadano de participar del hecho histórico de la destitución, que considera una mentira vil. Y que en ese momento pudo percibir la manera en la que las fuerzas convocadas por el oficialismo acordaban el punto en el cual iban a intervenir para romper cosas y generar desorden. Que ese sería el momento en el cual el Concejal Rosso levantara la mano, y que de esto fue testigo directo Esteban Galera, quien está dispuesto a dar testimonio sobre lo sucedido.
Explica que puede verificarse en los registros de los canales que así pasó: que hubo una primera refriega en momentos en los que él está hablando particularmente con Rosso, y respondiéndole por micrófono, y que su grupo intervino para separar cuando la gente de barrio San Martín comenzó las agresiones, ya que estaban golpeando a una mujer.
Por esta razón, en su denuncia hace responsable de lo acontecido no sólo al intendente Pulti sino además a la funcionaria Alejandra Urdampilleta, a quien dice haber visto dando órdenes directas a los grupos violentos encabezados por la mencionada Figueroa. Aporta además a la justicia numerosas fotografías de quienes se encontraban presentes en el momento de los hechos, y realiza en su testimonio una pintura propia del panorama que la presencia de los militantes sociales a quienes llama sectores piqueteros, le daban al recinto. Dice que estaban alcoholizados, drogados, que había mujeres con niños pequeños y que todos hacían lo posible por ensuciar y provocar disturbios, por lo que considera que él resultó una víctima de las lecturas posteriores de los hechos. Dice que no puede haber comenzado la agresión, cuando estaba haciendo uso de la palabra.
Y así se cierra el papelón, el que puso a la ciudad en la primera plana de los diarios nacionales, y en el resumen de apertura de los noticieros: todo el mundo dijo que en esta ciudad, el Concejo Deliberante parece el de Taiwán, aunque nadie sepa bien cuál fue el conflicto interno que generó el escándalo. Una más para el oficialismo, y van quién sabe cuántas, y su manera de dirimir las diferencias políticas con un manejo de los argumentos digno de un cavernícola.