Licencias de conducir | El joven que atropelló a un policía para evitar el control de alcoholemia tenía un registro trucho entregado por la misma pandilla municipal que cobraba por otorgar carnets sin necesidad de rendir examen. Encima, el titular no figura en la lista de los denunciados.
Eran las 3 de la madrugada del Día del Amigo, cuando Lucas Carnero pasó por 14 de Julio y Colón. Tres minutos después, estaba en Arenales casi Brown, y había matado a un hombre. El vendedor de viajes de egresados manejaba un Volkswagen Up a alta velocidad, atravesaba los semáforos y eludía un control de alcoholemia. Hoy está acusado de arrollar y causar la muerte del subteniente de caballería Fabián Mendiola, y escapar del lugar. Por ese motivo, Carnero permanece detenido en la cárcel de Batán bajo el cargo de homicidio simple con dolo eventual. La fiscal María Teresa Martínez Ruiz elevó cargos que podrían acarrearle una pena de prisión de cumplimiento efectivo de 8 a 25 años.
Carnero se negó a declarar, y ahora, la Fiscalía de Delitos Culposos investiga todas las circunstancias que rodean el caso, incluida la validez de la licencia para conducir, que había sido emitida en 2013.
La historia que se intenta reconstruir indica que Carnero tomó alcohol y, pese a eso, decidió atravesar toda la ciudad manejando el vehículo. Lo acompañaban un menor de 17 años y dos adultos de 21 y 35. La idea era dirigirse desde Constitución hasta Playa Grande.
Dentro del Poder Judicial, es el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción el que se ocupa de acercar al fiscal un informe pormenorizado acerca de las condiciones que rodearon el trámite de otorgamiento de su licencia de conducir. El trámite apócrifo ya había sido expuesto en entrevista para la emisora 99.9 por María Adelina Martorella, abogada particular de la familia Mendiola.
El informe expone que la licencia número 37.178.273 fue otorgada el 28 de agosto de 2013 por la División Licencias de Conducir del Municipio de General Pueyrredón a Lucas Gabriel Carnero. Si bien se trata de un documento público materialmente auténtico, carga sobre sí el vicio de ser falso a causa del incumplimiento de los requisitos que lleva obtenerlo. Ese registro es el producto final de una serie de conductas ilícitas por parte de los empleados y funcionarios públicos que debieron intervenir en el trámite, y habría sido otorgada mediante cohecho. De probarse esta falsedad, habría que agregar a la situación un nuevo delito de acción pública: concretamente, el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del subsecretario de Control y del director general de Movilidad Urbana de la Municipalidad de General Pueyrredón, Adrián Luis Alveolite y Guillermo Oscar Iglesias, respectivamente.
Esto se debe a que, debido a la fecha de emisión -el 28 de agosto de 2013-, la licencia de conducir de Carnero habría sido gestionada durante el período en que fue investigado en el marco de la instrucción penal contra los funcionarios de Tránsito que es de público conocimiento. Pero Alveolite e Iglesias no la incluyeron entre las denunciadas.
La búsqueda
Se llevó a cabo una minuciosa búsqueda entre los casos incluidos en la lista que dio lugar al expediente, y que es de más de 7000 nombres. Pero resulta que no figuraba. Aparentemente, a juzgar por los registros y por el material aportado por los funcionarios municipales que se presentaron solitos a la justicia, parecía como si Carnero efectivamente hubiera cumplimentado todos los trámites que se requieren para obtener una licencia legal, no sólo en lo que corresponde a su identidad, sino también a su salud e idoneidad para conducir.
Por eso, los investigadores tuvieron que indagar el “soporte físico” del trámite, para así verificar las supuestas irregularidades en su otorgamiento. El registro abarcaba las categorías A.1, que habilita para conducir ciclomotores para menores entre 16 y 18 años, y la B.1, para manejar automóviles, utilitarios, camionetas y casas rodantes hasta 3.500 kilos.
Los investigadores concluyen que ese documento es ideológicamente falso, porque Carnero lo obtuvo por fuera de los cauces legales y administrativos establecidos: jamás probó su capacidad para conducir vehículos automotores por la vía pública.
Para empezar, afirma el informe emanado de aquel Cuerpo de Ayuda Técnica, que los examinadores que tuvieron a su cargo las respectivas evaluaciones prácticas resultan ser Verónica Benedetti y Raúl Hernández, ambos imputados en el marco de la IPP número 4865/11, que investiga el otorgamiento de licencias falsas en el destacamento El Gaucho. Según consta, ambos funcionarios consignaron datos falsos en la hoja de ruta respectiva, porque tales exámenes nunca existieron.
Para comenzar, a fecha de la supuesta evaluación de manejo de la categoría ciclomotor, es decir el 28 de agosto de 2013, el vehículo cuya patente consta en la planilla que firma el agente no sólo se encontraba en poder de su nuevo dueño, Claudio Arriola Walker, sino que además estaba desarmado. En consecuencia, es imposible que haya sido utilizado por Carnero durante la evaluación práctica de manejo de moto. Ese ciclomotor había pertenecido a otra persona, que habitualmente lo alquilaba en la citada dependencia municipal para que fuera utilizado para rendir las pruebas. Pero eso había sucedido hasta el día 1 de junio de 2013, porque luego lo vendió.
De todas maneras, es claro que ese modelo y dominio -el 960-EQI- resultaban harto conocidos para los examinadores prácticos que allí se desempeñaban. Por eso podían usarlo “de memoria” para completar planillas falsas.
Truchas
De manera similar, de acuerdo a lo consignado en la hoja de ruta por el ex examinador Raúl Hernández, Carnero habría rendido y aprobado el examen práctico para la categoría B.1 con un vehículo Fiat Strada que pertenece a la Academia de Manejo Driveway de esta ciudad. En rigor, este vehículo efectivamente existe, y sí era utilizado al 28 de agosto de 2013 por la empresa, para que aspirantes a la licencia de conducir rindieran exámenes de manejo en el predio del Distrito Descentralizado El Gaucho, pero Lucas Gabriel Carnero jamás fue alumno de esa academia.
Si bien no existe registro alguno en la empresa que permita precisar fehacientemente si en esa fecha el acusado pudo haber alquilado espontáneamente el vehículo para rendir examen, sí se sabe que él no se encuentra incluido dentro de la lista de 212 personas que el 28 de agosto de 2013 tenían turno programado en El Gaucho. De aquí que, para los investigadores, no caben dudas de que su trámite efectivamente ingresó por fuera del circuito formal establecido administrativamente.
Para terminar de redondear la evidente trampa que rodeó la adjudicación de la licencia, el informe menciona las sugestivas comunicaciones telefónicas entre el examinador Raúl Hernández y Carnero, justo durante la jornada anterior y el mismo día del trámite. Se trata de dos mensajes de texto y una llamada, todos provenientes del teléfono utilizado por Lucas Gabriel Carnero. Inclusive, dos de las comunicaciones se concretaron en los mismos momentos en el que Carnero supuestamente se encontraba en el examen. No hay que ser muy sagaz para notar que resulta llamativo que Hernández haya registrado en la agenda de contactos de uno de sus teléfonos celulares -justamente el que utilizaba para llevar a cabo el emprendimiento ilícito- el teléfono de un examinado. Para más datos, el mensaje de Carnero decía textualmente: “Hola, ¿cómo puedo hacer para sacar un registro?”.
Es evidente que tanta dedicación debió implicar una suma de dinero a cambio del registro, que el funcionario luego repartía con sus cómplices. La suma que usualmente se estipulaba en El Gaucho era de entre $500 y $800, según el tipo de carnet que se tratara, ya fuera particular o profesional.
Conforme lo asentado en la hoja de ruta por la entonces examinadora Viviana Beatriz Pared, Carnero aprobó el examen teórico con 80 puntos, el mínimo exigido para esos fines. Pero esta puntuación se repitió sistemáticamente en todos los trámites irregulares verificados en el marco del expediente judicial. Como es evidente que no puede haber tanta casualidad, no caben dudas de que el nombrado debió haber estado incluido entre las 7.031 personas que conforman la lista de ciudadanos que obtuvieron la licencia de conducir en forma irregular. Pero no estaba en la lista que fuera acompañada por los aludidos funcionarios municipales, Alveolite e Iglesias, junto con la denuncia penal que diera origen a la IPP.
Lucas Gabriel Carnero no se encuentra en dicha nómina, como tampoco lo están los ciudadanos Juan Carlos Balestriere ni Carlos Javier Bebré, ambos protagonistas de resonados accidentes de tránsito que terminaron con la muerte de personas. Sus carnets de conducir también habrían sido obtenidos en forma ilegal durante el período auditado.
Los funcionarios judiciales que elaboraron el informe afirmaron que la denuncia efectuada por Alveolite e Iglesias solamente se limitó a una impresión de Power Point con datos generales: “indicaron en forma desordenada más de siete mil nombres y números de documento (muchos de ellos repetidos) sin señalar ni explicitar las irregularidades detectadas puntualmente en cada caso, como así también carente de una declaración precisa y definitiva del perjuicio fiscal irrogado. Resultó ser nada más y nada menos que el producto de la improvisación y urgencia que gobernaron su presentación, vaya a saber con qué propósito, casualmente el mismo día y en los precisos momentos en que funcionarios de este Cuerpo y quien suscribe, nos encontrábamos ocupados realizando la diligencia de allanamiento en la División Licencias de Conducir que funciona en el Distrito Descentralizado El Gaucho”.
Pero eso no fue todo. No sólo fue incompleta e inconsistente su denuncia, sino que su inacción se prolongó en el tiempo: desde aquel momento hasta ahora, los citados funcionarios no adoptaron ninguna medida administrativa respecto de esas más de 7000 licencias, que ellos mismos sindican como presuntamente irregulares. De esa manera, son ellos quienes permitieron que hasta hoy, los titulares circulen por las calles de la ciudad y del país, lo que se traduce en un peligro potencial. Basta citar los casos ya mencionados de accidentes con resultado de muerte.
El riesgo no es sólo para la seguridad vehicular, podría repercutir en un detrimento patrimonial del municipio: las familias de quienes resultaron víctimas de los homicidios culposos o con dolo eventual que ya se han registrado, podrían acusar a la municipalidad de negligencia, por no haber retirado las licencias ilegales a quienes ya sabía sus poseedores. Será hasta que estalle la bomba de tiempo nomás.